El reciente acuerdo entre Esquerra Republicana de Catalunya y el PSC para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat marca un momento crucial en la política catalana y añadirá otra parada a este Vía Crucis que es la legislatura para Pedro Sánchez.
En primer lugar, el acuerdo está pendiente de la aprobación de la militancia de ERC el próximo viernes, un paso que no debe subestimarse. Cierto es que el acercamiento entre Marta Rovira y Oriol Junqueras en tiempo de negociaciones -al menos en público- aplana el camino, pero el PSC ha anunciado que no se pronunciará hasta que las bases republicanas hagan pública su decisión. Por si acaso.
La oposición contumaz del Partido Popular y de algunos barones del PSOE, aunque previsible, no deja de añadir otra capa de complejidad. La tramitación parlamentaria será costosa en términos políticos y mediáticos. Habrá que explicar qué significa el concepto “concierto solidario”, deliberadamente ambiguo, que parece diseñado para que ambas partes puedan interpretarlo de manera diferente y, por lo tanto, aceptarlo sin demasiada resistencia interna. Mientras que “concierto” claramente indica el camino hacia una mayor soberanía fiscal para Cataluña, “solidario” debería ser sinónimo de una redistribución equitativa de los recursos para todo el territorio español. La hora de la verdad llegará una vez que se intenten concretar políticas específicas.
En medio de todo esto, el papel de Junts respecto al acuerdo entre ERC y el PSC es particularmente intrigante. Hasta el momento, Puigdemont ha guardado silencio. Pero el expresidente catalán afirmó que estaría en Cataluña para el debate de investidura. De cumplir con su palabra, el regreso pondrá a prueba al sistema judicial español y al Ejecutivo, ya que es probable que el expresidente enfrente la orden de detención que mantiene activa el Tribunal Supremo en cuanto pise territorio español, generando tensiones adicionales. Ni que decir tiene que si Junts ya le pegó “una hostia al gobierno” la semana pasada, en palabras del ministro de Cultura, es de esperar que a partir de ahora martillee la estabilidad parlamentaria.
El caso es que con todo este ruido político corremos el riesgo de eclipsar una realidad: España es un estado plurinacional o de varias nacionalidades, o multicolor, pónganle el nombre que quieran, donde hoy por hoy solo se puede gobernar con el apoyo explícito de su periferia. El partido que aspire a dirigir el país tendrá que hacerlo contando con la diversidad de sus territorios, respetando sus sensibilidades culturales y respondiendo a sus aspiraciones soberanistas. En esa senda están Cataluña y el País Vasco, pero atención a Galicia -donde a pesar de la preponderancia arrolladora del PP, un BNG soberanista consiguió un resultado histórico en las últimas autonómicas-, o a aquellos territorios que viven un despertar del sentimiento identitario. La gobernabilidad del país va a comportar pactos con concesiones que vendrán por la izquierda pero también podrían venir por la derecha.
Primero fue la amnistía propiciada por los socialistas, cuya tramitación parlamentaria ha culminado y cuyo recorrido judicial avanza. Si la semana pasada el Tribunal Supremo decidió llevar la ley de amnistía al Tribunal Constitucional, este lunes ha sido el Tribunal de Cuentas quien ha planteado ocho cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Con la concesión sobre la recaudación de impuestos que incluye el pacto ERC-PSC, oirán que Sánchez vende el gobierno a los independentistas. El acuerdo establece que en el 2026 Cataluña pueda recaudar el 100% del IRPF para avanzar más adelante con la recaudación del IVA de las pymes y de los arrendamientos urbanísticos. Juzguen ustedes si esto es una rendición, una sumisión o el resultado de aquello a lo que deberíamos estar acostumbrados, la negociación política entre fuerzas parlamentarias en pos de la estabilidad y la convivencia.
Y no perdamos la memoria: el Pacto del Majestic de 1996 firmado entre José María Aznar y Jordi Pujol estableció el mismo quid pro quo de la entente ERC-PSC: investidura y estabilidad política a cambio de mejora en la financiación. Dirán que Convergencia i Unió no era independentista, pero también es cierto que ERC ha aparcado la vía unilateral. ¿Y qué creen que pasará cuando la geometría parlamentaria y la situación política propicien un gobierno del PP con fuerzas independentistas? Puigdemont y Feijoo ya se entienden a ratos en el Congreso, lo han hecho tumbando la ley de extranjería o el techo de gasto. ¿Cuánto le costará a Feijoo revelar que habla catalán en la intimidad?