La Fiscalía Europea está llevando a cabo una investigación sobre posibles delitos relacionados con contratos públicos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés. Supuestamente, fueron influenciados por recomendaciones de Begoña Gómez, esposa del presidente español Pedro Sánchez, lo cual sitúa al gobierno de España en el punto de mira de las instituciones europeas.
Junto con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la Fiscalía examina si, en estas adjudicaciones, se cometieron delitos de malversación de tráfico de influencias, prevaricación y caudales públicos, en este caso procedentes, en parte, de las asignaciones a España de la Unión Europea.
Las investigaciones se centran en dos expedientes de contratos financiados por el Fondo Social Europeo, adjudicados en 2021 por la Dirección General de la Entidad Pública Empresarial Red.es. Estos contratos, por un total de 8,45 millones de euros, fueron adjudicados a Barrabés tras la recomendación de Begoña Gómez. La preocupación de Bruselas es que estos contratos puedan haber afectado los intereses financieros de la UE.
¿Qué consecuencias podría enfrentar España? Están en juego nada más y nada menos que nuestros fondos europeos, que hoy por hoy corren grave riesgo. En 2023, España recibió un total de 37.000 millones de euros de la Unión Europea, provenientes de los fondos Next Generation EU, diseñados para apoyar la recuperación económica tras la pandemia del COVID-19.
Pero si se confirma la malversación de fondos europeos, España podría verse obligada a devolver los fondos malversados, proceso que implica varias etapas. Primero, la Comisión Europea llevaría a cabo una auditoría detallada para cuantificar el monto exacto de los fondos malversados. Esta auditoría sería exhaustiva y humillante para España, revisando todos los documentos y procedimientos relacionados con los contratos adjudicados. Una vez determinado el monto, la Comisión emitiría una orden formal de reembolso.
La devolución de estos fondos tendría un impacto directo en el presupuesto nacional de España. Los recursos que se esperaban destinar a otros proyectos o servicios públicos tendrían que ser reasignados para cumplir con esta obligación financiera. Además, la devolución podría afectar la planificación financiera a largo plazo del gobierno español, obligando a recortar gastos en otras áreas para compensar el déficit creado por la devolución de los fondos malversados. El proceso dañaría profundamente ala reputación de España a nivel europeo, reduciendo nuestra popularidad y fiabilidad de cara al futuro.
Bloqueo de fondos
Más allá de la devolución de fondos, la Comisión podría imponer medidas adicionales para prevenir futuras malversaciones. Una de estas medidas podría ser la reducción o suspensión de la entrega de futuros fondos europeos a España. Este tipo de sanción tendría implicaciones sustanciales para el país, especialmente en áreas donde los fondos europeos son cruciales, como el desarrollo regional, la innovación y la cohesión social.
La suspensión de fondos afectaría directamente a los proyectos en curso y futuros que dependen del financiamiento europeo. Esto podría resultar en la paralización de proyectos de infraestructura, programas de formación y empleo, y otras iniciativas clave para el desarrollo económico y social del país. Además, las regiones más dependientes de los fondos europeos, que a menudo son las más desfavorecidas, serían las más afectadas, exacerbando las desigualdades regionales. La reducción de fondos también podría llevar a una revisión y fortalecimiento de los mecanismos de supervisión y control en España. El gobierno tendría que demostrar a la Comisión Europea que ha implementado medidas efectivas para prevenir futuras irregularidades. Esto podría incluir reformas en la administración pública, mayor transparencia en los procesos de adjudicación de contratos y una supervisión más estricta del uso de los fondos europeos.
Recuperar la confianza
Para recuperar la confianza y asegurar el correcto uso de los fondos europeos en el futuro, España enfrentaría presiones para llevar a cabo reformas institucionales. Estas reformas podrían ser tanto de carácter legislativo como administrativo. En el ámbito legislativo, podríamos tener que revisar y fortalecer las leyes relacionadas con la transparencia, la corrupción y la gestión de fondos públicos, lo cual podría incluir la creación de nuevas agencias de supervisión o la mejora de las existentes, así como la implementación de sistemas más robustos de control interno.
Y en el ámbito administrativo, se podrían implementar reformas para mejorar la eficiencia y la transparencia de los procesos de adjudicación de contratos. Esto incluiría la digitalización de los procesos, la implementación de sistemas de auditoría en tiempo real y la creación de mecanismos de denuncia protegidos para los empleados públicos y los ciudadanos. Más carga presupuestaria para España.
El precedente de Polonia y Hungría
La Unión Europea ya enfrentó conflictos similares (pero no idénticos) con Polonia y Hungría en los últimos años, debido a preocupaciones sobre el estado de derecho y la independencia judicial en ambos países. Como resultado, Bruselas utilizó los fondos europeos para animar a estos países a solucionar sus problemas políticos.
En el caso de Polonia, el gobierno, liderado por el partido Ley y Justicia (PiS), implementó una serie de reformas judiciales que fueron altamente criticadas por la UE. Entre las medidas más controvertidas se encontraban la reestructuración del Tribunal Constitucional y del Consejo Nacional del Poder Judicial, así como cambios en el sistema disciplinario para jueces. La UE argumenta que estas reformas socavan la independencia judicial, ya que permiten al gobierno ejercer un control indebido sobre el poder judicial. En particular, la UE señalaba que el nuevo sistema disciplinario para jueces puede ser utilizado para intimidar y presionarlos. La UE consideró que las acciones del gobierno polaco violan los principios fundamentales del estado de derecho, pilares esenciales de la membresía en la UE. En respuesta, la Comisión Europea lanzó procedimientos de infracción contra Polonia y llevó el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Hungría, por su parte, fue acusada de corrupción y falta de transparencia en el uso de los fondos de la UE bajo el gobierno del partido Fidesz y su líder Viktor Orbán. La UE señaló que hay una falta de controles adecuados y mecanismos de rendición de cuentas. Además de la corrupción, la UE se preocupó sobre el estado de derecho en Hungría, incluyendo reformas judiciales y restricciones a las libertades civiles, como la libertad de prensa y la libertad académica. La Comisión Europea ha señalado que las reformas del sistema judicial y las medidas adoptadas por el gobierno húngaro han debilitado los mecanismos de controles y equilibrios, lo que amenaza la democracia y el estado de derecho en el país.
Para abordar estas preocupaciones, la UE no dudó a la hora de implementar un mecanismo de condicionalidad que vincula el acceso a los fondos de la UE con el respeto al estado de derecho. En el caso de Polonia y Hungría, la Comisión Europea ha bloqueado la entrega de fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia, así como otros fondos estructurales, hasta que ambos países aborden las preocupaciones planteadas. Este mecanismo, introducido en 2021, permite a la UE retener fondos si considera que hay violaciones al estado de derecho que afectan la gestión financiera de los fondos de la UE. Polonia y Hungría deben ahora implementar medidas correctivas para asegurar la independencia judicial, la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los fondos de la UE.