Banco Santander da un paso al frente en la batalla contra el nuevo impuesto a la banca. La entidad presidida por Ana Botín ha avanzado, al igual que Unicaja, que recurrirá el diseño del nuevo gravamen como ya lo hizo con el anterior, mientras que el resto de entidades no se han pronunciado al respecto. Será una acción individual como en 2023, sin perjuicio de la estrategia de la patronal bancaria.
La Asociación Española de Banca (AEB), que lidera Alejandra Kindelán, en un comunicado conjunto con la patronal de las cajas ahorros (CECA), también adelantó su determinación de emprender acciones legales contra el nuevo gravamen, que según sus estimaciones restará 50.000 millones de euros de nueva financiación a familias y empresas.
Impacto
En el marco de su reforma fiscal, el Congreso aprobó finalmente un nuevo gravamen temporal a la banca que tiene un mayor impacto en las entidades de mayor tamaño. Este tendrá una duración inicial de tres años y establece un tipo progresivo sobre los márgenes de intereses y comisiones de cada entidad, que será del 1% hasta los 750 millones, del 3,5% hasta los 1.500 millones, del 4,8% hasta los 3.000 millones, del 6% hasta los 5.000 millones y del 7% desde 5.000 millones en adelante.
De esta forma, CaixaBank, BBVA y Santander tendrán un tipo del 7% al registrar ingresos por encima de los 5.000 millones de euros, mientras que Sabadell estaría gravada por el tipo del 6% y Bankinter y Unicaja, estarían en el rango del 4,8%, según informa Europa Press.
En 2024, el gravamen de las entidades de crédito supuso una recaudación de 1.695 millones de euros. Hasta ahora, se han visto afectadas entidades y establecimientos financieros de crédito cuyos ingresos por comisiones e intereses a los clientes superasen los 800 millones de euros. En este caso, la base imponible es la suma del margen de intereses y de los ingresos y gastos por comisiones, y el porcentaje aplicable es del 4,8%.
Se incluye también una deducción “extraordinaria” para cuando las entidades reduzcan su rentabilidad por activos por debajo del 0,7%. A su vez cambio en la estructura del gravamen temporal a la banca, que pasa de ser una prestación patrimonial a un impuesto, implica que las haciendas forales y las comunidades autónomas lo podrán gestionar.
Argumentación legal
Para las patronales bancarias, el impuesto supone la fragmentación del mercado interior por su diferente aplicación entre comunidades autónomas, además del señalamiento de un sector cuyo objetivo es trabajar por el crecimiento económico y el progreso social.
Un día antes, la Federación Bancaria Europea (EBF, por sus siglas en inglés) salió ‘in extremis’ en defensa de sus socios españoles y criticó que impuestos adicionales al sector se conviertan en una “herramienta política crónica” justo cuando la región necesita de inversiones para asegurar su competitividad.
Fuentes del sector consultadas por Europa Press afirman que si antes lo consideraban “inconstitucional” por ser un impuesto “encubierto”, ahora es el Gobierno y sus socios de investidura los que “lo reconocen al aprobarlo como impuesto” y no como prestación patrimonial. Así, consideran que sigue sin cumplir los principios de la Ley General Tributaria para los impuestos y, en especial, el de capacidad económica, que se recoge en el artículo 31 de la Constitución.
Banco de España
Sobre el nuevo impuesto se pronunció también el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, quien abogó por evitar penalizar ciertos tipos de negocio “algo más arriesgados” como el crédito a pymes, que necesita mayores provisiones frente a los préstamos a grandes empresas.
Escrivá, que compareció por primera vez en la Comisión de Economía del Congreso, justo al término del Pleno que aprobó la reforma fiscal, explicó que es el Banco Central Europeo (BCE) el que tiene que dar su opinión sobre el impuesto, como ya lo hizo en noviembre de 2022 con el diseño anterior del impuesto a la banca.
Admitió que se podría haber solicitado al Banco de España una contribución al respecto, algo que ha señalado “no ha sido así”. Si bien no entró a valorar a quién gravar, cómo gravar y cómo se redistribuye la riqueza, una cuestión que depende del legislador, Escrivá señaló que sí puede abordar la cuestión de lo que le parece deseable para que el impuesto “no tenga efectos indeseados y no buscados” por el propio poder legislativo.
Defensa del Cliente Financiero
Por otra parte, el pleno del Congreso rechazó una enmienda a la totalidad del PP al proyecto de ley por el que se crea la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, una nueva agencia de supervisión que tiene por objeto unificar las reclamaciones entre clientes y entidades financieras.
Según explicó el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, este nuevo organismo -para cuya puesta en marcha se avanza con su tramitación parlamentaria- dotará a los clientes de la posibilidad de reclamar de manera “gratuita” y “ágil” los conflictos que tengan con entidades financieras.