Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, retoma su idea de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) regrese a sus orígenes industriales. La líder de Sumar apuesta por que el holding público deje de estar adscrito al Ministerio de Hacienda y se transforme en una entidad dependiente del Ministerio de Industria. En la práctica, esta propuesta supone restar poder a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para pasárselo a Jordi Hereu, titular de Industria y Turismo.
No es la primera vez que Díaz plantea esta iniciativa. Ya lo avanzó en una comparecencia pública en la Cámara Baja en noviembre del año pasado. Ahora, le ha dado forma a través de una iniciativa parlamentaria. Sumar ha registrado en el Congreso de los Diputados una Proposición de no de Ley para transformar la SEPI en una Agencia Industrial Pública.
Lo enmarca en una iniciativa relativa a la protección de la industria estratégica en España, que tiene como objeto reforzar la presencia del Estado en las empresas con esta consideración, pues en la actualidad las empresas estatales españolas “apenas representan”, tomando como referencia su valor de mercado, el 5% del PIB, frente al 13% de Francia o el 12% de Suecia o Finlandia, con más de un 40%.
Para revertir esta situación, reforzar la presencia del Estado en su industria estratégica y alcanzar las cifras de sus socios comunitarios, la formación ve preciso apostar por esa transformación de la SEPI en una nueva agencia de empresas estratégicas que contribuyan a la transformación estructural del modelo productivo español, convirtiéndola en una “verdadera” Agencia Industrial Pública, que dependa del Ministerio de Industria y no del Ministerio de Hacienda.
En la actualidad, SEPI se encuentra adscrita al Ministerio de Hacienda, a través de la ministra. De acuerdo con el artículo 15 de la Ley 5/1996, sus órganos rectores son la presidencia, que ahora ostenta Belén Gualda, y el consejo de administración. Tanto la presidenta como el vicepresidente de SEPI son nombrados por el Gobierno a propuesta de la titular del Ministerio de Hacienda, quien además designa a los vocales del consejo. Un traspaso de cartera supondría dejar a María Jesús Montero sin estas capacidades en un grupo que suma una plantilla de más de 79.500 personas y genera un volumen de negocio superior a los 5.250 millones euros.
Papel clave
La propuesta surge en un momento clave para SEPI, en la medida en que el Gobierno está utilizando el holding público para entrar en el capital de compañías que considera estratégicas. Es el caso de Telefónica, donde ya cuenta con una participación del 7% y un representante en su consejo de administración. Desde el pasado 8 de mayo, Carlos Ocaña, se sienta en el máximo órgano de administración de la operadora. Su nombramiento ha llevado a la compañía a incumplir la futura Ley de Paridad.
SEPI tiene ya participaciones en diversas cotizadas, entre las que destacan, tanto por su peso en el accionariado como el tamaño de la compañía, Indra (28%), Redeia (20%) y Enresa (20%). Participa mayoritariamente en el capital de Correos (servicio postal), Navantia (grupo naval y de defensa), Tragsa (servicios en el medio rural) y Enusa (negocio nuclear), que aportan el 94% de la cifra de ingresos del grupo. El Ejecutivo también gestiona los medios de comunicación públicos, la Agencia EFE y Corporación RTVE, a través de la SEPI.
De hecho, Sumar destaca este papel de SEPI. Y así, propone que la nueva Agencia Industrial Pública sea el instrumento del Estado para la participación pública en el capital social de empresas estratégicas cuando haya amenazas a la autonomía estratégica industrial. La formación propone incorporar este principio de autonomía estratégica industrial como guía en las decisiones de política industrial, de forma estructural y no solo como respuesta a casos particulares o situaciones coyunturales.
También incluye el grupo plurinacional un punto para modificar el decreto sobre inversiones exteriores para proteger a las empresas españolas de acciones indeseadas, que atentan contra ese principio de autonomía estratégica. Sobre todo, dice Sumar en referencia al caso de la saudí STC con Telefónica o la emiratí Taqa con Naturgy, cuando el país de origen de las inversiones no cumple con los principios de respeto a las libertades y la democracia.
Precedente
Ya hay un precedente en este sentido. La Sociedad de Desarrollo Empresarial (Sepides), hasta ahora adscrita al Ministerio de Hacienda como integrante de la SEPI, pasará a depender del Ministerio de Industria y Turismo, y será transformada en una entidad estatal empresarial. Así lo anunció durante su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados el propio Jordi Hereu. En el caso de Sepides, la entidad, a través del Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva (FAIIP), dotado con 1.800 millones de euros y con la promoción de Industria, financia actuaciones de carácter industrial que contribuyan a favorecer el desarrollo de la competitividad industrial.
Con la Agencia Industrial Pública, los de Yolanda Díaz quieren que la industria aporte en la próxima década el 20% del PIB de España, cumpliendo así los objetivos establecidos por la Comisión Europea. Sumar defiende que con una política industrial adecuada, España puede ofrecer a industrias estratégicas de alto valor añadido ventajas relacionadas con la energía, como la garantía de suministro o su potencial para la producción de energía renovable a un precio reducido. “Esta estrategia competitiva supondrá el abandono definitivo de los intentos pasados, y fallidos, de competir mediante devaluaciones salariales”, apostilla la formación en su propuesta, recogida por Europa Press.
Asimismo, la agencia permitiría coordinar las actuaciones relacionadas con los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) e incorporar a su cartera las empresas públicas de carácter industrial, y, de forma especial, las que ahora dependen de la SEPI. La idea es que la entidad implemente planes específicos para cada una de las empresas del sector público, para contribuir a generar empleo público y privado de calidad relacionado con la innovación y a reducir los desequilibrios territoriales respecto de las zonas del Estado con mayores déficits de inversión en industrias estratégicas como la naval o el aeroespacial.
Sumar sugiere que la agencia se conforme como un organismo público de los previstos en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, y que tenga personalidad jurídica pública, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía funcional y de gestión y plena capacidad jurídica y de obrar para el cumplimiento de sus fines.
Según su propuesta, la Agencia Industrial mantendría un modelo de gobernanza adaptado a la “realidad plurinacional de España”, asegurando la participación activa de las comunidades autónomas, y participativo, de modo que cuente con la presencia de las organizaciones empresariales y los sindicatos más representativos del país. Por último, Sumar plantea crear el Banco de Inversión para la Nueva Economía para impulsar la inversión pública nacional en empresas estratégicas de España y mejorar la eficiencia de la arquitectura financiera pública estatal.