Siete menores han sido asesinados en los primeros cuatro meses del año por sus padres que querían causar el mayor daño posible a sus madres, víctimas de violencia de género, por lo que es primordial tratar un tema crucial y de creciente preocupación: la violencia vicaria o por sustitución. Esta forma de violencia se manifiesta cuando el agresor ejerce control y maltrato sobre los hijos e hijas con el objetivo de causar daño a la madre, llegando hasta el asesinato para causar el mayor daño posible a la madre.
Es decir, generalmente cuando el agresor no tiene acceso directo para dañar a la madre, o quiere causar el mayor daño posible a la misma, utiliza a los hijos e hijas como instrumentos para ejercer esta violencia contra las madres. Es imprescindible no olvidar que el asesinato de estos niños y niñas tiene como fin dañar a las mujeres madres de la manera más atroz posible.
Uno de los aspectos más alarmantes en este contexto es la proliferación del llamado Falso Síndrome de Alienación Parental (SAP), una construcción que, lejos de tener bases científicas sólidas, es utilizado por los maltratadores para manipular y amenazar a las víctimas con la pérdida de la custodia de sus hijos e hijas. Esta táctica no solo aumenta la vulnerabilidad de las víctimas, sino que también socava la confianza de los niños y niñas en la protección que deberían recibir de las personas adultas. Por ello consideramos imprescindible que se escuche a las y los menores de forma adecuada.
Es importante destacar que la reciente Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, insta a los poderes públicos a prevenir este tipo de planteamientos teóricos sin respaldo científico. A pesar de estas disposiciones legales, España continúa recibiendo alertas por parte de Naciones Unidas sobre la persistencia del falso SAP en nuestro país, lo que conlleva a situaciones donde se obliga a menores a convivir con maltratadores, en clara violación de la Convención sobre los Derechos de niñas y niños.
En este contexto, es fundamental redoblar los esfuerzos contra todas las formas de violencia hacia las mujeres, aumentando tanto las políticas como los recursos destinados a la prevención y atención integral de las víctimas. Debemos intensificar nuestras acciones para abordar las causas subyacentes que generan estas violencias.
El ámbito laboral es nuestro primer y principal escenario de actuación en UGT. Aunque no es el único, nos incumbe de manera más directa y tenemos herramientas específicas para actuar en él, especialmente contra el acoso sexual y el acoso por razón de sexo que se produce en la empresa, en el centro de trabajo o como consecuencia de la relación laboral, donde se incluye el ciberacoso o la violencia digital.
Es crucial destacar que el ámbito laboral desempeña un papel fundamental en la autonomía de las mujeres supervivientes de violencias machistas. La aplicación de derechos laborales, como la suspensión de contratos, la movilidad geográfica y funcional, ampliado a las víctimas de violencias sexuales gracias a la Ley 10/2022 de libertad sexual, es un paso en la dirección correcta, pero aún queda mucho por hacer.
Es por ello que vemos necesario un refuerzo y una revisión de las políticas activas de empleo para las mujeres víctimas de violencias machistas, así como formación específica para los y las profesionales que intervienen en estos casos. Además, es de vital importancia reconocer y abordar las violencias machistas en el ámbito laboral, como el acoso sexual y por razón de sexo, que a menudo permanecen invisibilizadas.
La ratificación del Convenio 189 sobre trabajadoras y trabajadores domésticos y la entrada en vigor en España del Convenio 190 sobre la violencia y el acoso en el mundo laboral son instrumentos largamente esperados y demandados por nuestra organización que deben servir para erradicar las violencias contra las mujeres. Por ello instamos a la implementación inmediata de los mecanismos necesarios para cumplir con estos convenios en el ámbito nacional.
En nuestro papel sindical, nos comprometemos a formar y sensibilizar a los y las representantes legales de los y las trabajadoras frente a las violencias machistas, así como a las plantillas en los centros de trabajo. El objetivo es que nuestros delegados y delegadas sean una barrera frente a cualquier manifestación de violencia contra las mujeres, que negocien y apliquen los protocolos de acoso sexual y por razón de sexo previstos en la legislación. Es primordial trabajar en la negociación colectiva para establecer planes de igualdad y medidas de acción positiva que contribuyan a erradicar las discriminaciones y violencias.
Además, en el ámbito internacional, es crucial reconocer el liderazgo de España en la legislación contra la violencia hacia las mujeres. Sin embargo, debemos ir más allá y exigir una legislación más amplia a nivel de la Unión Europea. Actualmente, la directiva europea sobre violencia de género que se ha negociado no añade nada nuevo a nuestra legislación nacional y se queda considerablemente por debajo de los estándares establecidos en España.
Es imprescindible que los instrumentos legislativos europeos sean más sólidos, especialmente en lo que respecta a la violencia de género en el ámbito laboral. Esto incluye la ampliación de los derechos de las víctimas en el ámbito laboral y la recopilación de datos para respaldar estas políticas.
Desde UGT, como parte de la CES (Confederación Europea de Sindicatos) seguiremos presionando para que se promulgue una directiva sobre violencia en el ámbito laboral que garantice los derechos de las víctimas en todo el territorio comunitario.
En conclusión, desde UGT consideramos que es imprescindible trabajar de forma cooperativa entre instituciones para erradicar la violencia vicaria y todas las formas de violencia machista. En el ámbito laboral y sindical, tenemos un papel crucial que desempeñar, y estamos comprometidas a trabajar incansablemente hasta lograr una sociedad libre de violencia hacia las mujeres.