La mejor defensa, a veces, pasa por un buen ataque. Ferraz ha roto este domingo el periodo de silencio decretado tras el anuncio por parte de ERC de su pacto con el PSC para investir como presidente de la Generalitat a Salvador Illa, la semana pasada. El acuerdo, avalado por las bases de Esquerra Republicana el viernes, ha desatado las críticas públicas de media docena de federaciones socialistas, que han amagado incluso con poner pie en pared, sin que alguna de estas direcciones tuviera al inicio del fin de semana ninguna respuesta oficial por parte de la sede del partido en Madrid.
Extremadura ha pedido abiertamente a Pedro Sánchez la celebración de un Consejo de Política Federal, en el que tienen asiento todos los secretarios generales de las diferentes comunidades autónomas, pero este y otros territorios han fundido después a negro.
La portavoz socialista, Esther Peña, decidió salir de este mutismo el domingo, para cargar contra el PP y advertirle de que no aceptarán “lecciones” por su parte en lo que a la financiación autonómica se refiere. “No aceptamos ni una lección al PP en materia de financiación autonómica, ninguna, y tampoco del señor Feijóo, cuyo principal aliado es Vox, que quieren acabar con las comunidades autónomas y los servicios que prestan”, apuntó.
También reprochó al PP que no reformara el sistema de financiación cuando gobernó, y presumió de los recursos transferidos por el Gobierno central a las comunidades autónomas. Y afeó al PP que votara contra la senda de estabilidad –con “un coste total de 6.000 millones” para las CCAA-, aseverando que quien está “en silencio” es, precisamente, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Peña no compareció ante los medios; el PSOE se limitó a distribuir declaraciones grabadas, sin que la portavoz afrontara preguntas. Y sin que Peña valorara o aludiera el acuerdo que mantiene en vilo a buena parte de las federaciones, temerosas del impacto electoral que este pueda tener fuera de Cataluña. Coincidiendo con el inicio del mes de agosto, los portavoces del partido y del Ejecutivo han rebajado considerablemente su presencia pública, hasta el punto de que la agenda oficial del Gobierno permanece prácticamente vacía este lunes. Solo contempla la asistencia de Pilar Alegría, ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y también portavoz del Ejecutivo, a distintas competiciones en el marco de los Juegos Olímpicos de París. Ni recoge previsiones de entrevistas en medios, ni informa de actos en los que los ministros puedan comparecer ante los medios. Es exactamente la misma agenda que ya avanzaron para el domingo.
El silencio de Montero
Entre todas las incomparecencias, destaca la de la vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero. La política andaluza, muy bregada en el terreno mediático y en las cuestiones de partido, cumple una semana alejada de cámaras y micrófonos, desde que ERC anunció este pacto.
Sus palabras en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el 15 de julio, apenas dos semanas antes de que se conociera el acuerdo, siguen sonando con fuerza. “Yo no comparto un concierto económico para Cataluña”, aseguró entonces. Es, junto con el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, la política de mayor confianza para Sánchez. Como número dos del PSOE, Montero está activa y en contacto con los territorios, pero como mujer fuerte del Ejecutivo se mantiene lejos de la esfera pública, una piel en la que rara vez se había visto.
De cumplirse los plazos hoy previstos, tras la ronda de contactos entre el presidente del Parlament, Josep Rull, y los grupos políticos, este martes, el debate de investidura de Salvador Illa podría celebrarse el jueves. Que el expresident Carles Puigdemont haya anunciado su intención de volver a España siete años después, puede convertirse un factor de desestabilización más para el precario equilibrio que intentan mantener en el PSOE.
Su posible detención, así como las protestas que la ANC y los CDR habían convocado este lunes, y que finalmente retomarán más adelante, elevan la presión sobre ERC, cuya militancia aprobó por la mínima (53,5% de votos a favor) el acuerdo para la investidura de Illa. Junts, además, ha redoblado su ofensiva mediática contra ERC, a través de su presidenta, Laura Borràs. “Esquerra ha cambiado de bando, ha cambiado de bloque. Ha salido voluntariamente del bloque independentista porque ha priorizado, lo dijo claramente Marta Rovira, el bloque de izquierdas”, asegura Borràs, en una entrevista en El Món.
De fondo, además, entre los socialistas aún recuerdan la onda expansiva de la ley de amnistía, originada incluso antes de que el PSOE registrara la proposición de ley en el Congreso de los Diputados. Durante semanas, mientras la oposición criticaba al PSOE por ceder a esta exigencia de Junts per Catalunya y ERC a cambio de sus votos para investir a Sánchez, Gobierno y PSOE mantuvieron un silencio casi sepulcral. Apenas lo rompieron para afirmar que nunca propondrían ninguna norma fuera del paraguas constitucional.
Fue el socio minoritario, Sumar, que antes sí defendía abiertamente su apuesta por la amnistía, quien se encargó de dar los primeros pasos para tender puentes públicamente. Si el jefe del Ejecutivo había llegado a la campaña electoral para el 23-J reconociendo que le había faltado pedagogía a lo largo de toda la legislatura, entre sus filas lamentaban meses después que, con la amnistía, había ocurrido lo propio.
En esta ocasión, tanto en el PSOE como en su socio minoritario, hay quienes quieren vender el acuerdo con ERC como un paso absolutamente impensable hace escasos años, en pleno auge del procés. Y como un éxito que prueba que las aguas han vuelto a su cauce. Combatir, abiertamente, la idea que han defendido en el PP, pero también varios barones socialistas, de que el concierto fiscal en Cataluña quiebra la igualdad entre regiones es, de momento, una asignatura pendiente.