El problema de la vivienda en Europa se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de los últimos años. Entre 2010 y 2023, los precios de la vivienda y de los alquileres aumentaron drásticamente en la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea. Según Eurostat, los alquileres subieron casi un 23% y los precios de compra de viviendas aumentaron un 48%. Países como Estonia, Lituania e Irlanda experimentaron los mayores incrementos, con aumentos superiores al 100%. Es una crisis que afecta principalmente a los jóvenes y a los grupos más vulnerables, que terminan dedicando un porcentaje enorme de sus ingresos a gastos relacionados con la vivienda.
Acceder a una vivienda asequible se ha convertido en un reto para muchas personas, especialmente para aquellos con ingresos bajos. En 2022, el 19,6% del ingreso disponible promedio en la UE se destinaba a pagar alquiler o hipoteca, pero para las personas en riesgo de pobreza, esta cifra ascendía al 38%. Además, la dificultad para encontrar una vivienda asequible ha retrasado la edad promedio en la que los europeos abandonan el hogar parental, situándose en los 26,4 años.
Comparada al resto de la UE, la situación en España es descorazonadora, sobre todo para los jóvenes. En 2023, los alquileres en España han aumentado un 9,5% en un solo año, alcanzando un promedio de 12 euros por metro cuadrado, lo que lo sitúa en niveles comparables a los de otros países europeos como Alemania, donde los alquileres han subido un 7% entre 2021 y 2023. En contraste, en Francia, los aumentos han sido más moderados, con un límite legal de incrementos del 3,5% hasta marzo de 2024. Pero es verdad que los salarios en España no han seguido el mismo ritmo, con lo que cada vez es mas difícil acceder a una vivienda asequible
¿Qué se puede hacer?
Durante la última legislatura de la Comisión Europea, presidida por Ursula von der Leyen, el tema de la vivienda cobró importancia sobre todo en los últimos meses -cuando ya era un poco tarde para tomar decisiones de peso-. Julio de 2023 fue cuando Von der Leyen reconoció ante el Parlamento Europeo la magnitud del problema, al afirmar que: “La gente está luchando para encontrar hogares asequibles“. A raíz de estas declaraciones, a finales de 2023, la Comisión propuso el primer Plan Europeo de Vivienda asequible, que incluye la creación de un comisario específico para abordar este desafío. Es el danés Dan Jørgensen, quien asume la cartera de Vivienda y Energía.
Además, la Comisión ha colaborado con el Banco Europeo de Inversiones para desarrollar una plataforma paneuropea de inversión en vivienda asequible y sostenible. La plataforma tiene como objetivo atraer inversiones públicas y privadas para aumentar la oferta de viviendas asequibles, abordando las deficiencias de inversión en el sector de la construcción. Aparte, Bruselas también ha propuesto duplicar las inversiones de los fondos de cohesión destinados a la construcción de viviendas asequibles.
Otro factor clave en la estrategia de la Comisión es la lucha contra la pobreza energética, un problema que afecta a muchos hogares vulnerables en Europa. A través del Fondo Social para el Clima, se pretende financiar la renovación energética de las viviendas, mejorando la eficiencia energética de los hogares más necesitados. Esta iniciativa movilizará al menos 86.700 millones de euros entre 2026 y 2032.
Un problema profundo
El problema de la vivienda ha generado protestas en varias ciudades europeas, como Dublín, Ámsterdam y Lisboa, donde los ciudadanos salieron a las calles para denunciar su preocupación por el aumento de los precios de alquiler y la falta de vivienda asequible. En algunos países, como Irlanda, la crisis de la vivienda está impulsando narrativas xenófobas y anti-inmigración, con el argumento de que la llegada de inmigrantes agrava la situación del mercado inmobiliario.
A nivel legislativo, algunos países ya se han puesto manos a la obra e implementado políticas exitosas para enfrentar la crisis de la vivienda. Finlandia, por ejemplo, tiene la estrategia “Housing First”, que ha logrado reducir hasta cierto nivel la falta de vivienda. ¿Cómo? Mediante la promoción de viviendas estables a las personas sin hogar antes de abordar otros problemas. A día de hoy, se percibe como un modelo a seguir por otros Estados miembros.
Sin embargo, en otros países de la UE, el stock de vivienda social es limitado. En países como España, la República Checa, Letonia, Lituania y Luxemburgo, las viviendas sociales representan menos del 2% del parque habitacional total. En contraste, países como Francia tienen una proporción sustancialmente mayor de viviendas con alquileres subsidiados, que benefician a entre el 17% y el 18% de los hogares.
Otro punto de debate: la regulación del mercado inmobiliario. Algunos sectores políticos han pedido la regulación de los alquileres a corto plazo, especialmente los ofrecidos a través de plataformas como Airbnb, que muchos consideran responsables del aumento de los precios de alquiler en ciudades turísticas. No obstante, estas propuestas no han sido incluidas en el actual programa legislativo de la Comisión.
De cara al futuro
Lo que es seguro es que la nueva legislatura de la Comisión Europea va a tener un enfoque más activo en la política de vivienda. David Rinaldi, director de políticas de la Fundación para Estudios Europeos Progresistas, señaló que “la Unión debe entregar un plan de vivienda que no solo se dirija a los más necesitados, sino que responda a una crisis que afecta a todos“. Por eso, el plan debería abarcar a estudiantes, familias monoparentales y jóvenes trabajadores, quienes también sufren las consecuencias del aumento de los precios de la vivienda.
Y el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, subrayó la importancia de adoptar un enfoque integral para abordar el problema de la vivienda. Según Schinas, “el acceso a una vivienda asequible sustenta no solo la cohesión social, sino también el crecimiento económico”. De cara a estas afirmaciones, la Comisión pretende lanzar una estrategia que se centre en las inversiones y reformas necesarias, además de ofrecer asistencia técnica a los Estados miembros y ciudades para mejorar la construcción de viviendas asequibles.