“Nerviosa, ida y dubitativa”. Así vieron en la sala a Cristina Álvarez, asesora de Moncloa y “amiga” de Begoña Gómez, durante la hora de preguntas del juez Juan Carlos Peinado. Pese a que todos los allí presentes -tanto las partes en el interior de la sala, como los periodistas fuera- pensaban que el interrogatorio no iba a durar tanto porque Peinado le iba a abrir una investigación. Había precedentes. Las otras tres imputaciones del caso se produjeron en el transcurso de su testifical.
Sin embargo, Peinado dejó que Álvarez se explicara, según cuentan las fuentes consultadas. La asesora de Moncloa contó que cuando Pedro Sánchez ganó la moción de censura a Mariano Rajoy y llegó a la presidencia del Gobierno, su mujer, Begoña Gómez la llamó para ofrecerle un puesto Directora de Programas de la Secretaría General de Presidencia.
A efectos prácticos, según relató, es la asesora de Gómez: controla su agenda, la pone en conocimiento de seguridad, protocolo, etc. Álvarez titubeó en si existía un documento que especificara las funciones de su cargo y cómo se había otorgado: “Begoña me comentó que era un puesto de confianza de la mujer del presidente, era lo que había ocurrido siempre con otros gobiernos”. Acabó asegurando que no tuvo que pasar ningún tipo de proceso de selección, que, simplemente, ella aceptó la propuesta para encargarse de “todo” lo que girara en torno a la vida personal y profesional de la esposa del presidente.
En ese contexto, el juez empezó a indagar en las gestiones concretas que realizó Álvarez con respecto a las relaciones de Gómez con la Complutense. Cabe recordar que Begoña Gómez está siendo investigada por tráfico de influencias, corrupción, intrusismo profesional y apropiación indebida porque está bajo la lupa del juez la forma en que fue designada para liderar dos Cátedras en la universidad pública; cómo consiguió financiación privada para los cursos que impartía; si se adueñó ilícitamente de un software que desarrollaron tres empresas privadas para su máster y; si se excedió de sus competencias al firmar ciertos documentos sin ser personal de la Complutense.
Peinado le preguntó a Álvarez por correos que ella misma había enviado. Le preguntó en concreto por uno de febrero de 2024 en el que ruega a una directiva de Reale Seguros que no le quite la financiación a la cátedra de la mujer del presidente: “PD: Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como patronos de la cátedra, aunque sea con una cantidad inferior. Dispuestos a colaborar con vosotros en lo que necesitéis”, reza el mensaje a lo que Álvarez, según las fuentes, contestó que fue un “favor” que le hizo como “amiga porque era un segundo”.
Menos clara fue Álvarez cuando le preguntaron por el registro de la marca de la cátedra. Begoña Gómez dijo en su declaración de este jueves que nunca tuvo intención de adueñarse de la cátedra” y Álvarez dudó de su participación en esa gestión. Llegó a decir que le ponían en las cadenas de correos con la Oficina de Transferencia de Resultados y Transformación (OTRI), encargada del registro de la marca, pero que ella no estaba en eso.
Tras esta declaración las acusaciones populares, representadas por Hazte Oír, pidieron la imputación de la asesora de Moncloa así como la apertura de investigación a María José Sánchez Rosales, gerente de la Complutense, entre otras diligencias.
Peinado descartó imputar este viernes a la asesora y “amiga” de la esposa de Sánchez, pero sí se puso serio con la las declaraciones de los letrados a la prensa a la salida de las declaraciones. Peinado criticó en un auto que las acusaciones de “Vox, Hazte Oír y el Letrado de la investigada, casi a modo de rueda de prensa, han ofrecido públicamente, el contenido de lo que había acontecido a la sede del juzgado”, por ello acordó abrir una “pieza separada para la imposición de una multa”.