La salud mental en España atraviesa una crisis sin precedentes. Los datos más recientes evidencian una preocupante realidad: el sistema público de salud no está respondiendo adecuadamente a la creciente demanda de atención en esta área. A medida que más personas experimentan trastornos como la ansiedad, depresión y el estrés postraumático, la infraestructura pública parece incapaz de proporcionar el apoyo necesario. Un vacío que ha sido ocupado por la sanidad privada.
El deterioro de la salud mental en la población española ha sido un proceso gradual. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 aceleró drásticamente esta tendencia. En la actualidad, el 34% de los españoles padece algún tipo de trastorno mental. Una cifra alarmante que pone de manifiesto las deficiencias estructurales del Sistema Nacional de Salud en el tratamiento de estas patologías. Los informes del Consejo Económico y Social de España (CES) y de la OCDE dibujan un panorama sombrío. Un panorama el que los problemas de salud mental no solo impactan en la calidad de vida de los ciudadanos, sino que también suponen un coste significativo para la economía.
La relación entre la salud mental y la economía
Los trastornos mentales tienen un impacto económico profundo, tanto a nivel nacional como europeo. En España, se estima que el coste total de los problemas de salud mental asciende al 4,2% del PIB. Eso equivale a miles de millones de euros en pérdidas económicas cada año. A nivel europeo, este porcentaje es del 4%, con gastos que alcanzan los 190.000 millones de euros destinados a asistencia sanitaria y 170.000 millones en programas de seguridad social.
Una mujer con un vestido blanco en la bañera | Licencia Unsplash
No obstante, los costes indirectos no se quedan atrás. La productividad laboral disminuye, las tasas de absentismo se disparan y el mercado laboral sufre una pérdida significativa de talento y eficiencia. En el caso de España, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones registró en 2023 un récord de 600.814 bajas laborales temporales debido a problemas de salud mental. En lo que va de 2024, las cifras superan las 300.000 bajas. Un incremento del 10% en comparación con el año anterior.
La sanidad privada arrasa en esta parcela
La insuficiencia del sistema público en atender la salud mental ha provocado un auge de la sanidad privada. Actualmente, el 77% de las consultas psiquiátricas en España se realizan en el ámbito privado, mientras que el sistema público cubre apenas el 23%. Esto revela un problema de acceso, ya que muchas personas con menores recursos económicos no pueden permitirse el coste de la atención privada y quedan desatendidas en momentos críticos.
Las cifras reflejan una tendencia al alza en la demanda de atención psiquiátrica. Si en 2010 se registraron cerca de 14.000 consultas en salud mental, en 2021 la cifra aumentó hasta 26.000. Se ha duplicado la actividad. Este aumento de la demanda no ha sido acompañado por un incremento proporcional en los recursos del sistema público, lo que ha generado una situación de cuidados inversos: quienes más necesitan atención son los que menos acceso tienen.
Una mujer con problemas de salud mental | Licencia Unsplash
Uno de los mayores obstáculos para abordar la crisis de salud mental en España es la escasez de profesionales. El país cuenta con solo 12 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. Una cifra significativamente inferior a la de países como Alemania, que tiene 28 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, o los Países Bajos, con un ratio de 25 profesionales. Aunque la ratio de psiquiatras ha mejorado ligeramente en la última década, pasando de 10 a 12 por cada 100.000 habitantes desde 2013, sigue estando muy por debajo de la media de la OCDE, que es de 18.
El futuro también presenta desafíos adicionales. Se espera que las jubilaciones en los próximos años reduzcan aún más la disponibilidad de psiquiatras en el mercado laboral. Y la reciente ampliación de la formación MIR a cinco años significa que no habrá nuevos profesionales hasta 2027. Esta situación podría empeorar la ya frágil atención psiquiátrica pública en el país.