El tiempo aprieta. Yolanda Díaz ya cuenta con el consenso a la interna y ahora le toca llamar a la puerta de su socio en el Ejecutivo. Según ha podido saber Artículo14, Sumar prevé empezar a negociar los Presupuestos Generales del Estado para 2025 con el PSOE a partir de esta misma semana, para que después ambos socios abran las negociaciones bilaterales con cada uno de sus aliados parlamentarios.
La unión de partidos que representa la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ya puso sus prioridades sobre la mesa de negociación hace escasos meses, cuando abordaron los fallidos Presupuestos para 2024. Tras un curso con escasísima actividad parlamentaria —se han aprobado una docena de normas, y más de la mitad son decretos ley—, Díaz y los suyos pretenden pisar el acelerador legislativo, además de presionar al PSOE para multiplicar las actuaciones desde el Gobierno. Reconocen que las encuestas muestran cómo les penaliza la inacción política. Saben que solo Pedro Sánchez controla el botón nuclear para acabar con la legislatura, y que lo usará con base en sus propias perspectivas, y por eso cada minuto es oro en este nuevo curso.
En el último par de meses han trabajado para enriquecer, con los partidos que integran Sumar y con sus cuadros de sus cinco ministerios, el documento base con sus exigencias de cara a la negociación de las cuentas públicas. Su redacción corrió a cargo de Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo, y Carlos Martín, diputado y referencia económica de Sumar en el Congreso.
Empezaron a recopilar aportaciones antes del verano, y estas semanas han recogido las últimas propuestas, tanto de los partidos regionalistas como de IU, la única fuerza con implantación estatal. El acuerdo de coalición PSOE-Sumar será esgrimido por el socio minoritario como una suerte de guion, y distintas fuentes del espacio sostienen que los socialistas ya han preparado el terreno para negarse a cumplir con varios de los compromisos que recoge. Otra cosa es que después acaben cediendo ante parte de sus aspiraciones, como presumía recientemente una figura de referencia para este espacio.
En materia fiscal, que Sánchez apuntase a nuevos impuestos a las grandes fortunas, que Moncloa no ha desarrollado, les sirve para recordar sus recetas: un incremento en la tributación de las rentas del capital en el IRPF, “para acercarla a la de las rentas del trabajo”; un refuerzo del impuesto temporal para las grandes fortunas, que aspiran hacer permanente, como los gravámenes a la banca y las grandes eléctricas. Y un nuevo impuesto para quienes perciban “grandes herencias”. El anuncio sin concreción del presidente era aprovechado por un dirigente integrado en la alianza de Díaz para tirar de ironía: “A ver si así lee todo lo que en materia de reforma fiscal, vivienda o sanidad le llevamos poniendo encima de la mesa”.
Los Presupuestos no pueden contemplar la creación de nuevos tributos, y esto viene a ilustrar una dinámica habitual en la coalición de Gobierno en anteriores ejercicios. La negociación de las cuentas públicas ya ha permitido al socio minoritario impulsar medidas que no necesariamente van incluidas en esta ley, sino que discurren por carriles paralelos, que solo logran activar cuando sitúan estas medidas en los márgenes de la negociación presupuestaria, pero dentro del mismo pack.
Además de la reducción de la jornada laboral (la mesa de diálogo social se reúne de nuevo este lunes), para Sumar es fundamental la implementación de una renta universal por crianza, así como la retribución de los nuevos permisos parentales por cuidados de ocho semanas. La reclamación del Ministerio de Derechos Sociales de Pablo Bustinduy es que al menos se remuneren cuatro de las ocho semanas del nuevo permiso. La ley de familias, heredada del anterior Ejecutivo y ya en tramitación el Congreso, puede servir de marco legal, vía enmiendas, para la creación de otros permisos, como ya ha defendido el propio ministro. Sobre la mesa está también la ampliación del permiso de maternidad de 16 a 20 semanas, otra de las prioridades para Sumar.
¿Llevar unos Presupuestos al Congreso a riesgo de que los tumben?
Tanto el PSOE como Sumar saben que aprobar las nuevas cuentas públicas será muy complicado. Con ERC y, sobre todo, con Junts a la espera de celebrar el Congreso que definirá su nuevo rumbo, el Gobierno asume la dificultad del contexto, pero insiste en que llevará las cuentas a la Cámara. El Consejo de Ministros de este martes aprobará un nuevo techo de gasto para 2025, por segunda vez en la legislatura, y el Congreso deberá votar los objetivos de déficit y estabilidad presupuestaria poco después.
Fuentes de la dirección de Sumar recuerdan que el Ejecutivo puede prorrogar los objetivos de déficit que ya avaló la Cámara Baja en 2023, si bien esto limitaría considerablemente las nuevas cuentas. Por otro lado, no esconden que llevar los Presupuestos al Parlamento —como exige la Constitución— para que sean tumbados, supondría un varapalo importante para el Gobierno, consolidando la imagen de debilidad parlamentaria ya instaurada. Sin embargo, no escenificar siquiera su voluntad de aprobarlos también tendría efectos perjudiciales. Por ello, Moncloa, en público y en privado, ya señala directamente que la pelota está en el tejado de los grupos parlamentarios, responsables últimos de la aprobación de estas cuentas.
En la tarde del viernes, algunos de esos grupos confirmaron que las negociaciones aún no habían empezado. Uno de ellos recordaba que ya abordaron sus prioridades para las fallidas cuentas de 2024, y por eso entendía que buena parte del trabajo está adelantado. El reloj corre en contra del Ejecutivo. Cuentan con poco más de tres semanas.