Llamada de atención del Fondo Monetario Internacional (FMI) a España sobre alguna de las cuestiones que más preocupan a los ciudadanos: pensiones, jornada laboral y vivienda. En su revisión anual, el organismo confirma la buena marcha de la economía española -prevé que el “crecimiento se mantenga sólido en el corto plazo”- y revisa al alza su previsión para este año al 2,5%. Pero el dinamismo actual tiene fecha de caducidad, ya que el Fondo anticipa una desaceleración gradual: el crecimiento bajará al 1,8% en 2026 y se estabilizará a medio plazo en torno al 1,7%. En parte porque este crecimiento se debe a las exportaciones de servicios y a que “gran parte de la expansión posterior a la pandemia se basó en la acumulación de mano de obra”.
Aunque reconoce que España ha tenido “un sólido desempeño”, el FMI advierte diversos factores de riesgos fiscales y políticos. Con una deuda pública situada en el 101,8% del PIB, la posición fiscal “sigue siendo vulnerable a shocks de crecimiento y de los costes de financiación”. Esta vulnerabilidad se acentúa si no se adoptan reformas estructurales y si la economía no logra sostener un crecimiento equilibrado en los próximos años.
Pensiones
Uno de los principales desafíos señalados es el sistema público de pensiones. El FMI destaca que “la opinión independiente del organismo [AIReF] señala una brecha cada vez mayor en las próximas décadas, en parte como consecuencia de las reformas de 2021-2023”. Dichas reformas, que incluyeron el aumento de las cotizaciones sociales, han reforzado los ingresos en el corto plazo, pero no corrigen los desequilibrios futuros entre ingresos y gastos. A juicio del Fondo, el gasto asociado al envejecimiento presionará al alza las cuentas públicas, con un aumento estimado de cerca del 4% del PIB para 2050. Por ello, el organismo internacional propone que España considere alternativas que no recaigan únicamente sobre las cotizaciones sociales.
Entre ellas, sugiere “alargar aún más el período en base al cual se computan las prestaciones” o ampliar los incentivos a la jubilación demorada, cuya implantación ya ha comenzado a mostrar efectos positivos. El Fondo también aboga por fomentar vidas laborales más largas, con incentivos adecuados y opciones de jubilación gradual adaptadas a las condiciones de los trabajadores de más edad, particularmente en sectores con mayor desgaste físico. Además, pide reformar la cláusula de salvaguarda del sistema de pensiones para que tenga un carácter más prospectivo. “Tal como está diseñada, la cláusula se activa si el gasto medio en pensiones durante 2022-2050 […] supera el 13,3% del PIB”, recuerda el informe. Sin embargo, considera que debería evaluarse de forma más continua y con mejores herramientas para anticipar los desequilibrios.
37,5 horas
En realción con la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, el FMI señala que, aunque la medida tiene objetivos sociales legítimos, podría acarrear efectos negativos. “Las experiencias en otros países apuntan a un efecto ambiguo sobre el desempleo y a impactos adversos sobre la producción y el crecimiento de los salarios tras la reforma”, advierte. El Fondo recuerda además que esta medida se suma a un entorno de fuerte alza del salario mínimo, que desde 2018 se ha incrementado más de un 70%.
En este sentido, recuerda que cualquier cambio en las condiciones laborales debería ser evaluado sector por sector, y adaptarse a la realidad de cada empresa y tipo de actividad. A su juicio, la reducción de jornada “debería preservar el importante papel de la negociación colectiva para tener en cuenta la heterogeneidad intersectorial”, especialmente en lo que se refiere a la distribución del tiempo de trabajo y la remuneración de las horas extraordinarias.
Vivienda
La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), que ha visitado el país en el marco de la elaboración de informe anual Artículo IV, constata que el rápido incremento de los precios de vivienda en España no representa riesgos para la estabilidad financiera, aunque en combinación con el encarecimiento de los alquileres y unos costes de endeudamiento aún elevados erosiona la asequibilidad.
De esta forma, considera que “el rápido aumento de los precios de la vivienda merece ser vigilado con atención” y aconseja reforzar la oferta de vivienda con reformas urbanísticas, agilización de licencias y ampliación del parque social. A su vez, avisa de que los controles de alquileres deberían “reevaluarse y suspenderse” si se detecta que reducen la cantidad o la calidad de la oferta regular de vivienda en alquiler o dificultan el acceso a ellos para los hogares con ingresos más bajos.
Ajuste fiscal
En materia fiscal, el FMI recomienda adelantar el ajuste previsto por el Gobierno y concentrarlo en el periodo 2025-2029, en lugar de extenderlo hasta 2031, como está planteado actualmente. El objetivo es reforzar el margen de maniobra ante posibles shocks económicos. Según sus cálculos, si no se adoptan nuevas medidas, el déficit estructural se estabilizaría en torno al 2% del PIB en 2030, frente al 1,2% previsto por el Ejecutivo. Esta diferencia obliga, según el Fondo, a poner sobre la mesa medidas que sumen en torno al 1% del PIB adicional.
El informe sugiere también revisar algunos elementos del sistema tributario. Entre las propuestas figuran la armonización de los tipos del IVA, un refuerzo de la fiscalidad verde -por ejemplo, igualando los impuestos sobre el diésel y la gasolina-, y el fin del impuesto temporal a la banca, que “debería discontinuarse al final de su plazo de tres años”. Como complento a las medidas tributarias, anima a revisar el gasto público con evaluaciones más estratégicas que permitan identificar áreas con margen de eficiencia sin comprometer inversión ni servicios esenciales.
Recomendación
Aunque la economía española ha superado a la media europea en los últimos trimestres, el informe recuerda que “el déficit de productividad es todavía tan amplio como a principios de la década de 2000” y que la tasa de empleo sigue estando entre las más bajas de la zona euro. Por ello, sugiere reforzar las políticas activas de empleo, mejorar la eficacia de los servicios públicos de colocación y ampliar los incentivos a la contratación, especialmente en sectores con menor dinamismo.
“España se encuentra en un buen momento para hacer ajustes fiscales y avanzar en reformas estructurales”, concluye el Fondo, “pero posponer decisiones importantes podría elevar los riesgos y limitar las opciones disponibles en el futuro”.