Yolanda Díaz ha vuelto a escenificar la buena sintonía que tiene con los sindicatos. Después de casi un año de negociaciones con los agentes sociales, el ministerio de Trabajo ha firmado el acuerdo con Comisiones Obreras y UGT sobre la reducción de la jornada laboral. Es solo el primer paso de un largo camino que le espera a la vicepresidenta segunda del Gobierno para lograr sacar adelante esta propuesta pero ya se han puesto los primeros cimientos. El pacto consiste en una reducción de la jornada laboral de las cuarenta horas semanales actuales, tal y como consta en el Estatuto de los Trabajadores desde 1983, a las 37,5 horas semanales. Esto en la práctica consiste en una reducción de media hora de trabajo al día sin que eso suponga una merma en el salario. “La evolución productiva a lo largo de estas décadas exige una nueva regulación, especialmente en algunos territorios y sectores como la hostelería, el comercio, la agricultura, o los servicios mantienen en la actualidad jornadas semanales de trabajo muy próximas al máximo legal previsto hace más de cuarenta años. Es un deber democrático compensar y evitar diferencias injustas”, explica el ministerio.
Después de casi un año negociando, la Patronal se ha descolgado. Antonio Garamendi ha comentado en varias ocasiones que no todas las empresas son iguales y que algunos sectores no se lo pueden permitir. Además, alegan que van a aumentar los costes laborales, cifrados en 12.000 millones extra según la patronal catalana Foment del Treball. También argumentan una caída de la productividad sobre todo en el caso de las pymes, que podrían incluso cerrar los negocios si se ven obligados a contratar a más personas para cubrir el mismo horario.
Este acuerdo llega en un momento de máxima tensión entre el ministerio de Trabajo y el de Economía, que nos recuerda a las desavenencias que ya vivieron Yolanda Díaz y la exministra Nadia Calviño con motivo de la Reforma Laboral. En este caso, por dos asuntos relacionados con la reducción de la jornada. El primero, cuándo se deberá aplicar. Según Yolanda Díaz debe ser de forma inmediata, en el año 2025, tal y como consta en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar. Pero Carlos Cuerpo, el ministro de Economía, prevé un margen mayor, para 2026, en el cuál las empresas tengan más tiempo para adaptarse a la nueva normativa. El texto cerrado con los sindicatos habla de un periodo de adaptación durante el 2025 pero con una aplicación obligatoria a partir del 1 de enero de 2026.
Otro de los escollos entre ambos ministerios se debe a los trabajadores a tiempo parcial. En este punto, Trabajo considera que no tiene sentido reducirles la jornada pero sí que exista una compensación salarial que no contempla el ministerio de Economía. El acuerdo con los sindicatos es claro en ese asunto y considera que debe haber un aumento salarial para este tipo de trabajadores, que en su gran mayoría son mujeres. Los trabajadores a tiempo parcial en España representan en torno al 12,8% del total de ocupados y el 73% son mujeres. Serían ellas las principales beneficiadas en este caso.
“En este ministerio hemos visto muchos acuerdos q nos sitúan a la vanguardia de los derechos de los trabajadores. El acuerdo de hoy no es uno más. Es un avance civilizatorio. Hoy recogemos el testigo de generaciones anteriores desde las luchas de obreros hasta años 80. Hoy escribimos una nueva página en el libro de grandes conquistas laborales de España. Esto se estudiará en todas las universidades”, ha dicho Yolanda Díaz durante el acto de firma.
Los convenios colectivos tendrían todo el 2025 para adaptarse al cambio y se beneficiarían en torno a 12 millones de trabajadores. Unai Sordo, secretario general de CC.OO. ha confesado que la negociación ha sido muy difícil. “Queríamos un acuerdo a tres porque sabemos q la jornada y la distribución del tiempo tiene un marco adecuado en la negociación colectiva. Son mejores los acuerdos tripartitos pero no se puede dar derecho de veto a nadie y no ha sido posible concluir de esa manera. Sabemos lo difícil de la tramitación parlamentaria. Es posible que el texto sufra modificaciones”.
En el acuerdo también se contempla el registro generalizado de la jornada. La empresa deberá contar con un registro diario digital objetivo, fiable y accesible, para que la inspección laboral pueda comprobar si se está cumpliendo con la nueva jornada. Para garantizar el cumplimiento de este registro, se endurecen las sanciones a las empresas. Sería una infracción por cada trabajador afectado con multas hasta los 10.000 euros por trabajador.
Además, el texto se refiere a la “irrenunciable desconexión digital” fuera del horario laboral. Los trabajadores deben poder descansar sin tener que responder a las llamadas de su jefe y no conectarse a los dispositivos digitales de la empresa fuera del horario laboral.