El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles, 9 de abril, el Real Decreto-ley 4/2025, por el que el Gobierno activa un paquete urgente de medidas para hacer frente al incremento de aranceles anunciado por Estados Unidos. Bajo el nombre de Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial, la norma moviliza un total de 14.100 millones de euros, con el doble objetivo de proteger al tejido empresarial más expuesto al comercio con EE UU y reforzar su proyección internacional. Del total movilizado, 7.400 millones corresponden a nueva financiación y otros 6.700 millones proceden de instrumentos ya existentes.
De esta cifra, 7.720 millones de euros en ayudas financieras entran en vigor desde este mismo miércoles, según recoge el propio decreto. Este paquete da respuesta a la imposición de aranceles del 20% por parte de Estados Unidos a las exportaciones europeas, que también entran hoy en aplicación. El objetivo, según subrayó en el Congreso de los Diputados el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, el objetivo es “tejer un escudo que proteja a la economía española” frente al mayor “shock comercial de los últimos 100 años”.
Reparto territorial
Una de las principales novedades del real decreto es su enfoque territorial. En su disposición adicional segunda -‘Garantía de proporcionalidad territorial en la aplicación de los fondos’- se establece que el reparto de las ayudas se hará en función del peso relativo de las exportaciones de bienes a Estados Unidos por parte de las empresas de cada comunidad autónoma. Se indica expresamente que se prestará “particular atención a las regiones que tengan una mayor exposición” al mercado estadounidense. Este criterio se basará en los datos de exportaciones correspondientes al año 2024 y servirá como guía para canalizar los instrumentos financieros de”forma proporcionada y objetiva”.
Tal y como adelantó Junts, se trata de un acuerdo político con el Ejecutivo por el cual las comunidades autónomas recibirán recursos conforme a su peso exportador a EE UU y así ha quedado refleado en la norma. Según cálculos de esta formación, Cataluña percibirá el 25 % del total de fondos, lo que equivaldría a más de 3.000 millones de euros. El Gobierno, por su parte, ha matizado que no habrá una competencia territorial directa en la distribución, ya que las ayudas se concederán a demanda de las empresas, y que, si fuera necesario, se ampliaría la dotación; si bien el texto claramente recoge este reparto con criterios territoriales.
Exportaciones en 2024
Según los datos de DataComex, cinco comunidades autónomas concentran cerca del 80 % de las exportaciones españolas a EEUU. Las dos principales -en orden de importancia- son Cataluña, con 4.351 millones de euros (24% del total), y Andalucía, con 3.138 millones (17,26%). Les siguen la Comunidad Valenciana, con 2.850 millones (15,68%), Madrid, con 2.149 millones (11,82%) y el País Vasco, con 1.991,76 millones (11,96%).
En este contexto, el decreto prevé la participación activa de las comunidades autónomas en el seguimiento de la aplicación del plan, así como la articulación de mecanismos “orientados a garantizar la transparencia, la equidad y la coherencia de la distribución con el citado criterio objetivo”. El Ejecutivo central se compromete a remitir informes trimestrales al Congreso de los Diputados, con datos desglosados por territorio, sector y beneficiarios.
Criterios de ejecución
Asimismo, la norma -en su disposición adicional tercera, relativa a los criterios de ejecución- establece que la gestión de los fondos “no podrá estar condicionada a criterios de oportunidad política o arbitrariedad del órgano concedente”.
Detalle de las medidas
Tal y como recoge el texto en sus seis artículos, el plan se articula en torno a diversas líneas de actuación. Una de las más relevantes es la creación de una línea de avales ICO por valor de 5.000 millones de euros, destinada a financiar necesidades de liquidez o de inversión de empresas con exposición directa o indirecta al mercado estadounidense. Estas ayudas cubrirán tanto a exportadoras como a proveedoras de otras compañías con actividad en EE. UU., y podrán solicitarse hasta el 30 de junio de 2026, aunque el plazo podrá ampliarse mediante acuerdo del Consejo de Ministros.
También se ha aprobado una nueva línea ICO adicional de 1.000 millones, orientada a apoyar proyectos de inversión industrial, y un fondo de 200 millones para financiar o capitalizar nuevas plantas productivas. Además, el Gobierno recanalizará 5.000 millones procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con el fin de reorientar la capacidad productiva de los sectores más afectados.
Internacionalización
El decreto refuerza también el papel del Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), cuyo límite de operaciones anuales se incrementa de 500 a 700 millones. Además, se autorizan operaciones de carácter no reembolsable hasta un máximo de 20 millones, con el objetivo de apoyar proyectos estratégicos de diversificación hacia terceros países. Este refuerzo, según fuentes del Ministerio, es resultado de las negociaciones con los grupos parlamentarios, e incorpora 220 millones más respecto a lo inicialmente previsto. El Gobierno también ha anunciado que en los próximos días se presentará un plan específico de ICEX que prestará asistencia directa a unas 500 empresas exportadoras a EEUU afectadas por los aranceles. Las líneas de actuación están abiertas a nuevas ampliaciones en función de la evolución de la situación.
Por su parte, la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE) verá ampliado su límite de cobertura por cuenta del Estado de los actuales 9.000 millones hasta los 15.000 millones de euros. Dentro de este refuerzo, se movilizan 2.000 millones en coberturas específicas para operaciones de internacionalización que permitirán cubrir riesgos comerciales, políticos o extraordinarios en mercados exteriores. Según se detalla en la exposición de motivos, estas garantías públicas son especialmente relevantes para muchas pymes, que de otro modo no podrían asumir los riesgos asociados a vender o invertir fuera de España.
Ajuste de intereses
Otro de los instrumentos reforzados es el sistema de ajuste recíproco de intereses (CARI), gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). El Gobierno habilita la posibilidad de compensar las pérdidas del sistema mediante deuda pública, garantizando así su viabilidad a largo plazo. El CARI permite a las empresas neutralizar el impacto de las subidas de tipos de interés en operaciones internacionales, una herramienta especialmente útil en el actual contexto de volatilidad financiera.
Seguimiento y rendición de cuentas
El decreto contempla también la extensión de la moratoria contable hasta finales de 2025, para que las empresas con pérdidas en 2020 y 2021 tengan más margen para recuperar su equilibrio patrimonial. Las compañías que ya hubieran formulado sus cuentas de 2024 antes de la entrada en vigor del decreto podrán reformularlas en el plazo de un mes y convocar una nueva junta en los tres meses siguientes.
Según prevé la norma, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, deberá comparecer trimestralmente ante la Comisión correspondiente del Congreso para informar sobre la evolución del plan. Hoy tiene lugar su primera comparecencia. El jueves, 10 de abril, además, se reunirá con las comunidades autónomas para abordar el impacto territorial de la política comercial de la administración Trump. “Esperamos que esta sea una construcción conjunta, con el respaldo del diálogo social, los sectores, los grupos parlamentarios y las comunidades autónomas”, declaró el ministro. “Esperamos también que esa sea la vía por la que transite el voto del Partido Popular, y del resto de grupos parlamentarios”, añadió en el pleno de la Cámara Baja.