El mercado de las criptomonedas en España está bajo el foco de Hacienda, que ha lanzado una nueva ofensiva contra los exchanges que operan con criptoactivos. El Ministerio encabezado por María Jesús Montero ha dado un paso más en su objetivo de aumentar la transparencia y el control fiscal sobre este creciente sector. Ahora se establecen sanciones de 200 euros por cada usuario no informado adecuadamente por las plataformas de intercambio. Este es un movimiento que se enmarca dentro de la adaptación de la directiva europea DAC 8, que busca reforzar la lucha contra el fraude fiscal, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Control fiscal y nuevas sanciones
La modificación de la Ley General Tributaria, actualmente en consulta pública, establece multas significativas para aquellas plataformas de criptoactivos que no cumplan con sus obligaciones de información frente a la Agencia Tributaria (AEAT). En concreto, se aplicará una sanción de 200 euros por cada usuario del que no se faciliten los datos correctos. Además, en caso de que los datos proporcionados sean falsos, incompletos o inexactos, la multa ascenderá a 300 euros por cada uno de los casos.
Este endurecimiento de las sanciones en el mercado de las criptomonedas pretende garantizar que las plataformas refuercen sus sistemas de verificación de identidad y proporcionen a la AEAT toda la información necesaria sobre las operaciones que se realizan a través de ellas. De no cumplir con estas obligaciones, los exchanges podrían enfrentarse a la suspensión temporal de sus operaciones hasta que regularicen su situación.
La extensión del control fiscal en el mercado de las criptomonedaes
Se estima que entre dos y cuatro millones de personas en España poseen o han operado con criptomonedas, lo que representa entre el 5% y el 10% de la población. Estas cifras, modestas desde una perspectiva porcentual, son enormes en términos de obligaciones fiscales. Hacienda, consciente del crecimiento de este sector, ha incrementado sus esfuerzos para tener bajo control todas las operaciones que se realizan en plataformas que permiten el intercambio de criptoactivos.
La caída del Bitcoin después del ‘Lunes Negro’ en las bolsas mundiales | Shutterstock
Una de las medidas clave que introduce el nuevo anteproyecto de ley es la posibilidad de que Hacienda embargue criptoactivos de los contribuyentes. Aunque el embargo de estos activos digitales no se realiza de manera prioritaria en comparación con el dinero en cuentas bancarias o salarios, el hecho de que ahora se contemple su incautación en caso de deudas fiscales es un hito relevante.
Obligaciones de las plataformas y usuarios
El anteproyecto también establece que, en caso de que un usuario no proporcione la información necesaria después de recibir dos recordatorios y un plazo de 60 días, las plataformas tendrán la obligación de bloquear las operaciones de ese usuario. Este endurecimiento de las normas pone presión sobre los exchanges, pero también sobre los propios usuarios, quienes deberán cumplir con los requerimientos de información o enfrentarse a sanciones y bloqueos en sus cuentas.
Para garantizar que los datos proporcionados a Hacienda sean veraces y completos, las plataformas de criptomonedas deberán reforzar sus sistemas de verificación de identidad, implementando medidas más estrictas para cumplir con los estándares de la normativa. Esto aumenta el control sobre las operaciones y busca frenar el uso indebido de estos servicios para fines ilícitos.
Cooperación internacional y sanciones de Hacienda
Además de las sanciones y obligaciones dentro del territorio nacional, el anteproyecto de ley contempla la cooperación internacional en el marco de la Unión Europea. De esta manera, España podrá embargar criptoactivos en otros países de la UE. Lo que refuerza la capacidad de la Agencia Tributaria para actuar en un entorno globalizado. Esta medida tiene como objetivo evitar que los contribuyentes utilicen jurisdicciones extranjeras para evadir sus responsabilidades fiscales.
Un logotipo del Euro en una institución de la Unión Europea | Shutterstock
El proceso de embargo sigue un orden de prioridad. Se lleva a cabo en función de la facilidad de realización del mismo. Aunque los criptoactivos no se sitúan en primer lugar debido a su complejidad técnica para ser liquidados de forma inmediata, su inclusión en la normativa muestra el creciente interés de las autoridades fiscales por tener control sobre todos los activos digitales.
El entorno digital en el que operan las criptomonedas ha llevado a Hacienda a adaptar sus herramientas de control. No solo se trata de las plataformas de criptoactivos, sino también de aquellas entidades que gestionan grandes volúmenes de dinero a través de pagos online. La reforma permitirá embargar bienes y derechos gestionados por entidades de pago y de dinero electrónico. Eso incluye servicios de pagos digitales. Según Hacienda, esta medida es esencial para poder actuar en un escenario financiero cada vez más digitalizado y complejo.