La vicepresidenta primera y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero ha insistido en que la presunción de inocencia no debe impedir que se pueda mostrar rechazo a que se cuestione a mujeres víctimas de agresiones de manera sistemática.
“Lo que quise decir y mantengo es que la presunción de inocencia no debe impedir que podamos expresar nuestro rechazo a que de manera sistemática se cuestione a las mujeres que son víctimas de agresiones y del machismo”, ha indicado en un mensaje en X.
No voy a aceptar lecciones ni tergiversaciones del PP. Lo que quise decir y mantengo es que la presunción de inocencia no debe impedir que podamos expresar nuestro rechazo a que de manera sistemática se cuestione a las mujeres que son víctimas de agresiones y del machismo.
— María Jesús Montero (@mjmonteroc) March 31, 2025
Son las primeras palabras de la dirigente socialista después de que el pasado sábado dijese que es “una vergüenza” la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que absuelve al exfutbolista Daniel Alves de un delito de agresión sexual tras otra sentencia previa que le condenaba.
Las palabras de Montero llevaron a todas las asociaciones de jueces y fiscales a publicar un comunicado conjunto en el que piden respeto a la presunción de inocencia. Y este mismo lunes desde Ferraz, fuentes socialistas dijeron que sus palabras fueron fruto de la impotencia que le produjo la sentencia, aunque admitieron que se podría explicar mejor.
La ‘número dos’ del PSOE ha asegurado además que no acepta “lecciones ni tergiversaciones del PP” y considera que el partido de Alberto Núñez Feijóo es el menos apropiado para hablar cuando ha dicho que el Tribunal Constitucional es el “cáncer del Estado de Derecho, se vanagloriaba de controlar la sala segunda del Supremo por la puerta de atrás o aseguraba que la Gürtel era una trama contra el PP”, según ha indicado en otro mensaje.
Por su parte, formalmente, el PSOE considera que las declaraciones de Montero se debieron a que se dejó llevar por la “impotencia” y, aunque evitan enmendarle la plana, reconocen que se puede explicar mejor la próxima vez que tenga ocasión.
Así lo indican fuentes socialistas después de las palabras de Montero este fin de semana, que provocaron que todas las asociaciones judiciales y fiscales emitieran un comunicado conjunto en el que piden respeto a la presunción de inocencia y remarcan que las sentencias judiciales se toman en base al estudio exhaustivo de la información y a la legislación vigente. En ese sentido las fuentes consultadas indican que las palabras de Montero se deben “a lo cruel de la sentencia” que absuelve a Alves del delito de agresión sexual y contradice una primera decisión que le había condenado.
A este respecto, la portavoz del PSOE, Esther Peña, ha señalado que las sentencias “se acatan y se respetan” pero considera inevitable opinar sobre ellas. Así dice que le parece “extraño” que se absuelva a alguien que ha cambiado hasta en cinco ocasiones de versión frente a la solidez de la víctima en un momento complejo y duro.
Además, ha querido dejar claro que la violencia sexual “no va a quedar impune” aunque señala que tienen que seguir “generando espacios seguros” para que las víctimas se sientan protegidas en momentos tan traumáticos y se decidan a denunciar. De este modo ha subrayado que en España solo se denuncian el 8% de los casos de violencia sexual que se producen.
En este sentido indica que las “sentencias contradictorias” sobre Alves –la de la Audiencia de Barcelona que le condenó y la posterior del TSJC que declaró su absolución– “no parece muy halagüeñas para dar seguridad” a las mujeres víctimas de violencia sexual. Asegura además que el Gobierno es sensible a esta realidad y hace hincapié en que este mismo lunes inicia la tramitación para aumentar el 50% de jueces especializados en violencia contra la mujer. La portavoz ha sido preguntada en varias ocasiones sobre si respaldaba o no las palabras de Montero después de que las asociaciones de jueces y fiscales pidiesen respeto a la vicepresidenta primera y alertasen ante la crítica a la presunción de inocencia que debe primar en todo proceso judicial.