Durante la jornada de ayer, el Congreso de los Diputados aprobó la derogación del decreto ley ómnibus que incluía un incremento significativo en las pensiones. Esto ha provocado una ola de indignación entre los pensionistas de todo el país. Con 177 votos en contra (PP, Vox y Junts) y 171 a favor, esta decisión supone un retroceso en las medidas que beneficiaban a miles de ciudadanos, especialmente a los colectivos más vulnerables. Pero, entonces, ¿qué pasa con las pensiones en febrero? ¿Bajan? ¿Suben? ¿Se mantienen estables?
El decreto ley aprobado el pasado mes de diciembre había establecido un aumento del 2,8% para las pensiones contributivas, un 6% para las pensiones mínimas y no contributivas, y un 9% para el Ingreso Mínimo Vital. Sin embargo, con la derogación de esta normativa, los pensionistas se enfrentan al riesgo de perder este incremento a partir de febrero. A menos que se apruebe una nueva legislación que garantice su aplicación, claro está.
Las pensiones en febrero: incertidumbre y descontento
El principal temor de las plataformas y movimientos de pensionistas es que, sin un marco legal que respalde el aumento, las pensiones en febrero retrocedan a niveles previos a la aprobación del decreto. Esto no solo afecta a los ingresos de millones de jubilados, sino también a la confianza en las instituciones públicas que deberían garantizar el bienestar de este sector poblacional.
Según denuncian estas organizaciones, la derogación también suspende otras medidas sociales importantes, como la prórroga de ayudas al transporte, la prohibición de cortes de suministros básicos a familias vulnerables y ayudas a los afectados por la DANA. Este retroceso afecta directamente a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, generando un malestar que amenaza con traducirse en movilizaciones masivas.
El comunicado oficial de la plataforma de pensionistas tras la derogación del decreto Ómnibus
Los portavoces de las principales plataformas de pensionistas han manifestado su rechazo contundente a lo que consideran una utilización partidista de las pensiones. Según denuncian, el sistema de pensiones se ha convertido en un terreno de disputa política, donde los derechos de los jubilados son negociados como si fueran moneda de cambio.
“El incremento de las pensiones, que venía garantizado en el decreto ley, no debería depender de estrategias partidistas,” afirman desde la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE). Además, recalcan que las pensiones son un derecho básico que no puede estar sujeto a los vaivenes políticos.
La movilización: un eco de 2018
Si la situación no se resuelve antes del 20 de febrero, las plataformas de pensionistas han anunciado una gran manifestación nacional. “Saldremos a la calle como lo hicimos en enero de 2018,” aseguran, en referencia a las multitudinarias protestas que obligaron al Gobierno de entonces a reconsiderar su política de pensiones. Esta convocatoria no solo busca revertir la derogación del decreto, sino también exigir garantías legales para que las pensiones en febrero y en el futuro no estén sujetas a decisiones arbitrarias. La lucha por una revalorización acorde al IPC y la protección de los derechos sociales son los pilares de estas movilizaciones.
La incertidumbre generada por esta derogación tiene un impacto directo en la economía de los pensionistas. Para muchos, el incremento del 2,8% o del 6% suponía un alivio en medio de un contexto de inflación creciente y aumento del coste de vida. Sin este aumento, miles de personas podrían enfrentarse a dificultades para cubrir sus necesidades básicas. Además, organizaciones como el Movimiento Andaluz por la Defensa de las Pensiones Públicas (MADPP) han advertido que la retirada de otras ayudas sociales podría agravar la precariedad de las familias más vulnerables, aumentando el riesgo de exclusión social.
¿Cuáles son las reivindicaciones de los pensionistas si no se soluciona la cuestión de las pensiones en febrero?
Entre las demandas de los pensionistas se encuentra la aprobación urgente de una nueva legislación que garantice el aumento de las pensiones en febrero y su vinculación permanente al IPC, como establece la Ley 21/2021. Esta ley, que había sido un logro significativo para el colectivo, ahora está en peligro de ser desmantelada. También exigen que se ponga fin a la instrumentalización política de las pensiones y se garantice un sistema público que proteja a todos los ciudadanos. La movilización del 22 de febrero pretende ser un recordatorio contundente de que los derechos sociales no son negociables.
Las organizaciones convocantes, como COESPE, EHPM, MADPP, MODEPEN y otras plataformas locales, han dejado claro que no aceptarán retrocesos en las políticas de pensiones. “No vamos a aceptar ni un solo paso atrás en lo conseguido,” declaran, haciendo un llamamiento a todos los pensionistas y ciudadanos a unirse a la lucha.