Otro revés para Muface. Ahora es la compañía DKV la que previsiblemente renuncie a presentarse a la segunda licitación propuesta por el Gobierno. Las condiciones serían insuficientes para la filial del grupo alemán que pidió un incremento de las primas del 40% para el 2025 para evitar seguir sumando pérdidas, que cuantifican en 70 millones de euros. En el caso de Adeslas, que ha sido la primera en retirarse, pedía un incremento de las primas del 47% en dos años cuando la propuesta del Ejecutivo se ha quedado muy por detrás de esa cifra. Ahora, toda la presión la tiene Asisa, la tercera aseguradora que hasta ahora prestaba sus servicios a Muface y que todavía no se ha pronunciado. Y apenas quedan dos semanas para saber el desenlace de este culebrón que está dejando en vilo a un millón y medio de funcionarios.
El presupuesto de Muface se financia con una parte muy pequeña de las cotizaciones de los mutualistas que no llega al 20% mientras que la aportación restante, un 80%, es subvención del Estado. Este modelo permite que el 70% de los funcionarios acuda a la sanidad privada y no a la pública. Si no se llegara a un acuerdo, en el horizonte se vislumbras varias posibilidades: o bien que el actual convenio se prorrogue nueve meses más, lo que daría un margen al Gobierno a presentar nuevas licitaciones más atractivas o que sea un tiempo de transición para que todos esos funcionarios pasen de la sanidad privada a la pública, con la movilización que eso conllevaría de sindicatos y el malestar generalizado de todas las familias que actualmente pueden acudir cómodamente al especialista privado sin pasar por las penurias de la pública, como las largas listas de espera.
Los afectados son empleados públicos en activo pero también funcionarios jubilados y sus familiares directos. Por ejemplo, los inspectores de Hacienda y Trabajo, la Policía Nacional, los docentes de educación primera, secundaria y los profesores de universidad.
Ahora comienza la cuenta atrás para que la última aseguradora se presente a la licitación. Tiene por delante hasta el 15 de enero a las diez de la mañana para adherirse al concierto para los próximos tres años, 2025, 2026 y 2027. Si volviese a quedar desierto por segunda vez en apenas tres meses, entonces el proceso se se complicaría. El Gobierno podría plegarse a las peticiones de las aseguradoras o forzar a una prórroga.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) está recibiendo cientos de quejas de mutualistas que no saben qué va a ser de su atención médica, “afectados que en los últimos meses están viendo cómo se suspenden sus citas médicas, consultas e incluso intervenciones quirúrgicas que estaban programadas con antelación, sin que hasta el día de la fecha hayamos recibido contestación alguna por parte del Ministerio”.
En un comunicado, SCIF asegura que esas quejas las han trasladado al Defensor del Pueblo y a todos los Grupos Parlamentarios y solicita al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que les informe personalmente de las medidas que se van a tomar para garantizar la continuidad asistencial de los beneficiarios. “Asimismo, solicitamos que en dicha reunión se dé traslado de los informes remitidos por las entidades médicas sobre el impacto del concierto, así como el informe de la AIReF”.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, ha enviado un mensaje de tranquilidad a los funcionarios de la región y les ha prometido que se hará cargo de su cobertura sanitaria en el caso, dice, “de que sean abandonados por el Gobierno”.
Y mientras tanto, los plazos se van estrechando cada vez más. Según el concurso, el objetivo es que el nuevo concierto se inicie el 1 de abril y se extienda hasta el 31 de diciembre de 2027 con un presupuesto base de 4.134,9 millones.
En esta última propuesta, el ministro de Transformación Digital y para la Función Pública, Óscar López, dijo haber realizado un gran esfuerzo para garantizar la renovación del concierto de Muface con una subida acumulada de 33.5% en tres años. Adeslas, la primera en negarse a la propuesta, pedía una subida de un 47% y habla de pérdidas de 250 millones de euros en los próximos tres años con la propuesta actual. Un callejón, por el momento, sin salida que mantiene en vilo a un millón y medio de funcionarios.