Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular (PP), ha pedido este miércoles ayuda a la Unión Europea para controlar la inmigración irregular, destacando la situación crítica que enfrentan regiones como Canarias. Durante su intervención en las jornadas de estudio del Partido Popular Europeo (PPE) en Cascais, Portugal, Feijóo criticó al gobierno de Pedro Sánchez por su tardanza en abordar este problema, afirmando que “los menores no acompañados son solo la punta del iceberg”.
Feijóo señaló que tomar medidas diferentes en España a las que se aplican en otros países europeos exitosos podría provocar un “efecto llamada para este verano”. También expresó su preocupación por el aumento de inmigrantes irregulares en España, indicando que “Europa no puede ser ajena a esto. Las fronteras españolas son fronteras europeas y, por tanto, es un problema que debemos afrontar en común”.
En su discurso, Feijóo explicó que se siente obligado a “apelar hoy a la ayuda europea para controlar la inmigración”. Recalcó su inquietud por el creciente número de inmigrantes irregulares en España en los últimos años, enfatizando que el gobierno ha llegado “muy tarde” a esta cuestión: “Somos el segundo país de la Unión Europea con el mayor número de inmigrantes de fuera de la UE”, apuntó, agregando que el propio gobierno reconoció un incremento del 82% en la inmigración ilegal en 2023.
Feijóo insistió en que Europa debe dar una “respuesta compartida” al problema de la inmigración, argumentando que “los retos del fenómeno migratorio no pueden recaer únicamente en los países de entrada” como España, Italia o Grecia. Según él, las políticas migratorias deben regirse por el principio de solidaridad y reparto equitativo de la responsabilidad entre los Estados miembros, conforme al artículo 80 del Tratado de Funcionamiento de la Unión.
Para Feijóo, frenar los flujos de la migración irregular hacia Europa solo es posible a través de acuerdos con terceros países de origen y tránsito, mencionando ejemplos como Túnez, Mauritania y Egipto.
“Europa debe estar dispuesta a ayudar económica y materialmente a esos países”, afirmó, añadiendo que estos deben asegurarse de que las mafias que trafican con personas no operen en sus costas.
Finalmente, Feijóo celebró que el próximo congreso del PP Europeo se llevará a cabo en Valencia en mayo de 2025. Y aprovechó para destacar la importancia de la victoria del PP en las elecciones europeas del pasado junio, que fortaleció su posición dentro del partido en la UE.
“Con la elección de Valencia para la celebración de este congreso, el PPE refuerza su compromiso con la defensa inquebrantable del Estado de derecho y con la legalidad en España”, concluyeron fuentes del partido.
La inmigración en la UE
El 1 de enero de 2023, la Unión Europea albergaba a 27.3 millones de ciudadanos no comunitarios. Alemania, con 12.3 millones de inmigrantes, es el país con mayor acogida. España sigue con 6.1 millones, Francia con 5.6 millones e Italia con 5.1 millones. Suecia tiene 2 millones y Países Bajos 1.2 millones. Austria cuenta con 1.7 millones de inmigrantes. Otros países incluyen Bélgica (1.6 millones), Polonia (500,000), República Checa (600,000), Portugal (700,000), Hungría (400,000) y Grecia (800,000).
En Dinamarca, hay 1 millón de inmigrantes, mientras que en Finlandia y Rumanía hay 300,000 en cada uno. Irlanda alberga a 700,000 inmigrantes y Croacia y Eslovenia a 200,000 cada uno. Bulgaria cuenta con 400,000 inmigrantes. Letonia tiene 300,000 y Estonia, Eslovaquia y Chipre tienen 200,000 cada uno. Lituania tiene 100,000 inmigrantes y Malta 200,000. Luxemburgo alberga a 300,000 inmigrantes.
En cuanto a la inmigración ilegal, los datos de 2023 muestran que Alemania reportó el mayor número de ciudadanos no pertenecientes a la UE encontrados en situación ilegal con 263,670 personas. Le siguen Italia con 194,750 y Hungría con 159,780. Otros países con cifras gordas incluyen Francia, España, Grecia y Bélgica. En total, en la UE se registraron 1,265,350 inmigrantes en situación ilegal. Estos tres países juntos representaron el 48.9% del total en el bloque.
Habrá que esperar para conocer las cifras de 2024, pero se espera que la situación cambie de manera drástica en los próximos años. ¿El motivo? La nueva Ley de Inmigración de la UE, aprobada tras años de negociaciones, que es una reforma significativa que endurece las normas de migración y asilo en la Unión. Este pacto, que entrará en vigor en dos años, tiene como objetivo acelerar el proceso de asilo y aumentar el retorno de migrantes irregulares a sus países de origen. Además, exige que los estados miembros compartan la responsabilidad de los solicitantes de asilo. Esta reforma busca una mayor solidaridad entre los estados miembros, combinada con la flexibilidad en su implementación.
El pacto establece que los países de la UE deben acoger a migrantes de países “en primera línea” como Italia, Grecia y España, o proporcionar financiación y recursos adicionales. Las solicitudes de asilo con pocas probabilidades de aceptación se evaluarán rápidamente, sin necesidad de admitir al solicitante en territorio de la UE. El objetivo es gestionar las solicitudes de asilo en un máximo de 12 semanas, y en caso de rechazo, los solicitantes deberán ser devueltos a su país de origen en el mismo periodo. Además, se implementará un procedimiento de preselección riguroso dentro de los siete días de llegada, que incluirá la toma de datos biométricos y controles de salud y seguridad.
La reforma cuenta con el respaldo de los principales grupos políticos del Parlamento Europeo y ha sido elogiada por líderes como el Canciller alemán Olaf Scholz y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. Sin embargo, algunos países como Hungría y Polonia se oponen a ciertas partes del acuerdo. Las ONG han expresado su preocupación, argumentando que las nuevas medidas podrían aumentar el sufrimiento de los solicitantes de asilo y normalizar la detención. A pesar de las críticas, el pacto representa un importante avance en la gestión de la inmigración en la UE.