El Plan Fiscal y Estructural 2025 -2028 incluye las medidas del Gobierno en materia de vivienda bajo el epígrafe ‘fomento de la oferta de vivienda asequible’ y cuantifica su impacto: se prevé una aportación adicional del 0,10% al Producto Interior Bruto (PIB) en 2031. Este porcentaje equivale a casi 1.550 millones de euros, en la medida en que “el apoyo a la producción de vivienda conllevará un importante efecto arrastre hacia otras ramas de actividad, vinculadas con la movilidad y el transporte de bienes y servicios”. Sin embargo, a la hora de detallar el número de viviendas que se pondrán en el mercado, el Ejecutivo no se arriesga: el único dato que se traslada en un anexo es el compromiso de “al menos 20.000 viviendas construidas para alquiler social o a precios asequibles que cumplan los criterios de eficiencia energética para el tercer trimestre de 2026″.
Este volumen de viviendas representa el 11% de las 180.000 viviendas a las que se comprometió el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en la presente legislatura, y solo un 4% de las 500.000 estimadas por el Banco de España para los próximos dos años en su último informe. Dicho estudio rebaja en 100.000 la proyección realizada previamente y constata la vulnerabilidad de los inquilinos. En su página web, el Departamento que dirige Isabel Rodríguez sitúa en 184.000 el objetivo del Plan de Vivienda en Alquiler Asequible, a través de iniciativas articuladas por el Ministerio, la Sareb y el Fondo Social de Viviendas de alquiler.
En su comparecencia, tras la reunión de Pedro Sánchez con casi 30 organizaciones sociales para abordar los problemas de acceso a la vivienda, Rodríguez no cuantificó ningún objetivo de puesta en el mercado de vivienda y recalcó que la vivienda es un objetivo prioritario del Gobierno: “Si el presidente del Gobierno se ha propuesto solventar este problema, no le quepa duda a los españoles que lo vamos a solventar. Que vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para dar respuesta al problema de la vivienda en España”, puntualizó.
Sin datos
“El problema de fondo es que a las administraciones públicas no les sale a cuenta promover vivienda porque los tiempos son muy largos, más de cinco años, y al final el rédito se lo lleva otro“, advierte a Artículo14 un experto del sector inmobiliario que prefiere mantener el anonimato. La realidades que no hay datos públicos de casas construidas y entregadas, como publica Maldita.es. Según Eurostat, la vivienda pública representa el 2,5% del parque de viviendas en España, frente al 9,3% de media en la Unión Europea.
En la información trasladada a Bruselas, el Gobierno dibuja las grandes líneas de su estrategia en materia de vivienda, articulada en cinco bloques, aunque ha evitado entrar en detalle de las medidas, como advirtió Funcas. Junto con la construcción de este mínimo de 20.000 nuevas viviendas para el tercer trimestre de 2026, el Ejecutivo prevé lanzar las convocatorias del Proyecto Viena antes de finales de 2025, consistente en la cesión de suelo a inversores para la promoción de vivienda de alquiler asequible.
Esta es la única información que traslada a Bruselas. En julio, Sareb anunció que en la primera fase de este proyecto se prevé la cesión de 133 suelos a inversores, mediante un derecho de superficie a largo plazo (80 años), para la promoción de vivienda de unas 3.770 viviendas de alquiler asequible para rentas medias. Se actuará en doce comunidades autónomas, con una inversión de más de 460 millones de euros. El propio ministro de Economía, Carlos Cuerpo, dio cuenta de ello el pasado 18 de octubre.
🏘️El acceso a la #vivienda es el reto de esta legislatura, por ello:
➡️@Sareb lanza la 1ª fase del #ProyectoViena para la construcción de 3.770 viviendas en #AlquilerAsequible.
🔸Política de vivienda activa para hacer de la 🏘️ un verdadero derecho.
📎https://t.co/nz8hPj5waF pic.twitter.com/VytzAK8t7a
— Carlos Cuerpo (@carlos_cuerpo) October 18, 2024
Fondo público – privado
Según explica el Plan Fiscal, otro de los pilares es el Instituto de Crédito Oficial (ICO) por dos vías: el crédito promotor y fondos financieros. Así, se detalla que el ICO ha promovido la creación de un fondo financiero con participación público-privada, que permitirá impulsar la promoción y explotación de viviendas asequibles. La aprobación de este instrumento por parte del Consejo del ICO se prevé en 2025. Esta medida supone una fórmula adicional a la que hasta ahora centraba la actividad del ICO a través de las línea de préstamos para el impulso de vivienda social.
“El ICO fomentará el crédito promotor para contribuir a aumentar el parque de vivienda asequible. En el marco del Plan de Recuperación, se encuentran en desarrollo diferentes programas que supondrán un aumento del parque de viviendas, impulsando el stock de capital inmobiliario. Entre ellos, se encuentran el Programa de construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes y las Líneas ICO-Vivienda, líneas de préstamos dirigidas a promotores públicos y privados para la construcción de edificios energéticamente eficientes que se dediquen a alquiler social o a precio asequible”, detalla el documento.
Calendario
En julio, Sánchez anunció la movilización de 6.000 millones de euros, divididos en dos líneas de inversión: 4.000 millones en préstamos para promotores públicos y privados, procedentes de la Adenda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR); y, en segundo lugar, una línea dotada con 2.000 millones que avalará hasta el 50% de estos préstamos, impulsada por el Gobierno de España y gestionada a través del ICO.
El Plan Fiscal detalla que el calendario para el ICO y los intermediarios seleccionados. Estos deberán haber celebrado los acuerdos jurídicos de financiación con los beneficiarios finales por el importe necesario para utilizar, al menos, el 40% de la inversión en el segundo trimestre de 2025 y el 100% de la inversión en el tercer trimestre de 2026, cuando se trasferirán los 4.000 millones. La Comisión Europea ya tiene la estrategia del Gobierno; ahora toca examinarla. Bruselas publicará su evaluación en un plazo de seis semanas a partir de la recepción (15 de octubre), con el 30 de noviembre como fecha límite.