Transcurrida una semana de la catástrofe meteorológica que ha provocado una de las tragedias humanitarias más devastadoras ocurridas en nuestro país, millones de españoles permanecen sumidos en un profundo estado de perplejidad e indignación, cuando no de incontenible cólera, ante la constatación de una estrepitosa cadena de negligencias perpetradas por las administraciones públicas en los sistemas de prevención, alerta y gestión de emergencia de la DANA. Esta desgracia ha puesto de manifiesto un ignominioso fallo multiorgánico en la gestión operativa y en la atribución enmarañada de las competencias organizativas de un Estado que se ha mostrado incapaz de alertar, proteger, socorrer y amparar a sus ciudadanos.
La dignidad y la entereza mostradas por los Reyes ante al estallido de ira social en Paiporta junto con la sobrecogedora solidaridad del pueblo valenciano son un fugaz pero luminoso contrapunto al naufragio de una gestión política que ha desembocado en una crisis institucional sin parangón. Entre el martes y el sábado, nadie estuvo al mando salvo el caos. Sumidas ambas administraciones en taimados marcajes políticos, resulta desconsolador que ni la Generalitat Valenciana haya solicitado, ni el Gobierno nacional haya decretado bien la emergencia de interés nacional, bien la declaración del estado de alarma, decisivas una u otra en el objetivo de concentrar eficazmente la coordinación de la respuesta bajo un mando operativo único y vertical.
Desde hoy es imperativo que “la plenitud del Estado”, en palabras del Monarca, se haga sentir de una vez por todas entre las poblaciones damnificadas. Nuestra clase política debe hacer propósito de enmienda y exhibir una inquebrantable unidad moral ante la tragedia, aunque solo sea para que las víctimas puedan ser honradas con un funeral de Estado cuya celebración en Valencia resulta hoy por hoy inimaginable. Tras su desafortunada reacción del pasado miércoles, Alberto Núñez Feijóo ha sido el primero que ha rectificado en la dirección correcta.
Gobierno y Generalitat valenciana
Llegará muy pronto el momento de exigir responsabilidades directas por los cauces democráticamente establecidos una vez que la primera respuesta a la emergencia -la recuperación de todas las víctimas y el restablecimiento de los servicios públicos en los municipios arrasados de la zona cero- haya concluido. A la impericia y la soberbia de los responsables de la Generalitat Valenciana, incapaces de asumir sus limitaciones y superados por unos acontecimientos muy por encima de sus capacidades técnicas y políticas, se sumó a continuación la mezquindad moral de un Gobierno que, cuando el miércoles se contaban ya por decenas las víctimas mortales en la Comunidad Valenciana y en Castilla-La Mancha, decidía forzar la celebración urgente de un Pleno del Congreso de los Diputados para asaltar manu militari el Consejo de RTVE junto a sus socios parlamentarios.
En el vértice de la responsabilidad se sitúa el presidente del Gobierno, en primer lugar porque así lo dictan sus atribuciones constitucionales como jefe del poder ejecutivo. Al abdicar de sus obligaciones a la hora de asumir la dirección suprema de las actuaciones frente a una catástrofe de inocultables dimensiones supraautonómicas, Sánchez ha demostrado nuevamente que el ventajismo es uno de sus rasgos políticos más identificativos.
Su rueda de prensa del sábado, invitando a la Generalitat valenciana a aceptar los medios materiales y humanos en manos de la Administración central como si él fuera un secretario general de la Organización de las Naciones Unidas y la provincia de Valencia una nación tropical, fue la constatación de un tacticismo político que esgrime el eufemismo de la cogobernanza para encubrir una omisión inadmisible del deber. Ninguna censura política justifica, en todo caso, el peligroso intento de agresión que sufrió personalmente en la mañana del domingo, ante la que solo hay que expresar la condena más rotunda.
Una respuesta de Estado
Hasta aquí hemos llegado. Es la hora de la responsabilidad. La terrible magnitud de la tragedia exige una respuesta de Estado que solo está en manos de un presidente del Gobierno. Sánchez no puede seguir escurriendo el bulto un minuto más. Es el momento de que ponga todos los medios al alcance de un Estado miembro de la Unión Europea y de la OTAN. En la provincia de Valencia no están en juego votos, están en juego muchas vidas y la dignidad de un pueblo. Está en juego la vida y el futuro de la Comunidad Valenciana, un interés general muy por encima de cualquier cálculo escapista de los dirigentes políticos valencianos y nacionales.
La imagen internacional de un país por los suelos es ahora lo de menos frente al dolor, la desesperación y la orfandad de las familias de las víctimas y de miles de personas que han perdido sus casas, sus haciendas y su confianza en el Estado. Tres procesos de reconstrucción se antojan en estos momentos inaplazables. La reconstrucción de las vidas de los supervivientes junto al homenaje perpetuo a las víctimas mortales de la catástrofe es la prioridad que interpela urgentemente a los poderes públicos. En paralelo, la reconstrucción material de la provincia de Valencia debe ser acometida sin miramientos presupuestarios desde el Consejo de Ministros de hoy. Y, por último, la inversión del imparable proceso del desguace del Estado como antesala a la reconstrucción de un modelo territorial que ha mostrado su precariedad insoportable frente a una embestida de la naturaleza.
El rearme institucional del Estado español desde la redefinición del título VIII de la Constitución está fuera del alcance del horizonte intelectual de la clase política actual, para gozo del separatismo y del radicalismo antisistema. Sánchez es el mayor obstáculo de nuestro progreso político, pero no el único. La vida pública española, caracterizada por el antagonismo banderizo, la ramplonería tuitera, la polarización grosera y la impugnación del sentido de Estado, necesita recuperar primero el espíritu de consenso y la altura moral de la dirigencia que cimentó la gran obra de la España contemporánea. En apenas un año se cumplirá el medio siglo de la muerte de Franco y del inicio de una Transición política que culminó en el pacto constitucional del 78. Un aniversario al que la sociedad española debe volver la mirada para inspirar un renovado marco de convivencia que recupere la fortaleza del Estado y posibilite la consecución de unos nuevos objetivos como nación.