La ocupación ilegal de viviendas, uno de los problemas más discutidos en España, está a punto de experimentar un cambio radical gracias a la nueva ley antiokupas. Esta reforma, destinada a agilizar los juicios por ocupación y garantizar desalojos exprés, promete transformar el panorama legal para propietarios y afectados. Con más de 15.000 ocupaciones registradas en 2023, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que fue aprobada en diciembre en el Congreso y el Senado se espera que entre en vigor antes de que finalice febrero.
¿Qué establece la nueva ley antiokupas?
La nueva ley antiokupas modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal para incluir los delitos de allanamiento y usurpación de morada en un procedimiento abreviado. Esto permitirá que los casos de ocupación ilegal sean juzgados en un plazo máximo de 15 días, frente a los 4 a 9 meses que suelen tardar actualmente. Además, los jueces tendrán un plazo de tres días para dictar sentencia tras el juicio.
Un piso okupado reivindica sus derechos y motivaciones en Barcelona | Shutterstock
Es importante distinguir entre los dos delitos afectados por la reforma:
- Allanamiento de morada: Se refiere a la ocupación de primeras o segundas viviendas y es considerado un delito grave. En este caso, la policía puede actuar de inmediato si los okupas llevan menos de 48 horas en la vivienda.
- Usurpación: Aplica a propiedades que no son primera o segunda vivienda. Es menos grave y requiere un juicio para proceder al desalojo.
Esta reforma elimina la necesidad de estudios de vulnerabilidad en ciertos casos. Eso acelerará aún más los procedimientos. Sin embargo, no incluye situaciones donde la ocupación ocurre tras el vencimiento de un contrato de alquiler, que seguirán un proceso judicial estándar.
El impacto de la nueva ley antiokupas
La nueva ley antiokupas pretende agilizar los procedimientos legales, pero también ofrecer un respaldo más sólido a los propietarios. Los desalojos exprés y la reducción de los plazos judiciales son medidas clave para combatir un problema que genera inseguridad y frustración entre los afectados.
En 2023, España registró más de 15.000 casos de ocupación ilegal. Aunque el Gobierno ha insistido en que este fenómeno está disminuyendo, las cifras muestran una realidad preocupante. La reforma pretende enviar un mensaje claro: la ocupación ilegal no será tolerada y quienes la practiquen enfrentarán consecuencias rápidas y contundentes.
Los propietarios, que hasta ahora se enfrentaban a procesos largos y costosos, tendrán la posibilidad de recuperar sus viviendas en plazos significativamente más cortos. Esto también reducirá el impacto económico y emocional que supone enfrentarse a una situación de ocupación ilegal.