Pedro Sánchez sorprendió el viernes anunciando la convocatoria de un congreso federal un año antes de la fecha límite que marcaban los estatutos, a las puertas de un curso político que se anticipa especialmente complejo, y en el que Moncloa ya reconoce que será muy difícil aprobar los Presupuestos Generales para 2025.
Dirigentes territoriales del PSOE afirman que “no había indicios” de esta hoja de ruta, y que el objetivo del secretario general socialista es blindarse ante los críticos, eliminar la “incertidumbre” tras el posible segundo fracaso al aprobar unas cuentas públicas, o incluso ante los tambores de un posible adelanto electoral. Este escenario no se contempla a medio plazo, pero el congreso permitirá despejar cualquier duda sobre su liderazgo: “Pase lo que pase, él será secretario general cuatro años”, aseguran.
Vuelve tratando de marcar el ritmo en todos los frentes. En Moncloa mantienen que la legislatura durará cuatro años, haya o no presupuestos para el próximo curso. Asumen que los cónclaves de Junts y ERC (previstos para octubre y noviembre, en principio) van a tener su eco en el Congreso, torpedeando de nuevo la actividad parlamentaria. Hay medidas, como la subida del SMI (que Sánchez y Yolanda Díaz pelean por capitalizar), que llegarán al BOE por tratarse de prerrogativas del Ejecutivo, y que además son a coste cero para las arcas públicas. Habrá actuaciones desde los Ministerios, pero aún hoy ven muy complejo recuperar el ritmo en la Cámara Baja, para desesperación del socio minoritario, Sumar.
En lo que toca a la iniciativa política, Sánchez busca redirigir los focos desde el martes, con una conferencia en el Instituto Cervantes en la que desglosará parte de la hoja de ruta para este curso. Se espera que aluda a los problemas de acceso a la vivienda, la asignatura pendiente de la coalición y la clave de bóveda del discurso del presidente en las municipales y autonómicas de mayo de 2023.
En lo judicial, ha puesto a trabajar a la Abogacía del Estado para ampliar la querella por prevaricación que interpuso en julio contra el juez Juan Carlos Peinado, que investiga las actividades de su esposa, Begoña Gómez. Está imputada por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en el sector privado y pide a la Audiencia Provincial que archive el caso. El titular del Juzgado 41 de Madrid ha reactivado su investigación en las últimas semanas, y en el Gobierno intentarán desviar el foco de desgaste, centrándose en el “acoso” al que aseguran que están sometidos Sánchez y Gómez.
Por otro lado, el frente que tiene que ver con el congreso socialista tiene una segunda lectura estratégica. La Ejecutiva Federal se reunirá este lunes para convocar el Comité Federal del sábado, que dará el pistoletazo de salida al cónclave, previsto para noviembre. Por un lado, Sánchez podrá revalidar la secretaría general sin que existan hoy oponentes de peso, pero también activará la renovación en cascada de las direcciones territoriales, en algunos casos en manos de críticos, cundo vuelve a recibir fuego amigo de los territorios a cuenta del pacto con ERC.
Un mes después de que los republicanos lo, anunciaran, y sin que Sánchez o la ministra de Hacienda y número dos del PSOE, María Jesús Montero, hayan explicado este acuerdo, los barones y sus cúpulas vuelven a moverse. El viernes fue la Ejecutiva de Aragón, controlada por Javier Lambán, la primera en considerar “lesivo” este acuerdo, si bien al arranque de agosto hasta media docena de territorios reconocieron su enfado por el concierto económico o “financiación singular” para Cataluña. En algunos de los territorios críticos aseguran no haber contemplado una vía de actuación como la emprendida por Lambán, que además es uno de los barones a quien Ferraz mira con menos agrado. Desde hace meses se especula con el posible desembarco en Aragón de Pilar Alegría, ministra portavoz y titular de Educación, para disputarle su puesto.
Por otro lado, Sánchez previsiblemente tendrá que afrontar la sustitución de Teresa Ribera (vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica), en el caso de que sea confirmada como comisaria europea, tras pasar el examen del Europarlamento. El ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, lidera las quinielas (pese a la oposición del PP) para presidir el Banco de España a partir del 11 de septiembre. Sánchez tendrá que sustituirlos, y podría aprovechar para impulsar nuevos relevos.
El Gobierno sabe que tiene un número importante de frentes abiertos y que está bajo fuego amigo. El presidente arranca el curso tratando de redirigir el debate público, en un momento en el que tampoco le son favorables las encuestas. Un dirigente del PP acostumbra a recordar que Sánchez, a diferencia de otros políticos, nunca ha jugado al ajedrez, sino al baloncesto. Y afirma que acostumbra a trasladar su forma de operar en la cancha a la arena política: “Siempre tiene que tener la pelota”. “O lanzar varias pelotas, botando, para despistar”, que diría otro conservador aún más veterano.
Yolanda Díaz se reúne esta semana con Unai Sordo y Pepe Álvarez
Si la situación es compleja para Sánchez, para Yolanda Díaz es endiablada. El partido de la vicepresidenta segunda también debe resolver quién tomará la batuta a largo plazo tras su dimisión como coordinadora general de Sumar (hoy tienen una dirección colegiada temporal). Las encuestas les dan a la baja, y el presidente trata de acaparar todos los éxitos del Ejecutivo. Preocupada por marcar perfil propio, por alejarse del PSOE y por volver a vender la imagen de la ministra de Trabajo “solvente”, alejada de las disputas de los partidos, Díaz ha elegido como caballo de batalla la reducción de la jornada laboral.
Al arranque de la semana se reunirá con los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, para tratar de reactivar las negociaciones pendientes. La cita clave para volver a abordar la reducción de jornada es el 9 de septiembre, cuando Trabajo se reunirá con los sindicatos y la CEOE, a la que quieren sumar al acuerdo.
La última propuesta del Gobierno, presentada en julio, apuesta por reducir la jornada de 40 a 38.5 horas en 2024, y a 37,5 en 2025. En Sumar son conscientes de que el futuro del capital político de Díaz y, en gran medida, de esta alianza, depende de que puedan volver a apuntarse tantos. De que logren aprobar medidas cuyos efectos empiecen a verse cuanto antes. Por lo pronto, el acuerdo entre ERC y el PSC les ha tensionado hasta el punto de que, si el PSOE no acepta compensar a la Comunidad Valenciana por su infrafinanciación, Compromís votará en contra de los presupuestos y de la materialización de este pacto desde el Congreso. Águeda Micó, portavoz adjunta de Sumar y diputada de Compromís, asegura a Artículo 14 que los dos diputados valencianos cuenta también con los otros 25 escaños de Sumar, si el PSOE rehúsa cumplir con lo pactado en el acuerdo de Gobierno. Ninguno de los socios logra escapar de las turbulencias en su arranque de curso más difícil.