El Gobierno afronta una semana de vértigo, que arranca este lunes con un Consejo de Ministros en el que prevé aprobar nuevas ayudas tras la destrucción causada por la DANA en Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía. La segunda tanda de medidas llega algo menos de una semana después de aprobar un primer real decreto ley que ya ha movilizado 10.600 millones de euros. Y supondrá una nueva inyección millonaria para, entre otras cuestiones, iniciar la reconstrucción del sistema sanitario en la Comunidad Valenciana, como aseguran fuentes del Ejecutivo.
O para aprobar otro decreto que incorpore medidas que Yolanda Díaz ha bautizado como ‘escudo laboral’, siguiendo la línea ya adoptada en la pandemia con el ‘escudo social’, y que tendrán efectos retroactivos (desde el 29 de octubre). Aquí se integran iniciativas como los nuevos Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para las empresas más afectadas por la pandemia, o los permisos retribuidos con el 100% del salario a quienes no puedan acudir a su puesto de trabajo con motivo de la DANA.
Pedro Sánchez ha apostado por una respuesta de primera magnitud ante esta catástrofe, y de hecho en la coalición gubernamental reconocen que el contexto aporta nuevos mimbres para facilitar la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado para 2025. Paradójicamente, mientras el Ejecutivo ve un pasito más cerca las nuevas cuentas públicas, también se expone al riesgo cierto de un nuevo revolcón parlamentario esta misma semana, con los apoyos para su reforma fiscal en el aire.
Escasas horas después de la reunión del Consejo de Ministros, adelantado al lunes para que el presidente pueda asistir a la cumbre del clima COP29 en Azerbaiyán, la Comisión de Hacienda del Congreso emitirá su dictamen sobre el proyecto de ley que establece un tipo mínimo efectivo del 15% en el impuesto de sociedades para las grandes empresas. Es el vehículo por el que se pondrá fin al gravamen extraordinario a las energéticas, en vigor los dos últimos años. Pero también es la norma que permitirá reeditar y prorrogar el impuesto a la banca.
El PSOE claudicó ante Junts y rubricó el fin del primer tributo, y comprometió ante el PNV que el segundo se controlará desde Euskadi. Con ello se ha garantizado los votos de ambas fuerzas, pero también ha puesto en riesgo los de otros aliados, en particular los cuatro valiosos síes de Podemos. El partido morado, que en enero ya tumbó un real decreto ley del Gobierno, mantiene que votará contra la reforma que afecta al impuesto de sociedades si ésta mantiene la eliminación del impuesto a las energéticas.
El enfado generado entre sus filas es mayúsculo. El PSOE planea dejar caer un tributo aprobado por el anterior Ejecutivo, que supuso la cristalización de una de las grandes promesas de la izquierda a la izquierda de los socialistas. En el partido de Sánchez tampoco están tranquilos del todo en lo que toca a Sumar, y aún negocian para garantizar su apoyo.
“Hasta el jueves quedan muchos días de negociaciones discretas en las que nosotras vamos a seguir insistiendo en una reforma fiscal integral y ambiciosa”, aseguran a Artículo14 desde el socio minoritario del Gobierno. En principio, los números dan para que el dictamen salga adelante en comisión, el lunes, pero lo ajustado de los equilibrios parlamentarios hace que Podemos sea decisivo en la votación en pleno, el jueves. Nadie duda de que la formación de Ione Belarra sí es capaz de dejar caer esta reforma.
Socios como EH Bildu o ERC también presionan, y los republicanos no prevén desvelar sus cartas hasta esta misma mañana, cuando el partido decidirá oficialmente el sentido de su voto. Según las cifras de Hacienda, el gravamen temporal a los bancos ha permitido recaudar 1.695 millones sobre los beneficios de 2025, mientras que el impuesto a las energéticas supuso una inyección de 1.164 millones para las arcas del Estado.
Más allá de estas cuantías, son tributos fuertemente simbólicos, herencia de una legislatura en la que la izquierda sí pudo presumir de arrancarle algunas medidas de calado al PSOE. Asumir la renuncia a uno de ellos supondría un serio golpe para la izquierda, y en particular para Sumar.
La reducción de la jornada laboral
Con el escándalo que rodea a la dimisión de Íñigo Errejón, acusado de agresiones sexuales y otros comportamientos machistas, Sumar vive su peor crisis. Esta semana designó a su nueva portavoz, Verónica Martínez Barbero, y trabaja para intentar vender un cambio de etapa que le permita coger aire y empezar a recomponerse.
Díaz, volcada en todo lo que afecta a la protección de los derechos laborales ante la destrucción causada por la DANA, preveía oficializar este lunes que la carrera hacia la reducción de la jornada laboral entra en su recta final. Después de que la patronal se descolgara de este acuerdo, tras varios meses de negociaciones, la vicepresidenta segunda planeaba retomar las conversaciones con los sindicatos, si bien Trabajo comunicó el domingo que pospondrá este encuentro para centrar todos sus esfuerzos en afrontar las consecuencias de la DANA.
Cuando se retomen las conversaciones, los representantes de los trabajadores reclamarán a Trabajo que todos los incentivos ofrecidos a los empresarios en el marco del diálogo social queden fuera de la ecuación. La idea, compartida por el Ministerio y por los sindicatos, es que si la patronal quiere quedarse fuera del pacto, éste no incluirá las ventajas para las empresas que Díaz llegó a plantear en el marco de la negociación. Será un acuerdo bipartito, que después tendrá que aterrizarse a nivel legislativo.
Como Sánchez, la vicepresidenta segunda ha reconvertido su discurso y readaptado su agenda para centrarse en la situación en Valencia. A este trabajo orienta sus intervenciones públicas, evitando pisar otros terrenos. Si la destrucción de la DANA ha contribuido a orillar el caso Errejón, en el PSOE saben que ha hecho lo propio con el caso Koldo -incluyendo lo que afecta a la imputación del exministro José Luis Ábalos-. Han ganado tiempo, pero los problemas no han desaparecido.
Con todo, el asunto con el que realmente pisan a fondo el acelerador en el Ejecutivo tiene que ver con la elección de la nueva cúpula de RTVE. La segunda votación prevista para este fin (la primera fracasará) permitirá elegir a los nuevos consejeros, entre críticas de la oposición por los esfuerzos destinados por el Gobierno y sus aliados a lograr esta renovación en mitad de una catástrofe de primera magnitud.
La presidenta del Congreso, Francina Armengol, trasladó a todos los grupos, el jueves, que espera una rebaja de hostilidades, dada la situación en Valencia. Y pidió a estas fuerzas, incluyendo a Vox, que rebajen el tono de cara al pleno de esta semana. Vistos los asuntos a tratar, distintas fuentes parlamentarias sostienen que será difícil contentarla.