Enfado en el PP y Vox. También en las asociaciones judiciales. Y hasta malestar en Sumar y Podemos. La proposición de ley orgánica que el PSOE registró sorpresivamente en el Congreso de los Diputados este viernes ha cogido con el pie cambiado incluso a sus aliados en el Ejecutivo. Entre otras cuestiones, la norma prevé tener efectos inmediatos, que repercutirían en las investigaciones que afectan a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y a su hermano, David Sánchez.
Fuentes de Sumar recuerdan que el texto aborda cuestiones que ya habían pactado con los socialistas, fundamentalmente la supresión del delito de ofensa a los sentimientos religiosos del Código Penal y la reforma de la ley reguladora del derecho de rectificación.
Sin embargo, en lo que toca a los límites para ejercer la acusación popular en procedimientos judiciales, el PSOE ha topado con un muro. El portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago, aseguró que es “incomprensible” que los socialistas quieran acotar el acceso a ejercer la acusación popular. “Es como cargarse al mensajero”, asegura el portavoz de Justicia de Sumar en una nota de prensa de su formación.
A su entender, “no es la mejor forma de acabar con el lawfare“, y por eso insta a ejecutar “una profunda reforma del sistema judicial, para impedir que los jueces se dediquen a hacer política”, “al dictado de grupos ultraderechistas, negacionistas y dedicados a difundir fake news“, abunda.
Tampoco entiende que la decisión de prohibir que se admitan querellas basadas únicamente en informaciones periodísticas vaya a tener grandes efectos. “No se puede legislar en caliente y a golpe de titular mediático”, zanja Santiago.
Por su parte, Podemos ha considerado “ineficaz” esta propuesta. En línea con Sumar, advierte de que esta medida “no remediará el error de entregarle el control de los jueces al PP”. No comparten que se excluya a las administraciones públicas de la acusación popular, ni tampoco las recetas para acabar con las filtraciones “interesadas” que vende el PSOE.
Interpretan que esta medida es puramente “cosmética” en lo que afecta a la admisión de querellas basadas en recortes de prensa, y que la reforma que afecta a las ofensas a los sentimientos religiosos es “muy limitada”. “Deberían revisarse también otros tipos igualmente anacrónicos, como el de injurias a la corona o el de los delitos de odio, para que proteja únicamente a colectivos vulnerables”, abundan fuentes moradas.
El resto de socios parlamentarios, con la excepción de EH Bildu, que sí ve aspectos positivos en un primer vistazo a la proposición de ley, han optado por el mutismo. El PSOE reconoce que aún no tiene atados los apoyos para hacer viable la norma, que tramitan como proposición de ley para ahorrarse los informes del Consejo General del Poder Judicial o el Consejo de Estado. Pero que no han pedido tramitar con urgencia, por lo que difícilmente puede llegar al BOE antes de que transcurran varios meses. Por lo pronto, ha conseguido irritar a propios y a extraños con su mera presentación en la Cámara Baja.