El futuro de Correos sigue en el aire mientras el Gobierno y la oposición debaten cómo garantizar su viabilidad económica. La compañía postal pública ha perdido 1.000 millones de euros en los últimos cinco años. Una situación que ha llevado al Ejecutivo a intentar impulsar un paquete de medidas que refuercen su sostenibilidad. Sin embargo, las diferencias políticas han complicado su aprobación en el Congreso.
El Partido Popular ha exigido que cualquier plan para Correos se tramite como un decreto ley exclusivo de materia postal, en lugar de incluirse en un paquete de medidas de distinto ámbito. Mientras tanto, el Gobierno busca soluciones para asegurar la prestación del Servicio Postal Universal (SPU) y ampliar las competencias de la empresa pública.
Correos en crisis: una empresa con pérdidas millonarias
La situación de Correos ha sido motivo de preocupación en los últimos años. Bajo la presidencia de Juan Manuel Serrano, la empresa ha acumulado pérdidas superiores a los 1.000 millones de euros, lo que ha puesto en duda su sostenibilidad a largo plazo.
Uno de los principales problemas de Correos es la caída en el envío de correspondencia tradicional. Una tendencia que se ha acelerado con la digitalización y el auge de las comunicaciones electrónicas. Esto ha reducido drásticamente los ingresos de la compañía, que se ha visto obligada a buscar nuevas fuentes de financiación para garantizar su funcionamiento.
El plan para salvar Correos en un momento de crisis financiera
Para hacer frente a la crisis de Correos, el Ejecutivo introdujo una modificación legal en el primer decreto ómnibus, un paquete de medidas que abordaba distintas áreas económicas y administrativas. Entre los cambios propuestos, se incluían:
- Ampliación del plazo en el que Correos seguirá siendo el operador designado para prestar el Servicio Postal Universal (SPU).
- Habilitación de Correos para prestar Servicios de Interés Económico General (SIEG), como gestiones administrativas y financieras, lo que permitiría diversificar sus ingresos.
- Regulación del sistema de compensación a Correos por la prestación de estos nuevos servicios, asegurando que la empresa reciba financiación por asumir estas responsabilidades.
Sin embargo, este decreto fue derogado en el Congreso tras el rechazo de PP, Vox y Junts, lo que dejó en suspenso las medidas dirigidas a garantizar el futuro de Correos.
El bloqueo político y la exigencia del PP
Tras el rechazo del primer decreto, el Gobierno presentó un segundo decreto ómnibus, pero en esta ocasión se eliminaron todas las medidas relacionadas con Correos.
Ante esta situación, el PP ha exigido que el plan para Correos se tramite por separado, a través de un real decreto ley exclusivo sobre materia postal. Según los populares, esto permitiría un debate más claro y específico en el Congreso sobre el futuro de la empresa pública, sin que la medida quede diluida en un paquete más amplio de reformas económicas.
El PP ha registrado una proposición no de ley firmada por los diputados Celso Delgado y Jaime de Olano, en la que insta al Gobierno a aprobar un real decreto ley centrado únicamente en la modificación de la Ley del Servicio Postal Universal, los derechos de los usuarios y el mercado postal.