Los contratos conseguidos por Elig Consultoría, la empresa fundada por la exdirectora del Instituto de las Mujeres, Isabel García, ha vuelto a poner de actualidad un debate que viene de largo: la ejecución y fiscalización de los 40 millones de euros que anualmente reciben los ayuntamientos en virtud del Pacto de Violencia de Género a través del Ministerio de Igualdad para reforzar las medidas y recursos de prevención, detección, atención y protección integral frente a las violencias contra las mujeres, incluida la violencia sexual.
Tal y como adelantó Artículo14, Elig Consultoría ha gestionado durante este año eventos para ayuntamientos financiados por el Ministerio de Igualdad a través del Pacto. Es el caso del Taller Rompiendo con la Brecha Digital con el Ayuntamiento de Loriguilla o la Exposición ‘Las Primeras, pero no las últimas’ en Alaquás, ambos en la Comunidad Valenciana. En Catarroja, promovió una charla con Silvia Buabent, como politóloga experta en políticas públicas de igualdad y contra la violencia de género. Buabent es la concejala delegada de Igualdad del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, donde las empresas fundadas por García y su esposa habrían presuntamente amañado ofertas para hacerse con contratos, según informó El Español.
La responsabilidad de verificar la correcta utilización de estos fondos corresponde al Departamento que dirige Ana Redondo. La última información pública de Igualdad es del pasado mes de mayo, cuando indicó que en 2023 un 0,15% de los ayuntamientos, es decir, 12 localidades de un total de 7.880 han desarrollado proyectos no financiables. Entonces, en revisión estaban además 22 proyectos de 17 entes locales. De resultar todos incompatibles con los objetivos del Pacto, el porcentaje de proyectos no financiables se situaría en el 0,43%.
Al ser preguntado al respecto por Artículo 14, Igualdad ha remitido a la información pública en su web cuyo último Informe final de impacto es de 2021. El Informe final de impacto de 2022, que reflejará los proyectos cuya ejecución finalizó el 30 de junio de 2023, aún no está publicado. La revisión de la documentación justificativa lleva un año y la previsión era obtener los resultados (volumen de fondos ejecutados y remanentes) el pasado 1 de junio de 2024.
En 2021 -último año del que hay información disponible-, un 2% de los ayuntamientos hicieron una utilización incorrecta de los fondos (presentaron una ejecución que no ha sido aprobada), mientras que un 15,22% (1.200) no ejecutaron los fondos.
Un 17,06% de los entes locales lo hicieron de forma parcial y el 65,67%, sí ejecutó la totalidad de los fondos, según reconoce el Ministerio en su Memoria de Ejecución 2021-2023 del Plan Estratégico de Subvenciones. Para hacer seguimiento de las subvenciones públicas, incluidas las del Pacto de Violencia de Género, Igualdad contrata a Tragsatec, con un coste anual de 258.776 euros.
Dificultades en los más pequeños
¿Cómo y en qué gastan los ayuntamientos estos 40 millones de euros al año? No hay un registro público donde se recopilen individualmente y no todos los ayuntamientos dan difusión a la aplicación de los fondos. Las subvenciones se otorgan por el número de habitantes y hay que tener en cuenta que una buena parte de los entes locales reciben menos de 2.000 euros al año.
Este presupuesto resulta muchas veces insuficiente para poner en marcha proyectos que tengan el impacto deseado, como así reconoce el Tribunal de Cuentas en el Informe de Fiscalización de las Actuaciones para la Prevención Integral de la Violencia de Género 2018-2022. “La financiación del Pacto de Estado ha consolidado los servicios de las Comunidades Autónomas y ha ampliado su cobertura a una tipología de víctimas más amplia, pero todavía no ha tenido la misma repercusión sobre los servicios de las entidades locales, existiendo un mayor margen de mejora en las de menor tamaño“, advierte.
En otros casos, los encargados de poner las acciones no están especializados y ello dificulta su correcta actualización, que a veces queda en acciones secundarias como cartelería o jornadas cuyo impacto real es difícil de cuantificar, como así han señalado desde las asociaciones de víctimas (Ana Bella, Alanna o AMAR ), quienes reclaman al Ministerio de Igualdad unas directrices claras para los ayuntamientos más pequeños sobre qué acciones se pueden financiar.
Talleres de cocina
Una manera de ver qué están haciendo los ayuntamientos con estos recursos es la búsqueda online de actividades financiadas con el Pacto de Estado. Más allá de los Puntos violenta, que para las asociaciones especializadas en la protección de las víctimas son una de las acciones más importantes que pueden realizar los ayuntamientos, esa búsqueda arroja resultados tan dispares como talleres familiares de cocina, mobiliario urbano, merchandisng (impresión de calendarios), sesiones de musicoterapia, yoga o conferencias, entre otras.
En 2023, el Ayuntamiento de Abáigar en Navarra recibió 1.536,98 euros que habrían sido destinados a la impresión de calendarios, mientras que en Mansilla de las Mulas, con una dotación de 1.819,57 euros se financió un banco. El mobiliario urbano, en forma de bancos pero también para la recogida de tapones solidarios (como por ejemplo, en La Laguna), es una de las formas que los ayuntamientos más pequeños realizan para ejecutar los fondos.
Calendario financiado con el Pacto de Violencia de Género en Navarra y banco en Mansilla de las Mulas (Castilla y León), publicado en León Sur Digital.
El Ayuntamiento de Olula del Río en León, que recibió el año pasado 13.770,95 euros desarrolló entre otras actividades un taller de hornazos para familias. Otra vía habitual entre los ayuntamientos en la aplicación de los fondos son actividades, como sesiones de musicoterapia, yoga o charlas.
Taller de hornazos financiados con los fondos del Pacto de Violencia de Género.
Más recientemente, el Ayuntamiento de Almería saltó a los medios de comunicación por un cartel contra las agresiones sexuales a menores que banalizaba la pederastia y que tuvo que ser retirado, al igual que la financiación. La dotación del Pacto de Violencia de Género a esta ciudad alcanzó los 114.397,24 euros en 2023.
El Ayuntamiento de Almería retiró su campaña pagada con fondos del Pacto de Estado.
Importancia de los entes locales
Estos son meros ejemplos, pero ilustran la disparidad con la que los entes entienden su aplicación. A través de los fondos a los ayuntamientos, el Pacto de Violencia de Género ha destinado desde 2018 más de 240 millones a acciones que tienen como fin reforzar las medidas y recursos de prevención, detección, atención y protección integral frente a las violencias contra las mujeres, incluida la violencia sexual.
“Lo cierto es que las entidades locales tienen un papel fundamental en la lucha contra la violencia de género por tratarse de la administración más cercana a la ciudadanía, la primera mano tendida, y la puerta de entrada a los sistemas de protección, de asistencia y de recursos”, recalcó recientemente el Ministerio en la firma de un convenio de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
La realidad es que seguir la trazabilidad de las dotaciones es complejo y requiere de recursos, pero más aún lo es garantizar que realmente la aplicación tenga impacto y sea eficaz como así lo exige el objetivo al que están destinados los fondos: la prevención de la violencia de género, incluida la sexual.
