Rafael tiene un piso en propiedad a las afueras de Madrid que alquila “a un precio razonable”. Sabe perfectamente que los gastos de gestión de la inmobiliaria los tiene que pagar él y no los inquilinos. Pero no todo el mundo lo tiene tan claro y algunas agencias juegan con el desconocimiento y con la necesidad habitacional de los que buscan vivienda para aplicar comisiones ilegales.
Es un secreto a voces que ahora el ministerio de Consumo está investigando después de las denuncias de varias asociaciones de consumidores. Nadie duda del papel fundamental que juegan las inmobiliarias en el alquiler de viviendas en España. Son el intermediario entre el propietario y el inquilino y cada vez proliferan más en un país con escasa oferta y extensa demanda. Hay en torno a 30.000 agencias y algunas de ellas, un porcentaje todavía sin definir, realizan estas prácticas abusivas, como cobrar los gastos de gestión al alquilado, algo que es absolutamente ilegal. El ministerio de Consumo ha abierto una investigación a varias inmobiliarias en todo el territorio español porque ha constatado que existen extralimitaciones que perjudican al eslabón más débil: el inquilino.
El ministerio dirigido por Pablo Bustinduy ha confirmado casos en los que se ha obligado al inquilino a pagar una mensualidad extra por la gestión del arrendamiento o a firmar contratos temporales sin justificar esta temporalidad. Incluso se dan casos donde la inmobiliaria cobra solo por visitar el piso a alquilar. “La vivienda es un derecho y un bien de primera necesidad amparado por la Ley de Arrendamientos Urbanos, normativa que impide a las agencias inmobiliarias incluir cláusulas o prácticas que atenten contra los derechos que tienen los inquilinos. Además, estas cláusulas o prácticas podrían ser constitutivas de diversas infracciones recogidas en el artículo 47 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias”, reza la nota del ministerio.
Y las multas por incumplir la ley son muy cuantiosas. Si se trata de una infracción grave, puede alcanzar los 100.000 euros pero en el caso de las infracciones muy graves, las multas ascienden al millón de euros. “Sobre los derechos de los inquilinos, desde Consumo ya se han llevado a cabo acciones informativas con los operadores del mercado sobre potenciales conductas abusivas en los contratos de alquiler. Se tratarían de prácticas que también son contrarias a la normativa vigente como exigir a inquilinos e inquilinas el pago de fianzas desproporcionadas, que asuman garantías adicionales o que tengan que pagar mensualidades adelantadas”.
En el otro lado de la moneda están las agencias inmobiliarias, que se han sentido atacadas por el Gobierno. La Federación de Asociaciones Inmobiliarias, FAI, pide prudencia para evitar generalizar ya que, asegura, son una minoría las empresas que cometen fraude. Un sector que está formado por 120.000 profesionales, en su mayoría, honestos. “No obstante, ante las malas prácticas premeditadas de unos pocos, tolerancia cero por parte del sector, como venimos diciendo desde siempre. Lo que conocemos son casos a través de los medios de comunicación, pero desde FAI no tenemos datos concretos al respecto, Además. nuestra postura es clara: los atajos no sirven. La Ley hay que cumplirla pese a que consideremos que es una ley que no está solucionando el grave problema del alquiler, más bien está siendo contraproducente, ya que perjudica a quién pretende ayudar: al inquilino”.
Según la Patronal, el problema de la subida de precios del alquiler no tiene que ver con ellos, con los honorarios que reciben. “Estamos ante la emergencia habitacional más grave de los últimos 50 años y consideramos que hay que poner el foco en las verdaderas causas que lo están provocando”, dice. Como la retirada de viviendas en alquiler, la economía sumergida y los contratos con condiciones cada vez más duras. “En definitiva, más opacidad del mercado, así como mayor dificultad y desprotección de los inquilinos. Y para los propietarios, la búsqueda de inquilinos será más compleja e insegura, y en caso de impago, los procesos para recuperar la vivienda serán aún más complicados. Al final, ambos estarán firmando contratos con mayor desprotección. Por ello, desde FAI reivindicamos el papel de las agencias inmobiliarias, ya que el proceso de un alquiler es complejo y precisamente el trabajo de los agentes es facilitar acuerdos y evitar problemas a ambas partes Precisamente, el agente inmobiliario es el que da garantía a ambas partes con una labor intensa de contención de rentas, promoviendo contratos legales y priorizando siempre la mayor duración de los alquileres”.
Agencias inmobiliarias sí, pero con todas las garantías.