Congreso de los Diputados

El monográfico sobre vivienda en el Pleno ahonda la fractura entre PSOE y Sumar

Los socios de Gobierno tachan de "decepcionante" la comparecencia de Rodríguez, que insiste forzar a las CCAA a blindar las viviendas públicas pese al rechazo del Supremo

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, asiste al Pleno del Congreso de los Diputados celebrado este miércoles. EFE/Sergio Pérez

“Decepcionante, con cero propuestas” y falta de “empatía” ante el clamor ciudadano. Así definió el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, la comparecencia de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en la sesión monográfica sobre la materia en el pleno del Congreso de los Diputados. La titular no convenció a su socio de coalición, que trata de forzar al Ejecutivo a endurecer su posición en vivienda con medidas más intervencionistas en el mercado, tal como han incluido en sus propuestas para los Presupuestos Generales del Estado de 2025.

Para Errejón, había “muchos ojos puestos” en la intervención de Rodríguez, quien “no ha dicho nada sobre obligar al PP” a desplegar el control de precios del alquiler en sus comunidades, limitar el alquiler de temporada o prohibir temporalmente la compraventa de vivienda en zonas tensionadas que no sean para residencia habitual. Durante el debate, el portavoz de Vivienda de Sumar, Alberto Ibáñez, fue más gráfico. “O actúa y toma medidas contundentes para resolver la crisis habitacional o va a durar en el Gobierno lo mismo que un piso de 600 euros publicado en Idealista“, sentenció. Lo ocurrido a cuenta de la vivienda refleja cómo se agranda la fractura entre el PSOE y su socio de coalición en el Gobierno.

El monográfico de vivienda en el Pleno fue un largo debate que subía de tono conforme avanzaba el reloj. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, acusó de “rentista” a la ministra por tener tres propiedades. A lo que Rodríguez replicó: “Con mis tres propiedades, que usted ha mencionado, no tengo ni para pagar la mitad del chalet de Galapagar”, refiriéndose a la vivienda que el exlíder Pablo Iglesias y la ahora eurodiputada del partido Irene Montero compraron en este municipio madrileño.

Agrio debate

La comparecencia de Rodríguez tampoco convenció al resto de grupos que habían pedido que rindiera cuentas de las políticas desarrolladas por su Departamento en el último año. En concreto,  Esquerra Republicada (ERC), EH Bildu y BNG, socios habituales del Gobierno, con el respaldo de PP y Sumar. Para el PP, “lo único que se ha podido descifrar de su comparecencia son tres cosas: El vacío, el humo y la nada. Eso es todo lo que tienen que ofrecerle a España en materia de vivienda”. Según manifestó el diputado, Sergio Sayas, que reclamó al Gobierno liberar suelo para facilitar la construcción de inmuebles.

Precisamente, ERC, Bildu y BNG exigieron a la ministra intervenir el mercado de la vivienda ante la situación de crisis habitacional que vive el país. La portavoz de Vivienda de ERC, Pilar Vallugera, criticó las ayudas al alquiler para jóvenes al considerar que estas sólo servirán para subir el precio del alquiler y se van a traducir en una transferencia a los fondos de inversión privados. “¿De verdad que la actuación de un PSOE es a base de bonos joven para que los propietarios puedan subir los pisos y se infle más la burbuja? No han aprendido nada desde 2008”, cuestionó.

En el polo opuesto, tanto Junts como el PNV advirtieron de las consecuencias de las restricciones. La diputada Marta Madrena, lamentó que las medidas en marcha estén desencadenando que “los propietarios huyan del mercado porque se sienten inseguros. Tienen que dejar de tenerle alergia al sector privado”. En la misma línea, la diputada del PNV, Maribel Vaquero, avisó: “si queremos que los que tienen vivienda susceptible de ser alquilada la oferten al mercado, tenemos que dotarles de mayor seguridad jurídica”.

Blindar vivienda pública

Dejando a un lado bronca política, cada vez más usual en la Cámara Baja, en lo que interesa a los ciudadanos, la sesión monográfica no aportó ninguna novedad. Isabel Rodríguez repasó concienzudamente las líneas estratégicas del Gobierno y destacó la necesidad de “blindar a perpetuidad” la protección de las viviendas del parque público. “Hoy somos una gran mayoría los que entendemos que es necesario blindar el parque de vivienda, los suelos públicos y los esfuerzos que estamos haciendo para que siempre sirvan al interés general”, afirmó. Al tiempo que pidió a las comunidades autónomas que tomen medidas al respecto -“tienen mucho que decir y espero que este acuerdo sea unánime”-.

No dio más detalles. El PSOE acaba de registrar una PNL en la que pide que se garantice con una norma con rango de ley la calificación permanente de las viviendas protegidas que se construyan sobre suelo de reserva privado y público para vivienda sujeta a algún régimen de protección pública, de acuerdo con los porcentajes establecidos en la legislación estatal. Asimimo, se busca garantizar la contribución financiera de la Comunidad Autónoma mediante partidas presupuestarias de inversión en políticas públicas de vivienda, al menos en una cuantía similar a las destinadas en dicha autonomía por parte del Estado.

En esta iniciativa, reconoce que este objetivo estaba recogido en la Ley de Vivienda, pero que el Tribunal Constitucional lo tumbó a instancias de un recurso interpuesto por Andalucía por invasión de competencias. Entre 1980 y 2020, en España se han edificado más de 2,4 millones de viviendas con alguna modalidad de protección, el equivalente al 35% del total de viviendas construidas.

Según explica el PSOE, este parque de viviendas ha ido pasando a manos privadas. Actualmente, está situado en el entorno de las 290.000 viviendas, es decir, un 1,5 % del parque de viviendas. De estas, unas 180.000 son de titularidad de las comunidades autónomas, y otras 110.000 viviendas son de titularidad de los ayuntamientos. Este parque de 290.000 viviendas sociales ofrece cobertura a un 1,6 % de los 18,6 millones de hogares que habitan en España.

 

Si algo transmitió este agrio debate sobre vivienda a los ciudadanos es que la polarización de posiciones no ayuda a la búsqueda de soluciones consensuadas que pongan fin a la realidad de un problema que está en la calle.