La expectación era máxima. Decenas de medios de comunicación se agolpaban en el Tribunal Supremo para recoger la imagen del jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso entrando a declarar en calidad de testigo en el caso que investiga a Álvaro García Órtiz, Fiscal General del Estado, por un presunto delito de revelación de secretos. Mediáticamente la cita era relevante, pero a efectos procesales la declaración “fue una pérdida de tiempo”, según fuentes presentes porque no ayudó a esclarecer en ningún sentido la presunta filtración que salió del Ministerio Público con el expediente fiscal de Alberto González Amador, la pareja de la presidenta madrileña.
Miguel Ángel Rodríguez reconoció que promovió que se publicaran los primeros datos fiscales de González Amador. De hecho, puso en contacto al abogado de la pareja de Ayuso, Carlos Neira, con el periodista de El Mundo que publicó la noticia que motivó al fiscal general a emitir una nota de prensa aclaratoria. Una circular que arrojaba luz sobre cómo había sido el intercambio de correos entre la Fiscalía de delitos económicos y Neira por el fraude fiscal que había cometido su cliente durante sus negocios realizados en lo peor de la pandemia en los que defraudó al fisco más de 350.000 euros. Pero el documento enviado a los periodistas por el Ministerio Público propició una denuncia del novio de la presidenta madrileña contra la fiscalía por revelar sus datos fiscales.
Pantallazo por whatsapp
M.Á.R declaró que pidió a González Amador el correo enviado por Julián Salto, fiscal de delitos económicos a Neira del 12 de febrero en el que señalaba que “no veía obstáculo” para alcanzar un acuerdo de conformidad. Reconoció que guardó el mensaje y a las 38 horas lo filtró a un grupo con medio centenar de periodistas, un pantallazo que aportó este miércoles ante el juez. Horas después otros medios matizaron la información con el contenido de un correo anterior, del 2 de febrero, en el que el abogado de la pareja de Ayuso reconocía que su representado había cometido delitos.
La filtración de este mail previo es el que sospecha el Supremo que pudo filtrar González Amador antes de la publicación de la nota de prensa lo que podría constituir un delito de revelación de secretos. El correo en sí, cambiaba el relato que quería defender el jefe de Gabinete de Ayuso porque era el abogado de González Amador quien reconocía delitos de su representado y ofrecía un pacto y no al revés como M.Á.R quería vender. Sin embargo, la mano derecha de Ayuso aseguró ante el juez que tuvo acceso a ese correo cuando lo publicó el diario El Plural.
¿Por qué me iban a imputar?
Cabe pensar que si M.Á.R filtró datos fiscales de la pareja de Ayuso debería estar también imputado al igual que lo está el fiscal por ese motivo. Pero las fuentes jurídicas consultadas por Artículo14 aclaran que las situaciones son distintas: “Rodríguez no está en la misma situación que García Ortiz, porque la conducta de García Ortiz podría ser delito al ser un cargo público que no debe difundir materias reservadas que conoce por razón de sus funciones. Sin embargo, M.Á.R podría ampararse en que difundió la información por interés general y al no ser un cargo público esto no estaría penado”, aseguran. Preguntado por si temía esa posible imputación a su entrada, la mano derecha de Ayuso se mostraba escéptico: “¿Por qué me iban a imputar?”. De hecho, las fuentes consultadas por Artículo14 lo ven como una idea muy remota.
Por eso, este miércoles estaba tranquilo y a su salida siguió la línea de confrontación que ha mantenido hasta ahora Ayuso, evidenciando la simbiosis de argumentos con la persona a la que asesora desde hace años. M.Á.R arremetió contra el fiscal general: “Va a ir para adelante”, aseveró en su tono habitual. Defendió además que García Ortiz “tiene que ser juzgado, tiene que ser condenado de manera ejemplar para que a nadie nunca más se le ocurra dar a conocer un expediente secreto de un español”. Y, de paso, arremetió también contra el presidente del Gobierno que lo describió como “creador de la trama de corrupción que le rodea en su familia, en su partido y en su gobierno”.
La declaración del fiscal general
Esta semana acudirán al Supremo como testigos hasta ocho periodistas que publicaron sobre los datos fiscales de González Amador. La semana que viene están citados Julián Salto, el fiscal de delitos económicos que mantuvo las conversaciones por correo electrónico con Neira, y Almudena Lastra, la fiscal jefe de Madrid que se mostró reticente a emitir la nota de prensa para desmentir la información filtrada por M.Á.R.
Sin embargo, la declaración clave será la del propio García Ortiz que, según fuentes del caso, se producirá en cuanto el juez Ángel Hurtado consiga el contenido del teléfono que usó el fiscal general los días que se fraguó la filtración. Una tarea que se le está complicando por el empeño del fiscal general en no dejar rastro.
Primero Hurtado ordenó a la UCO el volcado del teléfono móvil, resultó que encontró “cero mensajes”, desde la Fiscalía defendieron que el borrado de mensajes es una tarea habitual y protocolaria. Pero en un segundo informe la UCO informó que no había sido cuestión de eliminar mensajes, sino que el fiscal general cambió de móvil justo una semana después de su imputación.
Por eso el móvil que incautó la Guardia Civil no contenía las comunicaciones que realizó García Ortiz en marzo de 2024. Así que el juez este martes volvió a solicitar nuevas diligencias para tener acceso a las comunicaciones que mantuvo García Ortiz con el móvil que sí estaba operativo en esas fechas. Tal y como adelantó Artículo 14, en el Supremo sospechan que el fiscal general trata de eliminar el rastro porque hay llamadas con Félix Bolaños, el ministro de Justicia, lo que podría sembrar las dudas de que la filtración la orquestó Moncloa para perjudicar a Ayuso.