Casi todos tenemos en la cabeza algún trayecto en los míticos trenes Talgo. Es así porque la empresa que los fabrica firma 80 años de historia en nuestro país. Pero más allá de formar parte del costumbrismo español, Talgo es una compañía de esas que el Gobierno considera “estratégicas”. Por eso esta semana el Ejecutivo vetó que una empresa húngara, Magyar Vagon, se hiciera con la mayoría de sus acciones.
“Cuando tenemos que decir que no a una operación por la protección de los intereses de España y de la seguridad nacional, lo hacemos”, argumentó el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Para ello, Moncloa hizo uso del escudo antiopas, mecanismo que avala jurídicamente al Gobierno para interceder cuando hay corporaciones extranjeras que quieren hacerse con esas empresas categorizadas como “estratégicas”. Aún más, las fuentes consultadas por este periódico precisan que hay un plan B para la compañía.
En este caso, según informa El País, el Consejo de ministros se valió de informes del CNI para tomar la decisión de veto. Los documentos probarían vínculos entre Magyar Vagon y la Rusia de Vladimir Putin. Estos informes, que han sido considerados “información clasificada”, pondrían el acento en que el 45% del consorcio que lanza la OPA pertenece a una empresa propiedad del Estado húngaro. Un país gobernado en la actualidad por el ultraderechista Viktor Urbán, cuyos vínculos con Putin son conocidos. La tecnología de ancho variable de Talgo que hace que sus vehículos se adapten a cualquier tipo de vía es muy atractiva para la empresa húngara. Podría adaptar sus trenes a los tramos soviéticos (con un ancho de vía diferente al europeo estándar).
En principio, Magyar Vagon ofreció comprar Talgo por 619 millones de euros, a 5 euros la acción. Oferta que el consejo de administración aceptó: “Es amistosa y la contraprestación ofrecida es atractiva para los accionistas de Talgo”, dijeron en marzo. Pero el Gobierno nunca estuvo por la labor y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, apuntó desde el principio a que “suponía un riesgo geopolítico”.
El veto del Gobierno descalabró la compañía en Bolsa. En un día cayó un 8,72%, con un valor por acción inferior a 4 euros. A esto se añade la necesidad de Talgo de nueva inversión para poder llegar a todo y tener la suficiente capacidad industrial. Acumula una cartera de pedidos valorada en más de 4.000 millones de euros y, con las instalaciones actuales, no da abasto para producir en tiempo los trenes encargados.
El temor de los trabajadores
Por eso los trabajadores se quejan de esta decisión gubernamental: “CSIF lamenta la incertidumbre en la que se ve inmersa toda la plantilla desde hace meses y por tanto reclama al Ejecutivo que explique su hoja de ruta, y si hay una solución alternativa a la OPA del grupo húngaro que salvaguarde la continuidad de toda la plantilla, las condiciones de trabajo y su sede en España“, recoge un comunicado publicado por la organización.
En el mismo sentido, se pronunciaron los trabajadores de la factoría de Talgo en Rivabellosa, Álava. Denuncian que 700 familias viven de la factoría y que hay “nerviosismo” por la situación. En concreto, reconocen las limitaciones de la fábrica y por eso apuntan a que necesitan un socio inversor que amplíe las instalaciones.
Por su parte, los accionistas minoritarios de Talgo y la empresa húngara ya han anunciado acciones legales contra el Gobierno. La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) considera que el mecanismo antiopas del Ejecutivo instaurado en la época de la pandemia ya no tiene sentido y que “defenderá los derechos de los más de 8.000 accionistas de Talgo que se encuentran en una situación de evidente indefensión ante la limitación de una oferta voluntaria efectuada por un grupo empresarial de la Unión Europea (Magyar)”.
Todos reclaman más explicaciones al Gobierno que parece deja al albur la compañía. Sin embargo, fuentes del departamento de Oscar Puente aseguran a Artículo 14 que hay alternativa: “Planes hay, claro”. Si bien, defienden “la discreción” del Ejecutivo para no concretar su hoja de ruta.
Caos ferroviario
En parte la situación de Talgo es la culpable del caos vivido en los trenes este último verano. El último encargo de Renfe a la empresa fueron los trenes Avril, unos vehículos que se entregaron con retraso por la falta de capacidad ya mencionada. Solo cuatro de cada diez trenes Avril han llegado en tiempo este verano y acumulan 500 incidencias desde su puesta en marcha en mayo.
De eso hablará precisamente este jueves en el Congreso de los Diputados el ministro de Transportes, Óscar Puente. Lo hará a petición propia para informar sobre “la situación de los servicios ferroviarios en verano”, según reza la convocatoria. Las fuentes consultadas descartan nuevos anuncios para solventar la situación: “Se aportarán datos”, apuntan. Hace apenas una semana, Óscar Puente compareció en el Senado a petición del PP y aseguró que “el tren vive en España el mejor momento”, si bien reconocía un verano complicado.