Este martes, después de cinco años de espera, el PP y el PSOE han logrado un acuerdo histórico para la renovación del Consejo General del Poder Judicial con la mediación de Jourová para varios propósitos clave. En primer lugar, procederán a la inmediata renovación del órgano de gobierno de los jueces, en línea con las recomendaciones de la Comisión Europea expresadas en su Informe sobre el Estado de Derecho relativo a España de los años 2022 y 2023. Además, presentarán una proposición de ley orgánica destinada a reforzar la independencia del Poder Judicial, conforme a las mismas recomendaciones de dicho informe. Finalmente, han acordado también el nombramiento de un nuevo magistrado para el Tribunal Constitucional.
El consenso se alcanzó esta tarde en una reunión con la participación de Félix Bolaños y Esteban González Pons, representantes de sus respectivos partidos, junto a Jourová. La firma del acuerdo está programada para las 17:30 horas en la sala de prensa, y los detalles adicionales serán expuestos en las ruedas de prensa subsecuentes por González Pons y Bolaños, acompañados por la vicepresidenta Vera Jourová.
La vicepresidenta de la Comisión Europea de Valores y Transparencia, Vera Jourova
La cita tuvo lugar en la sede de la Comisión Europea a las 16:30 horas, con la intención de mejorar la independencia judicial en el país, según declaraciones del partido de Alberto Núñez Feijóo. Una hora después, tanto Bolaños como González Pons convocaron a los medios para hacer declaraciones, sin confirmar si serían conjuntas o individuales. Esta reunión se enmarca en el ultimátum dado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para renovar el CGPJ antes de tomar medidas unilaterales que podrían reformar el proceso de nombramientos del órgano judicial.
Los nombres que se barajan
Ya se han concretado los nombres de los 20 nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordados entre el PSOE y el PP, así como el ocupante de la plaza vacante en el Tribunal Constitucional, que será José María Macías Castaño, actual vocal del CGPJ. Los vocales propuestos deberán ser refrendados por una mayoría de tres quintos tanto en el Congreso como en el Senado, lo cual no presentará problemas para los partidos mayoritarios. Una vez elegidos, los nuevos vocales del CGPJ procederán a seleccionar al presidente o presidenta del órgano en su primera sesión.
Entre los vocales de procedencia judicial nombrados por el Congreso se encuentran Ángel Arozamena, Esther Erice, Gema Espinosa, José María Fernández Seijo, José María Páez y José Carlos Orga. Los vocales judiciales nombrados por el Senado incluyen a José Antonio Montero, José Eduardo Martínez Mediavilla, Esther Rojo, Carlos Hugo Preciado, Alejandro Abascal y Lucía Avilés. Los juristas elegidos por el Congreso son José Luis Costa Pillado, Inés María Herreros Hernández, Pilar Jiménez y Argelia Queralt. Finalmente, los juristas seleccionados por el Senado son Ricardo Bodas, Bernardo Fernández, Luis Martín Contreras e Isabel Revuelta, 12 hombres y 8 mujeres para los 20 nuevos vocales propuestos.
Las nuevas claves
El acuerdo introduce varios elementos nuevos en comparación con negociaciones previas, particularmente la de 2022. En primer lugar, uno de los aspectos clave que permitió desbloquear el acuerdo es la aceptación por parte del PSOE del sistema de “participación directa”. Este sistema, que antes había sido rechazado, garantiza que los jueces podrán elegir a sus representantes en el Consejo basándose en un texto acordado por ellos mismos. Además, se ha establecido que el Consejo emitirá un proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en lugar de un simple dictamen, un compromiso algo más firme con la independencia judicial.
Otro cambio clave es el método de elección del presidente del Tribunal Supremo, que ya no estará en manos del presidente del Gobierno ni de los grupos parlamentarios, sino que será decidido por el propio Consejo mediante una mayoría reforzada de 12 vocales. Este cambio es crucial para minimizar la influencia política en el nombramiento de altos cargos judiciales. Además, se ha acordado un reparto equilibrado de vocales, pasando de un tradicional 11/9 a un 10/10, lo que junto con la mayoría reforzada necesaria para la toma de decisiones (un mínimo de 13 vocales), busca evitar el control político sobre el Poder Judicial.
Un aspecto destacado del acuerdo es la exclusión por primera vez de partidos nacionalistas y aquellos cercanos a Podemos y Sumar del CGPJ. Esta decisión, que contrasta con la situación de 2022 donde estos partidos sí tenían representación, es un movimiento estratégico para asegurar un Consejo más independiente y menos politizado. La exclusión es una victoria para el PP, que agradece a la Comisión Europea su mediación para alcanzar un consenso considerado más razonable y equilibrado.
Finalmente, el acuerdo incluye una propuesta de ley orgánica que refuerza la independencia tanto de jueces y magistrados como del Ministerio Fiscal. Entre las medidas se destacan la obligación de que los candidatos a vocales presenten una memoria de méritos y objetivos, y la creación de una Comisión de Calificación en el CGPJ para asegurar una valoración objetiva de las candidaturas. Además, se establece un nuevo régimen de incompatibilidades y se incrementa a 20 años el tiempo mínimo de servicio para los miembros de la carrera judicial que aspiren a ser magistrados del Tribunal Supremo.
Los participantes
La mediadora ha sido Věra Jourová, vicepresidenta de la Comisión Europea para Valores y Transparencia, que desempeña un papel clave en cuestiones relacionadas con el Estado de derecho en los Estados miembros de la UE. Aunque no tiene poder directo sobre el CGPJ español, su influencia radica en supervisar el cumplimiento de los principios democráticos y de independencia judicial en toda la Unión Europea.
Como ex comisaria europea de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, Jourová ha sido un recurso importante para mediar en conflictos similares en el pasado, incluido el caso de Polonia. Durante su mandato, se centró en fortalecer la transparencia y la integridad judicial en Europa, abogando por reformas significativas para proteger el estado de derecho. Su predecesor, Didier Reynders, ex comisario de Justicia de la UE, había establecido un plazo inicial para resolver la renovación del CGPJ, aunque las negociaciones entre el PP y el PSOE no prosperaron durante su mandato.
Y tras su salida, Jourová asumió el papel de mediadora en abril de 2024, subrayando la urgencia de restaurar la confianza en el sistema judicial español. Ha mantenido una comunicación constante con los líderes políticos españoles, con la intención de facilitar el diálogo entre las partes para encontrar un consenso sobre la composición del CGPJ y sus métodos de selección.
Un bloqueo preocupante
El bloqueo en la renovación del CGPJ se debe a desacuerdos fundamentales entre el PSOE y el PP sobre el proceso de selección de sus miembros. Esto ha dejado al CGPJ funcionando con mandatos caducados desde 2018, lo que ha generado críticas sobre la politización del órgano y ha afectado la percepción de la independencia judicial en España y en el extranjero. Las críticas se han centrado en la necesidad de reformas estructurales profundas para garantizar la independencia judicial y la transparencia en las nominaciones, abogando por una mayor participación de los jueces en el proceso de selección.
La falta de acuerdo ha llevado al Gobierno de Pedro Sánchez a considerar reformas legales para despolitizar los nombramientos judiciales si no se alcanza un consenso pronto. Esta medida es vista con preocupación, ya que podría ser percibida como un movimiento partidista y contraproducente para la credibilidad del sistema judicial español. A nivel internacional, ha suscitado preocupaciones sobre la estabilidad institucional y el estado de derecho en España, provocando llamamientos de la Unión Europea para una resolución urgente del conflicto.
Por eso, la Comisión Europea lleva meses presionando para resolver este estancamiento antes de julio, destacando la importancia de restaurar la normalidad institucional y salvaguardar la independencia judicial como un pilar fundamental del estado de derecho. De ahí la mediación de Jourová, que refleja la presión continua de la UE para asegurar que sus estados miembros cumplan con los estándares europeos en materia judicial.