Como vicepresidenta de la Comisión Europea para Valores y Transparencia, Věra Jourová no tiene un poder directo sobre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de España. Sin embargo, su papel en la Comisión Europea le confiere una autoridad clave y muy importante en cuestiones relacionadas con el Estado de derecho, la transparencia y los valores fundamentales de la Unión Europea.
Por lo tanto, su posición le permite influir en las políticas y decisiones que afectan a los estados miembros en áreas clave como la lucha contra la corrupción, la promoción de los derechos fundamentales y, en este caso, la independencia judicial.
Jourová y su influencia
Jourová es una política y abogada checa nacida el 18 de agosto de 1964. Es miembro del partido político checo ANO 2011. Antes de su actual cargo como vicepresidenta de la Comisión Europea, fue comisaria europea de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género desde 2014 hasta 2019. Pero en su rol actual, Jourová se encarga de supervisar y promover los valores fundamentales de la UE, asegurando que los estados miembros cumplan con los principios de democracia, derechos humanos y Estado de derecho.
Aunque no tiene un poder ejecutivo directo sobre los sistemas judiciales nacionales, su influencia radica en su capacidad para monitorear y evaluar la adhesión de los estados miembros a estos principios. La Comisión Europea, bajo su dirección en esta área, puede iniciar procedimientos de infracción contra los estados miembros que no cumplan con sus obligaciones, lo que puede llevar a sanciones o a una remisión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Ese fue el caso de Polonia, cuyos fondos fueron bloqueados a raíz de una situación de falta de independencia judicial.
Toques de atención desde la Unión Europea
Didier Reynders, antiguo comisario de Justicia y predecesor de Jourová, llevaba tiempo intentando resolver el problema del CGPJ. A principios de 2023, estableció un plazo de dos meses para que el PP y el PSOE llegaran a un acuerdo sobre su renovación (que no funcionó).
Durante su mandato, Reynders organizó varias reuniones tripartitas y pospuso una reunión clave programada para el 27 de marzo de 2024 a petición del PP, debido a la necesidad de más tiempo para las negociaciones. En abril de 2024, Reynders advirtió públicamente sobre los peligros de prolongar la falta de acuerdo y subrayó la importancia de la voluntad política para avanzar en las discusiones. Pero su intervención se vio interrumpida cuando solicitó una excedencia en marzo de 2024 para postularse como secretario general del Consejo de Europa, indicando que la Comisión Europea seguiría disponible para mediar.
Tras la salida de Reynders, Věra Jourová asumió el rol de mediadora en abril de 2024. Como vicepresidenta de la Comisión Europea para Valores y Transparencia, Jourová reiteró la urgencia de renovar el CGPJ, señalando que la situación actual dañaba la confianza en el sistema judicial español.
También se comprometió a facilitar nuevas reuniones y discusiones, manteniendo contacto constante con representantes del PP y el PSOE, y asegurando que la Comisión Europea estuviera completamente disponible para asistir en las negociaciones. Bajo su liderazgo, la Comisión ha trabajado para garantizar que cualquier acuerdo cumpla con los estándares europeos de independencia judicial, subrayando la necesidad de actuar rápidamente para evitar una crisis institucional.
Entre el PSOE y el PP
El PP y el PSOE han vuelto a involucrar a Jourová en las negociaciones debido a las tensiones surgidas por el ultimátum del presidente Pedro Sánchez. El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, contactó con Jourová tras el anuncio de Sánchez de que si no se alcanzaba un acuerdo antes de finales de junio, el Gobierno impulsaría un cambio legal para despolitizar los nombramientos judiciales. González Pons informó a Jourová del intento de “desestabilización” y “chantaje” por parte del Gobierno, solicitando una reunión urgente a tres bandas para asegurar la supervisión europea en el proceso.
El problema con el CGPJ en España radica en su renovación, que ha estado bloqueada desde 2018 debido a la falta de acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español. Según la Constitución Española, su renovación debe realizarse cada cinco años, pero la actual falta de consenso entre los principales partidos políticos ha impedido la designación de nuevos miembros. Por culpa de este estancamiento, el CGPJ opera con mandatos caducados.
El bloqueo se debe principalmente a desacuerdos sobre cómo deben ser seleccionados los nuevos miembros del CGPJ y sobre las reformas necesarias para despolitizar su proceso de elección. El PP insiste en la necesidad de asegurar que los candidatos cumplan con criterios estrictos de independencia, mientras que el PSOE ha propuesto cambios legales para facilitar la renovación, sugiriendo que los nombramientos sean más objetivos y menos politizados.