AUTOENMIENDA

El Gobierno ampliará la exigencia de paridad a partidos, sindicatos y patronales

El PSOE y Sumar enmiendan el Proyecto de Ley de Paridad para extender su alcance a los partidos políticos, las organizaciones sindicales, las asociaciones empresariales y las grandes organizaciones del tercer sector

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, saluda a los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y UGT, Pepe Álvarez, durante la manifestación, la pasada semana en Madrid.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, saluda a los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y UGT, Pepe Álvarez, durante la manifestación, la pasada semana en Madrid. EFE/Mariscal

El Gobierno ha decidido enmendar su propio Proyecto de Ley de Paridad para ampliar su alcance a ámbitos que escapaban del mismo. El PSOE y Sumar han introducido diversas enmiendas para aplicar la paridad a partidos políticos, sindicatos, asociaciones empresariales y grandes entes del tercer sector: fundaciones, organizaciones del tercer sector de acción social y entidades de la economía social. Estas se verán obligadas a su cumplimiento a los 20 días de la publicación de la Ley en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En su redacción original de diciembre de 2023, el proyecto normativo abordaba la representación equilibrada entre hombres y mujeres en las listas electorales, en el Gobierno, incluyendo sus estamentos superiores, como secretarias de estado, en los diferentes órganos constituciones -Tribunal Constitucional, Consejo de Estado, Tribunal de Cuentas, Consejo Fiscal y Consejo General del Poder Judicial-, además de en las sociedades cotizadas, las entidades de interés público y los Colegios Profesionales.

Dado que quedaban fuera del alcance de este Proyecto importantes agentes sociales, el PSOE y Sumar proponen ahora su extensión a nuevos ámbitos mediante la introducción de enmiendas de adicción de nuevos artículos en el texto. Para todos ellos, al igual que para el resto de obligados según el texto inicial presentado en el Congreso de los Diputados, su aplicación se acompasa con la entrada en vigor de la norma prevista “a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado“. No obstante, en algunas medidas se establecen otros marcos temporales.

Para las sociedades cotizadas, el PSOE y Sumar abogan por retrasar la obligación de contar con, al menos, un 40% de participación del sexo menos representado en los consejos de administración de las 35 mayores cotizadas hasta el 30 de junio 2025. Esta propuesta está alineada con el PP que propone su entrada en vigor en esta misma ficha para las sociedades con una capitalización superior a los 500 millones de euros. Para sociedades cotizadas de menor tamaño y las entidades de interés público se dilatan aún más los plazos para facilitar su adaptación. Es en este ámbito de las sociedades cotizadas en el cual el proyecto prevé sanciones por su incumplimiento.

Otra novedad que introducen, los socios del Gobierno es facilitar el seguimiento del cumplimiento de la paridad en los consejos de administración de las entidades de interés público al Instituto de las Mujeres. Para ello, se propone que estas entidades “deberán remitir” la información anual de cumplimiento tanto a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como a este organismo autónomo.

Novedades, al detalle

El PSOE y Sumar proponen modificar la Ley Orgánica de Partidos Políticos con una nueva disposición adicional para aplicar el principio de paridad. De esta forma, según el texto de la enmienda, “los órganos de gobierno y representación de los partidos políticos regulados en la presente ley orgánica se nombrarán atendiendo al principio de representación equilibrada entre mujeres y hombres, de tal manera que las personas de cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento“.

Este mismo principio se pretende también para los órganos de representación, gobierno y administración de los sindicatos con la modificación de la Ley de Libertad Sindical. A diferencia de los señalado para los partidos políticos, en este caso, se matiza que “si el porcentaje de miembros del sexo menos representado no alcanza el cuarenta por ciento se proporcionará una explicación motivada de las causas, así como de las medidas adoptadas para alcanzar ese porcentaje”.

De igual manera, con la modificación del Real Decreto que aprueba el texto refundido de la ley del Estatuto de los Trabajadores, se incorpora la paridad en los órganos de representación, gobierno y administración de las asociaciones empresariales, que cuenten con el 10% o más de representatividad en el ámbito estatal o con un mínimo del 15% a nivel regional.

El PSOE y Sumar proponen extender la representación equilibrada entre hombres y mujeres a las grandes fundaciones y grandes organizaciones del tercer sector y entidades de la economía social. Para ello, se señala la modificación de la Ley de Fundaciones para incorporar una disposición adicional para aplicar el principio de paridad en aquellas entidades con una media anual de 125 trabajadores o con un presupuesto superior a los 20 millones de euros, requisitos que también se introducen en las modificaciones propuestas de la Ley del Tercer Sector de Acción Social y en la Ley de Economía Social.

En su intención de ampliar el alcance de la norma, los socios del Gobierno también incluyen el Consejo de Estudiantes Universitario del Estado, con la modificación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario, así como las Reales Academias, Academias de ámbito nacional y el Instituto de España (IdeE).

Deporte

Por su parte, el Grupo Parlamentario Popular, en una enmienda de adicción propone la elaboración de un código de buen gobierno para incentivar la participación equilibrada de hombres y mujeres en las juntas directivas de las federaciones deportivas. En este sentido, aboga por que el Consejo Superior de Deportes publique en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley un código de buen gobierno que establezca un conjunto de recomendaciones para alcanzar el principio de composición equilibrada de mujeres y hombres en las Juntas Directivas de la Federaciones deportivas, con el objetivo de que ningún sexo tenga una representación inferior al cuarenta por ciento.