La Directiva 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, aprobada el 20 de junio de 2019, tiene como objetivo facilitar la conciliación de la vida familiar y profesional de los padres y cuidadores en la Unión Europea. La última de las medidas previstas en entrar en vigor -lo hace el 2 de agosto de 2024- es la implementación en los países miembros de un permiso parental retribuido.
Los países de la UE se han afanado por aplicar la directiva a tiempo: ya la han transpuesto un total de dieciséis estados, entre los que no está España, que ha fracasado en la implementación de esta obligación comunitaria ya en vigor.
Según el análisis de Artículo14, con información de la Comisión Europea, nueve países -Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Austria, Finlandia y Suecia- cumplen a 2 de agosto con la obligación de contar con un permiso parental retribuido y, además, lo hacen con el máximo de semanas pagadas (un total de ocho).
En concreto, la directiva exige a los Estados Miembros implementar medidas para garantizar que los trabajadores con hijos menores de ocho años puedan disfrutar de hasta ocho semanas de permisos parentales, con una parte de estas semanas siendo retribuidas. Aunque la normativa deja que cada país decida el número exacto de semanas retribuidas, la intención es que este permiso contribuya a un reparto más equitativo de las responsabilidades de cuidado entre hombres y mujeres, ayudando a mejorar la participación femenina en el mercado laboral.
En detalle
Alemania la ha ido aplicando de manera progresiva desde 2022, con medidas adicionales que entrarán en vigor en 2024. El país ha asegurado que sus trabajadores pueden disfrutar de hasta ocho semanas de permisos parentales retribuidos, cumpliendo así con los estándares establecidos por la normativa europea. Lo han hecho bien, ya que este enfoque gradual ha permitido a Alemania ajustarse a las exigencias de la directiva sin grandes disrupciones en su sistema laboral. Además, Alemania ha implementado políticas de apoyo adicionales para facilitar el acceso a estos permisos, lo que ha mejorado su aceptación entre los trabajadores.
Francia también ha seguido una estrategia similar, implementando la directiva en dos fases: la primera en 2022 y la segunda en 2024. El gobierno de Macron garantiza que los trabajadores puedan acceder a ocho semanas de permisos parentales, de las cuales al menos una parte significativa es retribuida. Un enfoque que ha sido bien recibido, ya que facilita una mayor participación de ambos progenitores en el cuidado de los hijos. La legislación francesa también incluye incentivos fiscales para las empresas que apoyan la conciliación familiar, aumentando así la adopción de estas medidas.
Italia, por su parte, cumple con la directiva desde 2022, proporcionando permisos parentales retribuidos conforme a los requisitos europeos. La transposición en Italia ha sido más directa, asegurando que los trabajadores puedan beneficiarse de las ocho semanas de permisos parentales sin mayores complicaciones. El país también ha reforzado su sistema de seguridad social para cubrir parte del costo de estos permisos, lo que ha sido fundamental para su implementación exitosa.
Luego está Bélgica, que ha adoptado un enfoque dividido, con medidas implementadas desde 2022 y otras que se pondrán en práctica en 2024. Este método algo distinto ha permitido a Bélgica ajustarse gradualmente a las exigencias de la directiva, garantizando al mismo tiempo que los trabajadores puedan disfrutar de permisos parentales retribuidos de acuerdo con la normativa de la UE. La transposición belga incluye un sistema de subsidios para pequeñas y medianas empresas, facilitando así su cumplimiento.
Y en los Países Bajos, la directiva también se ha transpuesto con éxito, asegurando que los trabajadores tengan derecho a permisos parentales retribuidos. Aunque no todos los países alcanzan las ocho semanas completas de retribución, los Países Bajos sí han buscado equilibrar las necesidades de los trabajadores y las capacidades del sistema laboral. Además, los Países Bajos han introducido un sistema de monitoreo para asegurar que los permisos se utilicen equitativamente entre hombres y mujeres, promoviendo así la igualdad de género.
Otros países de la UE
Luxemburgo y Austria también han seguido enfoques similares, implementando la directiva en fases y garantizando permisos parentales retribuidos. Ambos países han asegurado que los trabajadores puedan acceder a estos permisos, cumpliendo con las expectativas de la normativa europea y facilitando la conciliación de la vida familiar y profesional. Luxemburgo ha establecido un sistema de apoyo financiero para familias numerosas, mientras que Austria ha simplificado los trámites administrativos para acceder a los permisos.
Otros países como Finlandia y Suecia también han cumplido con la directiva, proporcionando un marco legal que asegura permisos parentales retribuidos. Estos países, conocidos por sus avanzadas políticas de bienestar social, han adaptado sus sistemas laborales para cumplir con los estándares de la UE sin mayores problemas. En Finlandia, el gobierno ha introducido campañas de concienciación para incentivar a los padres a utilizar los permisos parentales, mientras que Suecia ha ampliado los servicios de guardería para complementar los permisos.
Fracaso de España
En contraste, la transposición de la directiva en España se ha quedado a medias, para terminar siendo sido parcial y con dificultades. A pesar de que el Gobierno de coalición PSOE-Sumar incluyó en su acuerdo la remuneración de al menos cuatro semanas de permiso parental, la implementación ha encontrado obstáculos duros.
Es un hecho que no se ha logrado cumplir con el plazo de transposición del 2 de agosto, como así anticipó que ocurriría hace un mes el propio Ministerio de Trabajo, retrasando la retribución de este permiso parental. que por ahora en España será de cuatro semanas, hasta 2025, dependiendo de la aprobación de los próximos Presupuestos Generales del Estado.
El retraso en la implementación en España ha sido criticado por varios sectores. La vicesecretaria general de la UGT, Cristina Antoñanzas, ha señalado que cuatro semanas de permiso parental retribuido son insuficientes y ha abogado por ocho semanas completas. Y la falta de un desarrollo reglamentario claro ha generado incertidumbre tanto entre los trabajadores como entre las empresas, que esperan una definición precisa sobre cómo se llevará a cabo esta retribución.