A partir de este jueves 3 de abril de 2025, entra en vigor en España una nueva ley destinada a agilizar el desalojo de okupas y endurecer las penas para quienes ocupen ilegalmente viviendas. Con esta reforma, los casos de allanamiento de morada y usurpación de inmuebles se tramitarán mediante un procedimiento de juicio rápido, reduciendo significativamente los tiempos de resolución y facilitando la restitución de la vivienda a su legítimo propietario. En la que era una de las grandes demandas al actual Gobierno y responda a algunas de las mayores preocupaciones sociales de los últimos años.
Principales cambios de la nueva ley antiokupas
Uno de los aspectos más relevantes de la nueva legislación es que permitirá que los okupas sean juzgados en un plazo máximo de 15 días desde su puesta a disposición judicial. Esto supone un cambio clave, ya que hasta ahora los propietarios tenían que enfrentarse a largos procesos legales que podían durar meses o incluso años antes de recuperar sus viviendas.
La reforma modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal para incluir la ocupación ilegal de inmuebles dentro de los delitos que pueden resolverse por la vía rápida. En la práctica, esto significa que los jueces podrán ordenar desalojos con mayor rapidez, evitando que los okupas prolonguen su estancia en la vivienda mediante recursos legales.
La ley distingue dos tipos de okupación, cada una con consecuencias diferentes:
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Allanamiento de morada: Se produce cuando una persona ocupa ilegalmente una vivienda que constituye el domicilio habitual de alguien. Este es un delito grave, ya que atenta contra la inviolabilidad del hogar. En estos casos, la Policía puede intervenir de inmediato y proceder al desalojo sin necesidad de una orden judicial.
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Usurpación de vivienda: Se da cuando la ocupación ilegal afecta a una vivienda vacía o que no es residencia habitual del propietario. Aunque no se considera un delito tan grave como el allanamiento, con la nueva ley los desalojos podrán ordenarse en un plazo más corto, evitando que los okupas alarguen el proceso con recursos judiciales.
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El nuevo proceso de desalojo
Con la nueva normativa, una vez presentada la denuncia, el propietario será citado como perjudicado y los okupas como investigados. Si estos no pueden acreditar ningún derecho sobre la vivienda, el juez podrá ordenar el desalojo inmediato tras el juicio.
Además, se endurecen las penas para aquellos que ocupen una vivienda utilizando la violencia o intimidando a sus propietarios. En estos casos, los okupas podrían enfrentarse a penas de prisión, en lugar de simples multas económicas.
Los okupas en situación de vulnerabilidad en esta nueva ley
Uno de los puntos más polémicos de la ley es la eliminación del estudio de vulnerabilidad para los okupas cuando se trata de allanamiento o usurpación. Hasta ahora, en algunos casos, los jueces paralizaban los desalojos si los okupas demostraban encontrarse en una situación económica o social desfavorable. Con la nueva normativa, esta protección deja de aplicarse a quienes han cometido un delito de ocupación ilegal, priorizando la restitución de la vivienda a su dueño.
Casos en los que la ley no se aplicará
Por otro lado, hay casos en los que esta nueva ley no entrará, por ejemplo con lis “inquiokupas”, es decir, los inquilinos que dejan de pagar el alquiler y se niegan a abandonar la vivienda. En estos casos, los propietarios seguirán teniendo que recurrir a los procedimientos de desahucio tradicionales, que pueden ser más largos y complejos.
Con esta reforma, el Gobierno busca frenar el fenómeno de la okupación ilegal y ofrecer una respuesta más ágil y efectiva a los propietarios afectados. Sin embargo, el debate sigue abierto, ya que algunos sectores consideran que es necesario equilibrar la protección de los derechos de los propietarios con soluciones habitacionales para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.