A partir de 2025, los ciudadanos españoles afrontarán un importante incremento en sus facturas anuales debido a la aplicación de una nueva tasa de basuras. Esta medida, establecida por la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, implica que los ayuntamientos deberán repercutir la totalidad del coste del servicio de recogida de basura en los contribuyentes. Hasta ahora, los ciudadanos solo pagaban una parte de este servicio. El resto lo subvencionaban los consistorios. Sin embargo, este esquema va a cambiar radicalmente y se traducirá en un aumento de hasta 180 euros por persona al año.
Un incremento del 150% en la factura de basuras
Según los cálculos realizados por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), los residentes en ciudades españolas pagan actualmente unos 120 euros anuales por el servicio de recogida de residuos. Con la entrada en vigor de esta tasa, el coste podría aumentar un 150%, situando la factura final en torno a los 300 euros anuales por habitante.
Este significativo incremento está vinculado a la decisión del Gobierno de España de trasladar el coste total del servicio de recogida de basura a los ciudadanos, en línea con el principio “quien contamina, paga“. De esta manera, cada persona se hará responsable del coste real de la recogida, tratamiento y reciclaje de sus residuos, así como del mantenimiento de los vehículos y personal que gestionan el sistema.
El marco legal de la nueva tasa de basuras: Directiva Europea y Ley 7/2022
La nueva tasa de basuras se enmarca en la Directiva Europea 2018/851, que insta a los estados miembros a implementar medidas económicas para fomentar el reciclaje y reducir la cantidad de residuos generados. El objetivo de esta directiva es que los países alcancen una tasa de reciclaje del 50% para 2030. Sin embargo, aunque la directiva sugiere el uso de herramientas económicas, no obliga a la implementación de una tasa específica. En este contexto, la ley española va un paso más allá: impone una “tasa específica, no diferenciada y no deficitaria” para cubrir los costes del servicio de basura.
Joven con bandera de la Unión Europea | Shutterstock
El Gobierno justifica esta medida como una forma de hacer que los ciudadanos sean más conscientes del impacto ambiental de sus acciones y, al mismo tiempo, incentivar el reciclaje. Sin embargo, la aplicación de esta nueva tasa de basuras ha generado controversia. Tanto por el coste que supondrá para los contribuyentes como por la falta de directrices claras para su implementación.
Desigualdades en la aplicación de la tasa
Uno de los problemas principales que plantea esta nueva tasa es la disparidad en su aplicación entre diferentes municipios. Actualmente, los ayuntamientos utilizan distintos criterios para calcular el coste del servicio de basuras por ciudadano, como el tamaño de la vivienda, el consumo de agua o el valor catastral. Sin embargo, estos parámetros no reflejan de manera precisa la cantidad de residuos generados por cada hogar. Eso podría llevar a situaciones injustas en las que ciudadanos que producen menos basura terminen pagando lo mismo que aquellos que no reciclan o generan más desechos.
Vista aérea de la ciudad de Barcelona | Licencia Unsplash
El impacto económico de esta medida será considerable para los ciudadanos. Según los datos de la OCU, ciudades como San Sebastián, Jerez de la Frontera, Gerona o Barcelona —que ya tienen tasas de basura elevadas— verán un aumento significativo en sus facturas. Por ejemplo, en San Sebastián, donde los vecinos ya pagan 190 euros anuales, el coste podría ascender hasta los 475 euros en 2025. En cambio, en ciudades con tasas más bajas, como Alicante o Soria, donde el servicio de basura cuesta unos 30 euros anuales, el aumento será más moderado. No obstante, el impacto proporcional será igualmente notable.
Además, algunos ayuntamientos, como el de Oviedo, ya han adelantado la aplicación de este tributo. En sus ordenanzas fiscales de 2025 se contempla un aumento del 80% en la tasa municipal de basuras. Una anticipación a a la obligatoriedad de la medida. Otros municipios, como Madrid, Málaga o Valladolid, que hasta ahora incluían el coste del servicio de basura en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), tendrán que imponer la tasa desde cero. El descontento entre los ciudadanos está más que garantizado.