Hay veces que el ser humano piensa que lo que no se cuenta, no existe. Por muy delante de los ojos que lo tengamos. Hasta que se dice en voz alta o se pone por escrito y la tinta define la realidad. Pues el Banco de España ha constatado con cifras una certeza que ya se sabía sobre el problema de la vivienda pero que ahora se hace oficial: que los inquilinos se han convertido en una población vulnerable. Según un estudio del banco supervisor, el 45% de la población en alquiler en el período 2015-2023 se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social.
Es difícil ahorrar el dinero suficiente como para pagar la entrada de una vivienda en propiedad y los españoles, especialmente los jóvenes, se ven obligados a vivir de alquiler si quieren independizarse. Según este informe sobre vivienda, el número de personas que vive de arrendamiento ha crecido un 57% desde 2007 y suman en total nueve millones de inquilinos.
Tener casa propia es un lujo que pocos se pueden permitir cuando, no hace tantos años, en 2007, el 57% de los jóvenes menores de 29 años vivía en una vivienda en propiedad. Hoy ese porcentaje de privilegiados se ha reducido hasta el 29%. “Más de tres cuartas partes de los hogares no dispondrían de los ahorros necesarios para satisfacer el pago inicial y los gastos asociados a la adquisición de una vivienda, ni su renta les permitiría hacer frente a una cuota hipotecaria”.
La vivienda se come la nómina
Y mientras los expertos aconsejan dedicar como máximo un tercio del salario al pago de la vivienda, los precios de los alquileres por las nubes lanzan a los inquilinos a dedicar más del 50%, 60% e incluso el 75% de su nómina a pagar la casa, lo que les deja sin apenas margen para hacer frente al resto de facturas y por supuesto, sin oportunidades para ahorrar.
Si hay un consenso entre partidos políticos y expertos inmobiliarios, es que hay escasa oferta y mucha demanda. La vivienda social en España solo supone el 2,5% del total mientras que la media en la Unión Europea es del 9,3%. Según las estimaciones del Banco de España, se necesita 1,5 millones de viviendas en alquiler social. Pero el supervisor no solo hace una radiografía de la situación de emergencia que vive el país en este sentido sino que plantea soluciones, como la intervención pública. “Un elevado esfuerzo asociado al alquiler de vivienda puede dar lugar a efectos económicos y sociales adversos que justifican la intervención pública”, dice el texto.
Según el banco supervisor, “estos significativos esfuerzos dificultan la emancipación de los jóvenes y su capacidad de acumulación de capital humano, disminuyen la movilidad geográfica de los trabajadores, y dan lugar a situaciones tanto de sobresfuerzo y consumo restringido como de pobreza y exclusión social entre los hogares con menores ingresos”, apunta el informe El mercado del alquiler de vivienda residencial en España: Evolución reciente, determinantes e indicadores de esfuerzo.
Las viviendas necesarias
También le pone cifras a la falta de vivienda nueva. Se deberían construir casi medio millón de casas, 485.000 en los dos últimos años para paliar el déficit actual, sobre todo en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia y Alicante. Cuando en la actualidad apenas se construyen 100.000 al año, que es un quinto de la verdadera necesidad. Y llama la atención cómo cada vez más extranjeros se convierten en propietarios. El 20% de las compras y otra apreciación importante: la mitad no vive en España.
El Banco de España constata otra realidad que ya ha denunciado en varias ocasiones el Sindicato de Inquilinas, que los arrendadores aprovechan la firma de los nuevos contratos para subir los precios del alquiler. La revalorización anual sí se hace de acuerdo con el IPC (ahora topado) pero cuando finaliza el contrato, el propietario aprovecha para subir, de media, entre un 7,5% y un 10% el precio original. Muchas de las personas que se manifestaron por una vivienda digna el 13 de octubre hablaban de ese miedo, que cuando finalice el contrato y deban renovarlo, los dueños le pidan un dinero que no puedan pagar.
El informe habla además de un aumento, en paralelo, del alquiler de temporada en un 45%. “Este aumento de la oferta se ha visto limitado ante el auge de usos alternativos de la vivienda (alquileres turísticos, de habitaciones y de temporada), el reducido parque de alquiler social y el escaso dinamismo de la inversión del sector privado institucional en el mercado del alquiler residencial”.
El rumbo legislativo
Y recomienda involucrar a todas las administraciones públicas para salir de esta situación y poner el foco especialmente en estimular la oferta. En el caso particular del alquiler, pide un “marco regulatorio que estimule la oferta de alquiler residencial por parte de los particulares y de agentes profesionalizados y que la asignación de los recursos pudiera priorizar actuaciones sobre los colectivos más vulnerables y considerar otros ámbitos que afectan al mercado de la vivienda, como los relativos al funcionamiento del mercado de trabajo, al dinamismo de la productividad de la economía y a las políticas tributarias y de transporte”.
Sin la ayuda mutua del Estado, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, no se conseguirá mejorar la vivienda en España. Ya se sabía pero el Banco de España lo ha hecho público y oficial.