A Adeslas no les salen las cuentas y ha rechazado la propuesta del Gobierno. El millón y medio de funcionarios adscritos a Muface vuelve a contener la respiración al ver cómo se tambalea de nuevo su futura atención médica. La aseguradora de salud ha decidido no presentarse al nuevo convenio para los próximos tres años, 2025-2027, porque considera que el Ministerio se ha quedado corto en su oferta económica con una subida de las primas del 33,5% respecto al concierto actual. Adeslas considera que la oferta le llevaría a acumular 250 millones de euros en pérdidas para los próximos ejercicios, unos números rojos “difícilmente asumibles y que comprometerían la solvencia y el futuro de la entidad”.
Ahora se vuelve a abrir una brecha sobre el futuro de los empleados públicos y sus familias. Adeslas reclama una subida de las primas del 47%, bastante por encima de la oferta actual. Ahora queda por saber qué van a hacer las otras dos empresas que prestaban asistencia sanitaria a los funcionarios que son Asisa y DKV.
Tienen hasta el 15 de enero para presentarse a la nueva licitación del ministerio de Función Pública puesto que la primera quedó desierta en el mes de noviembre.
El as del Gobierno
Pero el Gobierno se guarda un as en la manga. Si ninguna empresa asume la nueva propuesta, Función Pública puede forzar una prórroga con las actuales condiciones hasta el 1 de abril de 2025 por lo que dispondría de cuatro meses más de margen para presentar nuevas propuestas e incluso podría extender esa prórroga hasta septiembre según la ley de Contratos del Sector Público.
Mientras se resuelve el conflicto, los funcionarios temen perder este servicio. Dos tercios de los mutualistas de Muface son profesores de primaria, secundaria y de universidad. Ellos y sus familiares directas, hijos, hermanos y padres a su cargo, tienen derecho a esta asistencia sanitaria, también los funcionarios jubilados. Con la inflación y el aumento de costes, las aseguradoras han dicho basta. Entre las tres grandes, Adeslas, Asisa y DKV, han perdido 600 millones de euros en los últimos tres años y no quieren seguir arrastrando pérdidas en el futuro.
“El modelo, a pesar de sus bondades objetivas, es actualmente económicamente insostenible. Lleva años siendo deficitario y, por ello, otras importantes aseguradoras han ido dejando estos contratos y fueron abandonando el sistema. Para alcanzar la subida media en dos años del 34% acumulado solicitado para las tres mutualidades, y necesaria para equilibrar los ingresos y costes asistenciales totales, sería necesario que la actualización de la prima de la segunda licitación, ya solo con Muface durante 2025 y 2026, llegase a un 47%, incluyendo las nuevas coberturas”, afirma Adeslas, que insiste en que la oferta del Gobierno no cubre los costes.
La transición que se abre
“En definitiva y siguiendo los principios y estándares de buen gobierno corporativo, el consejo de administración de la compañía ha acordado, en su reunión de hoy, no presentar oferta a la segunda licitación del concierto para el aseguramiento del acceso a la Prestación de Asistencia Sanitaria en territorio nacional a los beneficiarios de Muface durante los años 2025, 2026 y 2027.
En la línea de mantenimiento de una actuación responsable, Adeslas ha decidido dejar clarificada nuestra posición con prontitud con el fin de facilitar la toma de decisiones de la Administración. Adeslas colaborará, dentro de sus posibilidades, en la transición que defina la Administración para coordinar las actuaciones necesarias que den alternativas de atención sanitaria a los mutualistas de Muface en el marco del nuevo concierto”. Es un porcentaje lejano a la propuesta actual del Gobierno. Un pulso entre Función Pública y Aseguradoras que parece durará en el tiempo, igual que la incertidumbre de los funcionarios.
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Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) exige una reunión al Gobierno “al más alto nivel” para analizar la situación de la sanidad de los funcionarios ante el rechazo de Adeslas a participar en el concierto de Muface.
Piden que el Gobierno haga público con transparencia los informes que les trasladaron las aseguradoras sobre el impacto del concierto y el informe de la AIREF. Y a las aseguradoras, les pide máxima responsabilidad “ante la gravedad de la situación. Durante años han colaborado con el modelo de Muface, por lo que les pedimos que no abusen de su situación”. Un conflicto por fascículos que, lo más probable, se va a alargar en el tiempo.