El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, por segunda vez, el límite de gasto no financiero, conocido como techo de gasto, y los mismos objetivos de estabilidad y de deuda para las administraciones públicas que ya rechazó en julio el Congreso de los Diputados.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que, en cumplimiento de la ley de estabilidad -que obliga a llevarlo dos veces- el Gobierno vuelve a presentar esta senda, manteniendo los mismos objetivos de déficit a nivel global y por subsectores.
“La volvemos a traer porque seguimos estando comprometidos con comunidades autónomas y ayuntamientos. De hecho, queremos que tengan unos objetivos de déficit menos exigentes que la senda que actualmente está en vigor”, ha remarcado la titular de Hacienda.
Montero ha advertido de que si, a pesar de que estos objetivos dan más margen a comunidades y ayuntamientos, “la tentación del Partido Popular es seguir rechazando la senda por cuestiones puramente partidistas”, el Gobierno va a presentar los Presupuestos de 2025, “ya sea con la senda aprobada hoy o con la anterior senda”.
De no aprobarse, las comunidades autónomas y ayuntamientos también tendrían que formular sus presupuestos con la senda anterior. “La única pregunta que el PP tiene que responder es si quiere o no obligar a comunidades y ayuntamientos a realizar un ajuste presupuestario en dos años de 11.550 millones o le permite mayor capacidad de gasto”, ha apuntado la ministra.
Por eso, la responsable de Hacienda espera que en el PP “se instale un mínimo de sentido común, de cordura, para que no le den la espalda ni a presidentes autonómicos y alcaldes, ni tampoco a los ciudadanos que viven en estos territorios”.
En cualquier caso, la vicepresidenta ha reiterado que el objetivo del Gobierno es presentar estos Presupuestos para seguir avanzando en consolidación fiscal, para seguir impulsando un crecimiento económico sólido y para reforzar el Estado del Bienestar con el objetivo de reducir las desigualdades.
Techo de gasto de 200.000 millones
El límite de gasto planteado por el Gobierno establece un tope de 199.171 millones de euros incluyendo los fondos procedentes de la Unión Europea.
Dentro del techo de gasto se incluye también una transferencia del Estado a la Seguridad Social por importe de 22.881 millones de euros, un 7% más con respecto a los Presupuestos de 2023. La Seguridad Social podrá tener un déficit del 0,2% en los tres próximos ejercicios.
Será la cuarta vez este año que la Cámara Baja examina unos objetivos de estabilidad presupuestaria. El Gobierno llegó a presentar los relativos a los Presupuestos de 2024 hasta en dos ocasiones, aunque finalmente esas cuentas no se tramitaron por el adelanto electoral de Cataluña, y siguen vigentes las de 2023, que se prorrogaron automáticamente el 1 de enero.