Tras el último accidente en la mina asturiana, la importancia de la prevención de los riesgos laborales ha vuelto a cobrar relevancia. Hace más de un año, que el Gobierno y los agentes sociales comenzaron la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que data del año 1995. La negociación estaba en vía en muerta hasta que la DANA en Valencia sacó a la luz la urgencia de prevenir los riesgos climáticos con protocolos específicos de actuación. Así, en la agenda de 2025, del Ministerio de Trabajo y de los agentes sociales, esta reforma ha tomado prioridad con la aspiración -en la parte sindical- de contar con un proyecto de ley a lo largo de este año.
Para las empresas más pequeñas, si las medidas propuestas se aprueban, en la práctica implicarán un endurecimiento de las políticas de prevención: en la actualidad, el 90% de los accidentes mortales se producen en las pymes. Durante su intervención en el Pleno de Senado y en respuesta a la senadora de EH Bildu, Idurre Bideguren, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró que la reforma de ley cambiará la ratio de exigencia a partir de la que una empresa debe contar con servicios específicos de prevención.
En este sentido, Patricia Ruiz, secretaria de Salud Laboral de UGT, detalló a Artículo14 que el planteamiento del Ministerio es obligar a contar con servicios específicos de prevención laboral a partir de los diez trabajadores, frente a los 25 en los que está fijado actualmente. Este servicio de prevención puede ser propio de la empresa -actualmente, es obligatorio que a partir de los 500 trabajadores las empresas tengan un delegado de prevención- o subcontratado con terceros.
Evaluación Interna
Idurre Bideguren criticó que en España solo el 10% de la evaluación de los riesgos se realice de manera interna, dado que la mayoría de compañías tienen este servicio subcontratado a una empresa externa, mientras que en Europa la media está en el 90%, informa Europa Press.
“Las empresas pequeñas tienen dificultades para hacer una buena gestión de la seguridad y de la salud en el trabajo, entre otras cosas, por la falta de personal específico y por las limitaciones económicas. Por ello, consideramos que la Administración Pública debería tener otro papel para facilitar la integración de la prevención de riesgos laborales en los sistemas de gestión de las empresas, sobre todo en las empresas pequeñas, porque el 60% de los accidentes graves y mortales ocurren en empresas de menos de 25 trabajadores“, señaló Bideguren.
Nueva perspectiva de género
Una de las novedades que los sindicatos quieren incorporar a la Ley es la perspectiva de género. “Hay problemas específicos de las mujeres que ahora no se están teniendo en cuenta, como por ejemplo los riesgos asociados a la menopausia o dolencias propias de los trabajos que ellas desempeñan que ahora son invisibles”, señaló Patricia Ruiz.
“Solo ocho de los 106 casos de cáncer de origen laboral corresponden a trabajadoras, lo que probablemente no solo se traduce en que la exposición a agentes cancerígenos se produce mayoritariamente en sectores masculinizados, sino también en una falta de perspectiva de género en esta materia“, indica un informe de CCOO sobre Enfermedades Profesionales. Según este estudio, profesiones altamente feminizadas, como son los sectores de limpieza o peluquería, carecen de un cuadro de estas enfermedades, lo que a su vez dificulta la prevención. Como advirtió Mariano Sanz, secretario de medio secretario de Salud de CCOO, el año pasado sólo se reconocieron 190 cáncer con origen profesional, frente a las estimaciones científicas que apuntan en realidad a unos 16.000 detectados y 3.000 trabajadores fallecidos.
Salud mental y adicciones digitales
En la negociación se han incorporado además dos nuevos bloques –salud mental y adicciones digitales– que “hasta ahora han pasado desapercibidos”, según recalcó Ruiz. La prevención de la salud mental venía asociada a riesgos psicosociales pero ahora debe considerarse como un área en sí misma, “porque estamos detectando daños relacionados con el estrés o la depresión, que además tienen mucha relación con la continua conexión digital”.
Durante 2024, sólo se comunicaron 194 partes de accidentes de trabajo por desórdenes mentales, lo que unido al hecho de que el cuadro de enfermedades profesionales no incluye ninguna patología relacionada con los riesgos psicosociales indica que, en la práctica, los daños a la salud mental no se registran como contingencia profesional en España, advirtió Mariano Sanz.
Los datos
En 2024, se produjeron 796 muertes en el trabajo, 75 casos más que el año anterior, lo que supone un incremento del 10,4%, con datos de CCOO. El 94% de los accidentes de trabajo mortales correspondieron a hombres. Por el contrario, los accidentes con baja in itinere tuvieron un perfil femenino, situación que se explica por el mayor peso de las mujeres en los trabajos a tiempo parcial que obligan a un mayor número de traslados.
Para reforzar el cumplimiento de la prevención de riesgos laborales, CCOO instó a que se publique el listado de empresas con sanciones firmes por incumplimientos graves y muy graves de la normativa de prevención de riesgos laborales y a establecer mecanismos que impidan su contratación con las administraciones públicas o recibir subvenciones o ayudas públicas.