Muface sigue en el centro de todas las miradas. La mutualidad, que ha atravesado una de las crisis más complejas en sus últimos seis meses, se enfrenta a un cambio que ha suscitado la indignación de muchos de sus mutualistas. El nuevo contrato, valorado en 4.808,5 millones de euros, parece asegurar la supervivencia del modelo de asistencia sanitaria privada. Sin embargo, lo hace a costa de introducir una cláusula que ha desatado las críticas: quien opte por cambiarse a la sanidad pública fuera de los plazos oficiales deberá permanecer dos años en el INSS (Sistema Nacional de Salud), sin posibilidad de retornar de inmediato al modelo privado de Muface.
Desde que se conoció esta condición, el descontento ha ido en aumento. Diversas voces dentro de Muface consultadas por Redacción Médica señalan que la medida ya había existido en conciertos anteriores. Pero en esta ocasión el cambio llega en un momento especialmente delicado para la mutualidad. El contrato, que se prolongará durante tres años y que ha sido propuesto para Adeslas y Asisa, aún no está firmado de manera definitiva. Sin embargo, la norma de la “permanencia obligatoria” promete imponerse en cuanto el documento entre en vigor.
Los mutualistas y sus beneficiarios podrán solicitar el cambio extraordinario a la sanidad pública si tienen razones de asistencia médica que afecten directamente a ellos o a las personas a su cargo. Ahora bien, estas causas deberán ser analizadas por una Comisión Paritaria entre la mutualidad y la Seguridad Social que decidirá, caso por caso, si la solicitud está justificada. De aprobarse, se materializará el cambio al INSS. Pero con la contrapartida de que el funcionario y sus beneficiarios, al menos durante dos años, no podrán volver al modelo privado de Muface.
La incertidumbre que rodea al nuevo concierto de Muface
El malestar entre los mutualistas de Muface se ha incrementado. En particular, por la incertidumbre que rodea la firma del nuevo contrato. En teoría, el acuerdo se rubricará después de Semana Santa. Eso situaría la entrada en vigor del nuevo modelo en mayo. Durante el mes siguiente a la firma —un periodo de 31 días que se activaría tras la aprobación— los mutualistas podrían cambiar de entidad u optar por el sistema de salud público sin verse afectados por la permanencia de dos años. Sin embargo, una vez superada esa ventana de libre elección, el cambio extraordinario quedará sujeto a la restrictiva condición.
Fotografía de la fachada de Muface con el cartel de la mutualidad | Europa Press
Para muchos afiliados de Muface, esta cláusula supone una pérdida de libertad. Quien decida pasar a la sanidad pública fuera de los periodos habituales (en enero y junio) deberá acatar una regla que se interpreta como un cerrojo de, al menos, 24 meses en un sistema diferente al que hasta ahora venían utilizando.
El informe de la Airef que pone en cuestión de la viabilidad del modelo privado
La coyuntura de Muface no es sencilla. Mientras la Dirección General de la mutualidad ultimaba el proceso de licitación —al que, finalmente, solo se presentaron Adeslas y Asisa—, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) publicaba un análisis que cuestionaba la sostenibilidad del modelo de asistencia sanitaria privada para funcionarios. En su informe, la Airef proponía incorporar a los nuevos empleados públicos al Sistema Nacional de Salud de manera progresiva, dejando la adhesión a Muface como una opción voluntaria. Todo ello apuntaba a un escenario en el que la sanidad privada de Muface podía tener los días contados.
Myriam Pallarés es la directora general de Muface | Kilo y Cuarto
Las conclusiones de la Airef no tardaron en encender las alarmas entre los mutualistas de Muface. Algunos ya dan por hecha la defunción de este modelo y sitúan su fecha de caducidad en torno a 2027. Ese año, precisamente, culminaría el nuevo contrato que está a punto de firmarse, cuya vigencia se estima en tres años. Aunque los 4.808,5 millones de euros presupuestados parecen garantizar el funcionamiento de la mutualidad hasta entonces, muchos se preguntan qué pasará una vez agotado ese plazo.