Ya solo queda una aspirante en la carrera por Muface. La aseguradora Asisa es la única empresa que todavía no ha decidido, al menos públicamente, si se presentará a esta segunda licitación del Gobierno. Si da un paso al frente, tendrá que asumir el 100% de los funcionarios asegurados que suponen un millón y medio puesto que Adeslas y DKV se han quedado en el camino y han rechazado acudir tanto a esta segunda licitación como a la primera, que se quedó desierta. A ambas compañías no les parece atractiva la propuesta presentada por el Ejecutivo, que aumenta las primas un 33,5% durante los próximos tres años porque, aseguran, les genera pérdidas. Con su retirada, dejan en este momento sin cobertura médica privada al 65% de los adscritos. Un limbo que preocupa a los funcionarios que han visto en los últimos meses cómo se anulaban y retrasaban sus pruebas diagnósticas ante esta insólita situación y ahora temen que les obliguen a pasar de la sanidad privada a la pública, con todo lo que conlleva, como largas listas de espera y meses para acudir al especialista.
DKV ha publicado en un comunicado que las pérdidas que asumiría serían millonarias. “Por primera vez desde la creación de las mutualidades, la compañía no estará entre las aseguradoras que prestan servicio a los mutualistas nacionales, tras acumular en el último concierto pérdidas, antes de impuestos, de más de 70 millones de euros. La aseguradora calcula que, de continuar, por efecto de la normativa contable IFRS17, en el año 2024 habría que imputar las pérdidas del nuevo contrato, que se estima que serían superiores a las del anterior concierto, de entre 70 y 100 millones de euros”.
La compañía asegura que el modelo está infrafinanciado, ya que el gasto de prestaciones médicas supera las primas recibidas. “En los últimos diez años, el gasto sanitario per cápita de las comunidades autónomas y las mutuas colaboradoras ha aumentado un 60,6%, mientras que la prima ponderada de MUFACE ha crecido tan sólo un 31,6%, apenas la mitad del incremento. DKV es un firme defensor del modelo de colaboración público-privada, por lo que en el último año ha trabajado para lograr una reforma del modelo que lo hiciera sostenible, garantizando una distribución equitativa de recursos que asegurase una atención médica de calidad para todos”.
La nueva propuesta del Gobierno es insuficiente para DKV y Adeslas, que pedían un incremento de la prima del 40%. El consejero delegado de DKV, Fernando Campos, justifica su decisión porque “una empresa responsable y con una buena reputación en el mercado como la nuestra no puede permitirse continuar con estas condiciones, ya que repercutirían en un empeoramiento de la atención a los mutualistas y en que persista la retribución insuficiente de los profesionales sanitarios”.
Con este panorama, comienza la cuenta atrás para Asisa, que apenas tiene una semana para decidirse ya que la fecha límite es el próximo 15 de enero. Estudia a contrarreloj si le sale rentable hacerse con la totalidad del negocio de Muface, que asciende a unos 4.500 millones de euros por un plazo de tres años.
Por su parte, el sindicato de los funcionarios, CSIF, exige al presidente del Gobierno que aporte una solución de forma urgente, porque la situación es insostenible y no ven voluntad política, “ni certezas que garanticen la viabilidad de Muface, pese a las declaraciones del ministro Óscar López, intentando trasladar un mensaje de tranquilidad a los mutualistas, a menos de una semana para que concluya el plazo de la última licitación. El Gobierno está realizando una dejación de funciones y demuestra una absoluta falta de respeto a los trabajadores públicos, con su silencio y falta de transparencia sobre la situación”.
También exigen al Gobierno la convocatoria urgente del Consejo General de Muface para analizar la situación económica y garantizar la atención sanitaria del colectivo de funcionarios en esta mutualidad. “Con su actitud, el Gobierno está abocando al sistema del mutualismo administrativo a su defunción y no lo vamos a consentir porque Muface es patrimonio de los funcionarios y una condición laboral inherente desde el primer momento que acceden a su plaza.
Mientras tanto, CSIF va a asesorar a nuestros afiliados mutualistas para emprender acciones judiciales que se consideren pertinentes por la falta de asistencia sanitaria, para la defensa de los derechos e intereses de los mutualistas y el resarcimiento de daños y perjuicios que se le produzcan”.
Y ya hablan de movilizaciones, incluidos paros y huelga, si no se llega una solución.