La formación de Santiago Abascal ha roto sus alianzas con el PP confirmando lo que muchos ya intuían: que se vive mucho mejor contra el PP que gobernando. Los motivos políticos son claros, pero Vox ha jugado bien su baza: la de la lealtad a las ideas, la honestidad intelectual y el defender unos bastiones que, según declaran, ya sólo defienden ellos. “Sólo queda Vox”, como reiteran.
La denominada batalla cultural (una confrontación de carácter político cuyo fin es la influencia sobre los elementos de una cultura a través de los dispositivos y las instituciones culturales) ha sido siempre el principal caballo de batalla en los enfrentamientos entre PP y Vox. Durante un tiempo pareció que la asimilación de ideas de la derecha era motivo suficiente para plantarle cara a la izquierda, al “progresismo globalista” que, como defiende el escritor y politólogo Agustín Laje, “desarrolla su agenda por vía de la cultura: modifica nuestro lenguaje, ridiculiza nuestras costumbres, niega nuestros valores, pisotea nuestras tradiciones”. Pero ¿es posible que exista una mayor distancia entre PP y Vox que, por ejemplo, entre PP y PSOE?
Lo cierto es que la convivencia de PP y Vox en los ejecutivos autonómicos no siempre ha sido sencilla y los de Abascal han hecho bandera de cuestiones de amplio calado social, de la inmigración a los temas relacionados con la mujer, la lucha contra la violencia de género, el feminismo o la memoria histórica.
El problema de la “violencia de género”
Aunque el PP defiende que las políticas para atajar la violencia contra las mujeres permanecen intactas, la llegada de Vox a las autonomías supuso transformaciones simbólicas y de lenguaje. Quizá el choque más claro en este sentido se produjo en la Comunidad Valenciana, donde se modificó el término para pasar a llamarse “violencia intrafamiliar“, desandando el camino realizado por el feminismo en este sentido.
El término, recogido en el pacto de Gobierno de PP y Vox en la Comunidad Valenciana, no subraya la especificidad de la violencia que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo, al contrario del concepto de violencia machista, que sí enarbolan regiones como Extremadura o Murcia.
A principios de julio, la parte popular del Gobierno valenciano desautorizó a la Consejería de Justicia, en manos de Vox, y se comprometió a borrar la asignatura de “violencia intrafamiliar” propuesta por este departamento para cursos de policías locales. La consejera de Justicia ya acaparó muchos titulares cuando se refirió a Franco como un personaje histórico. De nuevo, el presidente valenciano, Carlos Mazón, tuvo que intervenir y catalogar a Franco, con vehemencia, como un dictador.
El propio PSOE ha apremiado al PP en numerosas ocasiones a dejar de asumir los postulados de Vox en materia de igualdad y renovar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado por el Congreso en 2017, ante la necesidad de actualizarlo tras el repunte de asesinatos machistas de las últimas semanas y de otros tipos de violencia de género.
El feminismo como “mafia”
La igualdad es, de facto, un elemento de choque entre los exsocios, con Vox tildando al feminismo de “mafia” y cuestionando las políticas contra la LGTBIfobia y con las banderas arcoíris desapareciendo de múltiples instituciones, aunque han resistido en otras. Entre los primeros pasos que tanto PP como Vox dieron tras las formaciones de gobiernos destaca la decisión rotunda de suprimir, en muchas ciudades, incluidas capitales autonómicas, como Valladolid y Toledo, las concejalías de Igualdad. Después llegaron Talavera de la Reina, Orihuela, Ponferrada, Huelva, Burgos y Molina de Segura (Murcia).
La principal transformación ha sido la de cambiar el nombre, pasando “de Igualdad” a llamarse “de Familia”. Una decisión con la que buscan “fomentar la natalidad y proteger el derecho a la vida”. Mientras en Valencia o en Baleares el debate se recrudecía, en Castilla y León lograban apaciguar las aguas. Aún no ha presentado la anunciada Ley contra la Violencia Intrafamiliar y ha enterrado polémicas como la del protocolo antiaborto que presentó Vox y cuya aplicación descartó el presidente regional popular, Alfonso Fernández Mañueco, en un enfrentamiento que sigue latente.
El enfrentamiento en estas cuestiones lo ha sabido explotar Pedro Sánchez, que ha reprochado en numerosas ocasiones a la formación de Feijóo “estar pactando con un partido político que niega la violencia machista, que niega la cuestión de género de la violencia estructural que sufren las mujeres por el mero hecho de ser mujeres”. Esos peajes que el PSOE cree que Vox impone son los que han llevado, finalmente, a la ruptura de los pactos de Gobierno.
Un grupo de militantes y simpatizantes comunistas mallorquines, a punto de partir de excursión en noviembre de 1930. Aurora Picornell es la hermana de la primera fila que compite desde la derecha
Otra de las exigencias más controvertidas fue la derogación de la Ley de Memoria Democrática. El día que el Parlament balear aceptaba a trámite la propuesta de Vox, se vivió uno de los momentos más tensos de la legislatura, cuando el president del Parlament, Gabriel Le Senne, arrancó una imagen de Aurora Picornell, parte de “las Rojas del Molinar”, asesinada durante la Guerra Civil. Le Senne se enfrenta ahora a varias denuncias por un delito de odio.
Censura, wokismo y silencio
Además de las políticas sociales y los retrocesos en políticas de igualdad (con propuesta de eliminación de consejerías y concejalías de igualdad, retirada de puntos violeta en fiestas municipales o la explicada sustitución de la violencia de género por “violencia intrafamiliar”), el año pasado varias noticias culturales saltaron a la actualidad política precisamente por esto: por no hallar acuerdo entre PP y Vox.
Tras las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, Vox se hizo con la mayoría de espacios que ocupa la cultura, como sucedió en el Gobierno de Castilla y León, el de Valencia, el Ayuntamiento de Valladolid o el de Burgos. Empezaron eliminando las banderas LGTBIQ+ y continuaron censurando obras de teatro ya programadas e incluso festivales enteros. Vox llevaba en su programa electoral la eliminación del Festival Periferias de Huesca, una de las grandes citas culturales de la provincia (por no decir de todo Aragón), y así se lo exigió al Partido Popular a cambio de su apoyo en los presupuestos municipales. El PP acabó cediendo.
Muchas situaciones tensas se han vivido en la Comunidad de Madrid, epicentro de la cultura que viaja después al resto de España. En diciembre de 2023, Vox pidió a Ayuso que retirara la obra Altsasu del Teatro de la Abadía por “blanquear el fanatismo del odio a España y la Guardia Civil”. Sin embargo, la Comunidad de Madrid decidió apostar por la libertad de expresión y programó la obra, que agotó entradas en todas sus funciones. Tanto para Gonzalo Cabrera como para Mariano de Paco se trataba de “una ficción, y el consejero centró su discurso en la defensa de la libertad: “Este Gobierno va a estar siempre al lado de la libertad, de la libertad de expresión, de la libertad creativa y de la libertad del público para elegir el lugar donde quiere ir a ver, de la misma manera que este gobierno va a estar siempre al lado de los creadores que están al frente de los centros de creación”.
Greta Gerwig junto al reparto de ‘Barbie’ (Warner Bros. Pictures)
Lo mismo sucedió con una obra de Paco Bezerra sobre Santa Teresa programada en los Teatros del Canal: la Comunidad de Madrid la eliminó de la programación prevista por la directora artística del teatro, Blanca Li, alegando “razones y desequilibrios económicos”. Muchos vieron, sin embargo, un desacuerdo con el partido de Abascal.
Contra Barbie y 20.000 especies de abejas
También en mayo de 2023, el Ayuntamiento de PP y Vox en Burriana vetó la compra municipal de las películas Barbie y 20.000 especies de abejas en una biblioteca, motivo por el que Compromís denunció por censura al concejal de Vox del Ayuntamiento, Jesús Albiol. “Nos confirmaron que el concejal de Cultural había dicho que no se podían comprar porque la primera película supone un empoderamiento de la mujer y la segunda trata el tema de la transexualidad”, apuntó.
Poco después, la nueva concejala de cultura de Valdemorillo, de Vox, canceló la representación teatral de Orlando, obra cumbre de Virginia Woolf, porque “el protagonista pasa de ser un hombre a ser una mujer y denuncia las diferencias que esto significa”, según la compañía Teatro Defondo. En Navarra se canceló una función llamada Fosa, políticamente más compleja porque hablaba de los desaparecidos en la guerra civil; en Getafe exigieron denunciaron que la delegación de Cultura del Ayuntamiento subvencionara con 4.400 euros La villana de Getafe de Lope de Vega, llegando exigir la retirada de las “insinuaciones sexuales” de la misma; en Santa Cruz de Bezana (Cantabria), el Ayuntamiento gobernado por PP y Vox retiraba la proyección de la película Lightyear de su programación del cine de verano por incluir un beso entre dos personajes femeninos.
En Mallorca hubo otra denuncia por la cancelación de una obra sobre los trastornos alimentarios y en Murcia saltó la polémica porque un policía paralizó un concierto de la DJ Rocío Saiz por enseñar los pechos. Nada de memoria histórica, Pixar cancelado, Lope de Vega también, nada que huela a feminismo ni a concienciación sobre salud mental, y adiós a las lenguas cooficiales. Una batalla cultural que, además de ser punta de lanza contra la gobernabilidad, ha tenido unas víctimas concretas: las mujeres.