No han pasado ni 48 horas desde que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, anunciara la eliminación del Premio Nacional de Tauromaquia. Diversos analistas políticos ya encuadran estas palabras en el ambiente propio de unas elecciones -las catalanes y europeas concretamente-. Unos términos que responde a una estrategia, según estas voces, que le serviría para diferenciarse en ambos comicios del PSOE, una formación en la que, como es sabido, existe una dualidad ideológica muy marcada acerca de la tauromaquia. Solo el tiempo otorgará razón a una u otra de las posturas confrontadas en la contienda arrancada por el ministro: aquella que ve soberbia en las palabras de Urtasun y que augura la continuidad de la tauromaquia o, por el contrario, la que llevará a consumarse el perpetuo ideal antitaurino de comenzar a desmontar el ruedo español.
De manera simbólica, más que cualquier otra, este último sector celebra la supresión del mencionado galardón. Un simbolismo, señala José Enrique Zaldívar, presidente de la Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia y del Maltrato Animal (AVATMA), que, como su definición le otorga, carece de “efectividad práctica”. Eso sí, sirve, en palabras del también veterinario, para comunicarle al mundo taurino “que la tortura y el maltrato de una serie de animales como diversión no pertenece al siglo XXI”.
Pero más allá del simbolismo que contiene esta eliminación, lo que, de nuevo, florece es un debate sobre el nivel de vida con el que cuenta la tauromaquia en España. Es por ello que cabe preguntarse una de las cuestiones claves desde la perspectiva antitaurina: ¿por qué deben ser abolidos los toros? Lo primero a lo que Amanda Romero, directora de la ONG Veganuary España y exconcejala de Más Madrid en el consistorio capitolino, hace referencia es la cuestión ética. “Dejar de premiar con reconocimiento institucional y dinero público una actividad que implica tortura animal es un gesto muy elemental”. Sobre todo, señala, cuando España ya “reconoce en el Código Civil” a los animales como “seres sintientes con capacidad de sufrimiento”.
La segunda cuestión es la económica. Sobre ella resalta que “cientos de millones de euros” son destinados desde las diferentes autonomías para así subvencionar eventos taurinos “que son crueles con los animales, peligrosos para las personas y que además generan pocos empleos, en su mayoría precarios”. Una actividad, considera Romero, que no puede justificar cada año el embolsamiento de un dinero público “que necesitamos en pediatras y centros de salud, en transporte público o en la educación de nuestros hijos”.
Para suprimir la tauromaquia, Zaldívar señala que de forma previa “hay que eliminar la calificación que tiene de Patrimonio Cultural”. Aquí es donde entra en escena la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), cuyo fin es el mencionado. Sin embargo, el preámbulo de esta deja bajo decisión de las comunidades autónomas y de los municipios “qué hacer con la tauromaquia en cada lugar”. Un paso fundamental a tener en cuenta en el proceso.
Reconversión laboral financiada por las subvenciones
Y en el futuro, ¿qué pasará con aquellas personas que viven de la tauromaquia? Porque, parece lógico, que perseguir como principio político la eliminación de la tauromaquia conlleva cavilar acerca de estas materias. Como solución, Romero defiende “una salida justa”, con “empleos dignos y bien remunerados” para estas. “Se tendrán que trabajar con el propio sector”, para “discutir” qué alternativas laborales “son más interesantes en cada zona”, añade.
De esta reconversión laboral, que indica podría ser financiada con las subvenciones que actualmente se proporcionan, destacan los empleos que pueden adaptarse a la “conservación de espacios naturales o de animales silvestres, con energías renovables, con la agricultura o la alimentación”. Para defender esta postura pone el ejemplo de otros países y otras industrias, como el comercio digital o el periodismo, las cuales “han hecho transformaciones mucho más grandes y con muchos más puestos de trabajo entre manos”.