Existe obligación de que las empresas con más de 50 personas en plantilla tengan suscrito un Plan de Igualdad con los representantes de los trabajadores, en virtud del Real Decreto de 2020 que actualizó el aprobado una década atrás. Uno de los requisitos de los planes de igualdad es que estén ratificados por las dos partes implicadas, es decir, la empresa y los representantes de los trabajadores.
La complejidad surge con las empresas de menor tamaño que no tienen representación sindical, y máxime en un país cuyo tejido empresarial está compuesto esencialmente por pymes. En estos casos, en aplicación del artículo 5 del Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, “en las empresas donde no existan las representaciones legales […] se creará una comisión negociadora constituida, de un lado, por la representación de la empresa y, de otro lado, por una representación de las personas trabajadoras, integrada por los sindicatos más representativos y por los sindicatos representativos del sector al que pertenezca la empresa y con legitimación para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación”.
Según explican CC.OO. y UGT, su participación en este tipo de empresas está suponiendo una complejidad adicional, porque tienen que atender estas demandas con los recursos de sus afiliados y porque a veces las empresas buscan una rápida resolución, sin que haya posibilidad de tener reuniones con la plantilla, sin acceder a los datos que se solicitan o sin abordar unas negociones que llevan su tiempo.
Sin acuerdo
De esta forma, una fórmula que están siguiendo algunas empresas es inscribir sus planes de igualdad sin el preceptivo acuerdo con los representantes de los trabajadores. Sin ir más lejos, ayer se inscribieron cuatro nuevos planes bajo esta modalidad. En todos ellos se señala en el apartado de partes suscriptoras la imposibilidad de contar con los sindicatos mayoritarios, por lo que se procede a su aplicación, en algunos casos, con terceros en representación de los trabajadores y, en otros, de forma temporal hasta que pueda ser sustituido por un plan negociado.
Así, actualmente, figuran 725 planes inscritos en esta modalidad no consensuada con los sindicatos, lo que supone un 4,8% del total (15.162 planes en vigor), según los últimos datos del Registro y Depósito de Convenios Colectivos, Acuerdos Colectivos de Trabajo y Planes de Igualdad (REGCON) del Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Para CCOO, los planes de igualdad son un “instrumento fundamental para llevar la igualdad y la justicia social a las empresas y recuerda que la jurisprudencia del Tribunal Supremo es clara: los planes de igualdad han de contar con el acuerdo de la empresa y de la representación de los trabajadores y trabajadoras, condición que en ningún caso ostentan las comisiones `ad hoc´”.
Posiciones
“Estamos ante una herramienta muy seria, en la que tenemos que hacer un diagnóstico y hacer la valoración de los puestos de trabajo o revisar los registros salariales para determinar la situación en cada en empresa y poder así pensar en las medidas más adecuadas, medidas que además deben ser evaluables”, explicó la secretaria confederal de Mujeres e Igualdad de CC.OO., Carolina Vidal.
“Además de esto, hay empresas que teniendo la obligación desde 2007 no la han acometido y ahora vienen con prisas. En el sindicato no estamos para atender estas urgencias”, apostilló.
“Nosotros no vamos a poner nuestro sello en los planes porque a alguien le apetezca que los pongamos; los pondremos en función de la evaluación que hagamos del plan y de la seguridad de que efectivamente cumple los parámetros necesarios para erradicar la desigualdad que se produce en los planes”, señaló recientemente el secretario general de UGT, Pepe Álvarez.
En su opinión, “el Gobierno cuando hace una ley y da obligaciones, es evidente que las tiene que pagar. No me parece muy normal que se diga que usted tiene que hacer esto y esto y no se señale quién va a asumir el coste”.
Pese a todo, se va avanzando. Para Vidal, es un dato positivo “que de las más de 30.000 empresas que actualmente tienen la obligación de tener plan de igualdad en nuestro país, al cierre de 2023 en torno al 35% lo tenían registrado y en activo. El porcentaje es mayor en las empresas con representación sindical, donde alcanza el 45%. A esta cifra se suman todas las que actualmente tienen las negociaciones abiertas”.