El Gobierno admite que la reforma de 2022 para agilizar la homologación de títulos universitarios no ha dado los resultados esperados. Lo señala textualmente en el Plan Fiscal y Estructural remitido el pasado 15 de octubre a Bruselas: “el sistema actual no es capaz de absorber las 5.000 solicitudes que de media llegan cada mes, un 84% aproximadamente desde la región latinoamericana”. España está recibiendo alrededor de 60.000 peticiones al año para homologar títulos universitarios, mayoritariamente de mujeres con una cualificación sanitaria.
En 2023, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, competente en la materia, logró duplicar la tramitación en relación a 2020: pasó de 10.100 expedientes a 27.200 homologaciones. Sin embargo, representan menos de la mitad de las presentadas y así, más del 54% de las solicitudes no están siendo atendidas en plazo, a pesar de dos contratos a Tragsatec por 700.000 euros para apoyo a la Subdirección General de Ordenación Académica Detrás de cada retraso hay la frustración de un profesional que no puede ejercer en España y una pérdida de talento, que la plataforma Homologación Justa Ya! estima en miles de personas (hasta 100.000 personas) con empleos inferiores a su cualificación.
En pleno debate sobre la inmigración en el seno de la Unión Europea, España apuesta por su integración como un pilar fundamental para garantizar la sostenibilidad de la economía y el sistema de bienestar -el pago de las pensiones con la jubilación de los ‘babyboomers’-, en un país en suicidio demográfico, con 1,2 nacimientos por mujer. Así, junto con la reforma de la Ley de Extranjería o un nuevo programa para facilitar las contrataciones en origen, el Gobierno se propone agilizar la homologación de títulos académicos, mediante un nuevo Real Decreto para simplificar la homologación de títulos que prevé publicar en 2025, según recoge el Plan Fiscal 2025 – 2028 remitido a Bruselas.
En este documento el Ejecutivo también cuantifica la medida. De esta forma, cifra en 1 punto del PIB adicional respecto a 2024, el impacto que en 2031 tendrá el conjunto de iniciativas destinadas a potenciar el capital humano. Es decir, una aportación adicional de casi 15.500 millones de euros. Y dentro de esta, estima en el 0,10% del PIB el resultado positivo de la revisión del sistema de homologación de títulos, alrededor de 1.550 millones de euros.
En detalle
Según recoge el Plan Fiscal, uno de los retos más importantes para lograr incrementar la productividad de la población inmigrante, y con ello su aportación al crecimiento económico, es el de reconocer sus cualificaciones y competencias profesionales, en especial en lo que se refiere a enseñanzas universitarias. Para el Ejecutivo, el Real Decreto 889/2022, de 18 de octubre, ya supuso un primer esfuerzo en esta línea. Su objetivo era configurar unos procedimientos ágiles y eficientes, apoyados en la digitalización, para la homologación de los títulos obtenidos en sistemas educación superior extranjeros a los títulos españoles y la declaración de equivalencia, a nivel académico oficial, de un título obtenido en el marco de sistemas de educación superior extranjeros.
La próxima reforma tiene como objetivo eliminar las limitaciones detectadas que -como reconoce el documento- “siguen mermando de forma notable la agilidad y eficiencia del sistema, limitando de esta forma la productividad de la población inmigrante”. El reto es poder alcanzar de forma efectiva, justa, inclusiva y sistemática una incorporación más ágil y eficiente al tejido productivo de los extranjeros cualificados. Según explica el Gobierno, estas medidas, además del componente tecnológico, requieren modificaciones normativas complejas que afectan a diferentes actores como las universidades, los centros de educación superior, las oficinas administrativas de tramitación, certificación y validación y distintas organizaciones sociales, todos ellos en los ámbitos nacionales, comunitarios y extracomunitarios. El objetivo es tener publicado el nuevo Real Decreto el próximo año, aunque aún no se ha iniciado la tramitación.
Desde la Homologación Justa Ya!, su portavoz, Cynthia Vargas Tellez, asegura que en la práctica el “Ministerio no busca desatascar el problema. De puertas para fuera transmite preocupación pero la realidad es que no se avanza. Y no pone los medios para ello. En 2023, realizó una externalización con la subcontratación de Tragsatec que en la práctica ha supuesto una vuelta atrás porque el personal no está capacitado y están reclamando documentos a los solicitantes, que ya estaban en tramitación”. El Ministerio formalizó con Tragsatec dos contratos -en noviembre de 2023 y el pasado mes de junio- por 162.454 euros y 542.773 euros, respectivamente, para la realización de los trabajos de apoyo administrativo al procedimiento de homologación y convalidación de estudios no universitarios de la Subdirección General de Ordenación Académica.
El pasado mes de agosto, el Ministerio sacó a consulta pública un proyecto de Orden -que está pendiente de publicación- para facilitar el desarrollo y aplicación del Real Decreto de 2014 para la homologación y declaración de equivalencia de títulos extranjeros de educación superior de los títulos oficiales de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico y Diplomado.
Por otra parte, desde la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación (ANECA) se vienen publicando resoluciones dentro del Programa de Homologaciones y Equivalencias de títulos extranjeros, como la equivalencia de títulos de universidades cubanas, una homologación basada en antecedentes y más recientemente una recopilación de títulos extranjeros sobre los que informará favorablemente. ANECA es el órgano encargado de realizar actividades de evaluación, certificación y acreditación del sistema universitario español con el fin de su mejora continua y adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).
