El 8 de enero de 2020 apareció en Diario de Mallorca una noticia que causó gran alarma: en Nochebuena, una chica de 13 años acogida en un centro de menores de Palma había sido víctima de una violación a manos de seis chicos adolescentes. En su declaración ante la Policía, la menor habló de la existencia de un grupo que reclutaba a niñas y jóvenes tuteladas -chicas en situación de vulnerabilidad y en algunos casos con problemas de adicciones- para que mantuvieran relaciones sexuales a cambio de droga y dinero, y describió un procedimiento y unos espacios concretos: las menores eran captadas por sus propias compañeras, se escapaban de los centros de acogida y se reunían en lugares céntricos de la ciudad como la Plaza de España y la estación Intermodal para luego ser prostituidas en hoteles, barcos o pisos ubicados en barrios humildes.
Al parecer, aquella revelación no sorprendió a casi nadie. La existencia de algo parecido a una red de explotación sexual de menores tuteladas llevaba tiempo rumoreándose entre agentes de policía y trabajadores de centros de acogida, y su posibilidad incluso se había planteado de informes internos de los que el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), responsable de los centros, tenía conocimiento.
Escena de ‘Las chicas de la estación’, de Juana Macías
Aquel caso, el proceso legal derivado de él y la instrumentación que tanto los medios de comunicación como los partidos políticos hicieron del drama de numerosas víctimas fueron la principal fuente de inspiración para Juana Macías a la hora de crear su nueva película, Las chicas de la estación, que llega a las pantallas casi inmediatamente después del Día Internacional para la Prevención del Abuso Sexual contra Niños y Niñas.
Sus protagonistas, tres chicas que han crecido en un centro de menores, deciden celebrar el cumpleaños de una de ellas en el concierto de su cantante de ‘trap’ preferida; no tienen dinero para comprar las entradas, pero conocen a una chica del barrio algo mayor que ellas que les ofrece citas con adultos en los baños de la estación; tras la introducción de las chicas en una red de prostitución de menores, una de ellas es víctima de una violación múltiple.
Un secreto a voces
La denuncia de enero de 2020 arriba citada resultó en la detención de ocho personas: un adulto de 19 años, una chica y seis chicos de entre 14 y 17. La investigación llevada a cabo por Diario de Mallorca al respecto aseguraba que las menores tuteladas que por entonces eran sometidas a explotación sexual eran más de 50, y aportaba pruebas a través de las que quedaba demostrado que aquellos casos eran sobradamente conocidos hasta por los responsables políticos, y que todo el mundo pretendió ignorarlos mirando hacia otro lado. Poco después, el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) reconoció tener constancia de 16 casos de explotación sexual infantil entre los 359 menores tutelados a través de los 30 centros de atención residencial residencial a niños y jóvenes de la ciudad.
‘Las chicas de la estación’, la cruda película sobre la explotación sexual de menores tuteladas
Prácticamente desde el principio, las instituciones y la oposición se enzarzaron en continuos ataques y reproches que acabaron prolongándose durante años. PP y Vox atacaron la gestión de los Servicios Sociales del gobierno del PSOE, y los partidos de izquierdas se escudaron argumentando que la explotación sexual de menores tuteladas por los servicios sociales mallorquines llevaba sucediendo desde mucho más tiempo atrás; entretanto, el gobierno balear y Unidas Podemos impidieron la creación una comisión de investigación destinada a exigir responsabilidades y auditar a los servicios sociales. La guerra política llegó a provocar que una delegación del Parlamento Europeo viajara a la isla para investigar lo sucedido. A nivel judicial, la Fiscalía de Baleares abrió una causa que tardó apenas nueve meses en archivar. Se concluyó que se habían producido “casos graves aislados” de explotación sexual en la isla, pero que no existía una “red orquestada” dedicada a ejercerla.
Como consecuencia de las investigaciones de los casos detectados por el IMAS se llegaron a producir 34 detenciones. Los culpables de la violación de enero de 2020 fueron condenados a un año de internamiento y 8.500 euros de indemnización para la víctima; en octubre de 2022, el Tribunal Supremo confirmó la condena de ocho años y medio de prisión para un hombre que había mantenido relaciones sexuales con dos menores tuteladas a cambio de dinero y regalos.
Casos como aquellos llevaban mucho tiempo produciéndose en toda España; un informe de Unicef de 2017 alertaba de que había casos de explotación sexual en siete de las nueve comunidades autónomas españolas estudiadas. Y, a decir verdad, es probable que hayan seguido produciéndose hasta hoy, o al menos eso invita a pensar este dato: en 2022, el Ministerio de Igualdad empezó a destinar anualmente 800.000 euros a la puesta en marcha de programas de prevención de explotación sexual en menores tuteladas. Aquel año, la mitad de comunidades autónomas no gastaron ni un solo euro de los fondos recibidos a tal efecto.