Máxima presión a Redondo para que cese a Isabel García, que sopesa dimitir

Aumenta la presión de colectivos ya enfrentados a la directora del Instituto de las Mujeres para poner fin a su etapa

Ana Redondo, ministra de Igualdad.
Ana Redondo, ministra d Igualdad Kiloycuarto.

El nombramiento de Isabel García como directora del Instituto de las Mujeres generó una ola de controversia desde el inicio (diciembre de 2023), especialmente entre los colectivos de defensa de los derechos trans. Pero la controversia se ha convertido en indignación después de saberse que la consultora que ha mantenido con su mujer ha conseguido contratos de ayuntamientos socialistas para gestionar puntos violetas. Según ha podido saber Artículo14, si bien su entorno más cercano asegura que ella es de las que se queda, ella está sopesando dimitir.

Este periódico ha publicado que Elig Consultoría, la empresa liderada por Elisabeth García -la mujer de Isabel García-, ha gestionado durante este año eventos para ayuntamientos financiados por el Ministerio de Igualdad. Es el caso del Taller Rompiendo con la Brecha Digital con el Ayuntamiento de Loriguilla o la Exposición ‘Las Primeras, pero no las últimas’ en Alaquás, ambos en la Comunidad Valenciana.

Y también este periódico ha dado cuenta de que, a pesar de que Isabel García afirma en un comunicado que se desvinculó de la gestión de Elig Consultoría en 2023, cuando fue nombrada directora del Instituto de las Mujeres, su número personal sigue constando como único teléfono de contacto de Elig Consultoría en el perfil de la empresa en LinkedIn, la mayor red profesional del mundo.

García es la persona de contacto para cualquier empresa o profesional que quiera contratar los servicios de la consultoría que, según dice la directora del Instituto de las Mujeres, gestiona únicamente su mujer. El perfil de Elig se mantiene activo, la última publicación es de hace un mes. En ella muestran un vídeo resumen del punto violeta del Ayuntamiento de San Fernando de Henares -gobernado por el PSOE- por el que, según El Español, facturaron 23.000 euros amañando dos concursos. La publicación sólo despertó cinco reacciones, entre ellas la recomendación de Isabel García.

“No puede tener cabida”

Todas estas informaciones relativas a su enriquecimiento personal no han hecho más que enfurecer a sus adversarios del pasado. En respuesta a estas revelaciones, Mar Cambrollé, presidenta de la Plataforma Trans, ha subrayado que “el Gobierno no puede darle cabida en sus instituciones ni a la transfobia ni a la corrupción”. Según Cambrollé, la permanencia de García en el cargo es insostenible por razones de transparencia, democracia y coherencia con los valores de un gobierno progresista. Plataforma Trans, junto a otras organizaciones como la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales (FELGTBI+), ha instado al Ministerio de Igualdad a actuar con firmeza y cesar a García de manera inmediata.

La FELGTBI+ también ha emitido declaraciones críticas, apuntando a que “el Instituto de las Mujeres es fundamental y no puede estar al mando una persona que está en contra de la igualdad de todas las mujeres”. Además, resaltan que aunque las adjudicaciones de contratos puedan ser legales, no son ni éticas ni políticamente aceptables. Esta situación, según la federación, daña directamente la credibilidad de la lucha feminista y LGTBI+, alimentando los prejuicios de la ultraderecha.

Redondo pide “humanidad”

García ha defendido su actuación afirmando que todas las adjudicaciones y su participación en las empresas de su pareja se han realizado conforme a la ley. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha pedido “paciencia y humanidad” mientras se esclarecen los hechos, sugiriendo que, por el momento, las explicaciones de García son suficientes.

Sin embargo, la presión por parte de colectivos LGTBI+ y defensores de los derechos humanos sigue en aumento, insistiendo en que la permanencia de Isabel García en el cargo es incompatible con los principios de igualdad y transparencia que deberían regir las instituciones públicas. La resolución de este conflicto se presenta como una prueba crucial para el gobierno y su compromiso con la defensa de los derechos de todas las personas, sin discriminación alguna.

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