“Mucho amor, síntesis y política”. Es la receta que Yolanda Díaz ha vendido este martes, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, para explicar el acuerdo por el que las dos almas del Gobierno han enterrado el hacha de guerra en lo que a la reducción de la jornada laboral se refiere. “Pelillos a la mar”, que diría Carlos Cuerpo un día antes, en una entrevista en La Sexta.
En el camino, ha habido “nerviosismo”, reconocen en ambos lados, e incluso algunos dirigentes de Sumar han llegado a considerar que no valdría la pena seguir en el Ejecutivo si no lograban impulsar su medida estrella -ya están ampliando el horizonte con otras propuestas- para esta legislatura. “Hoy es un día en el que merece la pena formar parte del Gobierno de España”, aseguró la vicepresidenta.
Se trata de la batalla política de mayor envergadura que han librado el PSOE y Sumar esta legislatura, y alcanzó su máximo nivel de decibelios cuando Díaz deslizó que el ministro de Economía era “mala persona”. Los socialistas percibieron en ella cierta desesperación, un esfuerzo por sacar cabeza y por marcar perfil propio.
Desde la Vicepresidencia segunda insistieron y denunciaron el bloqueo de Economía, pero también de María Jesús Montero (Hacienda), para frenar la marcha de una medida a la que fían la recuperación del capital político de la vicepresidenta segunda, en horas bajas según todos los sondeos. En el lado socialista negaron la mayor.
Es la norma que más les costó introducir en el acuerdo de coalición, como aseguran a Artículo14 distintas partes presentes en la negociación. La que han logrado pactar con los sindicatos, después de que la patronal se retirara de las negociaciones. Y la que distintas encuestas sitúan como la más popular incluso entre quienes no votarían a Sumar ni al PSOE.
En principio, el pulso interno ha concluido, pero ahora se acelerarán los movimientos del Ejecutivo, los grupos parlamentarios aliados y los sindicatos, frente a la oposición y la patronal. Ninguno de estos actores es ajeno a esta medida, y todos maniobran en un sentido o en otro.
De hecho, PSOE y Sumar reconocen ya que es Junts per Cataluña el partido que puede suponer un verdadero escollo para esta norma. Hay grupos parlamentarios que reconocen haber mantenido conversaciones exploratorias sobre su apoyo a la reducción de jornada, otras que las niegan, y se da por hecho que la negociación permitirá recabar los apoyos de todos los grupos de izquierdas y del PNV, que ya se ha manifestado inicialmente favorable.
Se asumen posibles cambios en la redacción de la ley a su paso por el Parlamento, o correcciones menores antes de que vuelva al Consejo de Ministros en segunda vuelta, pero no grandes modificaciones. Y se señala al PP, cuyo voto a favor directamente garantizaría la viabilidad de la norma, y que hace escasos meses coqueteó con una fórmula similar.
Se puede erosionar a los conservadores, presionarles, pero “la clave es Junts”, como reconoce un dirigente de uno de los partidos del Gobierno. Por un lado, Díaz ha presionado públicamente al PP recordando su oposición a la reforma laboral (2021), y por otro su entorno reconoce dónde está la gran batalla.
Según su equipo, la vicepresidenta segunda tiene línea abierta con Carles Puigdemont, a quien ya fue a visitar hace año y medio para agilizar la negociación de la ley de amnistía. Han abordado esta y otras medidas en los últimos meses.
Públicamente, la referente de Sumar está apostando por seducir políticamente a Junts: “Me gustaría encontrarme” con “la Cataluña europeísta, avanzada, moderna”. También evita considerar las palabras de los independentistas catalanes, que han criticado esta medida y después matizado sus posiciones, como una amenaza: “Las formaciones políticas no amenazan, dialogan y negocian, y esto es lo que vamos a hacer”, zanjó este martes.
En privado, y ante las pegas de Junts, dirigentes de Sumar ponen sus propias trabas en otro frente: ante el pacto para delegar competencias en materia de gestion de la inmigración a Cataluña. El acuerdo entre el ala socialista del Ejecutivo y el partido de Puigdemont ya está muy avanzado, como informó este diario.
Desde las filas del socio minoritario advierten, no obstante, de que no apoyarán un acuerdo que vaya “en dirección xenófoba”. “En materia de inmigración va a haber debate, dependiendo de qué es lo que traigan”, aseguraron este martes fuentes de la dirección del grupo parlamentario.
Verían con buenos ojos el despliegue de los Mossos en las fronteras de Cataluña, pero no así un pacto con carácter “coercitivo”, ideado para que Junts saque cabeza ante la ultraderechista Aliança Catalana. “Competir con Aliança Catalana nunca es buena cosa”, alertan fuentes de la dirección.
Junts (y el Gobierno) necesitan ese acuerdo sobre competencias en materia migratoria, su exigencia previa a abordar la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2025, pero también el ala de Sumar (y la socialista) requieren de sus votos para la reducción de jornada.
Además de la reducción de la jornada máxima legal de 40 a 37.5 horas semanales (sin recorte salarial), el texto que ahora será objeto de informe por el Consejo de Estado o por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entre otros organismos, refuerza el derecho a la desconexión digital y reforma las obligaciones de las empresas en lo que toca al registro horario, un aspecto crucial para los sindicatos.
De cumplirse las previsiones de Cuerpo, el texto llegaría al Congreso en abril o mayo, con opción de ser aprobado antes de verano. El trámite urgente, sin embargo, establece que los informes deberán estar listos en menos de un mes, por lo que la norma podría llegar a la Cámara en marzo.
Los sindicatos, actores fundamentales
La negociación se ha prolongado durante 11 meses, y la patronal ha participado en las conversaciones hasta noviembre. Su decisión de levantarse de la mesa supuso que el Gobierno retirara los incentivos que había planteado, ideados fundamentalmente para facilitar la adaptación de pequeñas y medianas empresas. La CEOE advierte de que tratarán de convencer a los grupos para que voten en contra, y cifra en 23.000 millones el coste de esta medida para las empresas.
CCOO y UGT, que nunca se han levantado de la mesa de negociación, aluden a los 3.254 millones de euros en horas impagadas en 2024, el equivalente a casi 6 millones de horas sin pagar a la semana. Fuentes sindicales aseguran que no han vivido el “enfrentamiento” en el seno de la coalición, toda vez que desde el principio han tenido como único interlocutor al Ministerio de Díaz.
Tanto las centrales sindicales mayoritarias como el Ejecutivo hablan de una estrategia “dilatoria” por parte de la patronal, en la que no han encontrado verdadero interés por pactar esta norma -en su día Sánchez exigió contar con ellas-, y recuerdan que han trascendido sus reuniones con distintos partidos políticos para explicarles en qué consiste. Esos contactos se acelerarán, pero también vertebrarán sus presiones sobre la movilización social, con una primera convocatoria prevista para el 4 de marzo, en Barcelona.
Los sindicatos, como los partidos del Gobierno, apuestan fuerte por la norma. Como seguirá haciendo el partido minoritario de la coalición, que irá estrechando el círculo sobre los vínculos de Junts con la patronal catalana Foment del Treball, que ya ha rechazado la reducción de jornada.
La estrategia es multipista, entre Madrid y Barcelona (pasando por Bélgica, donde reside Puigdemont), porque saben que, si no convencen, si no ejercen la presión adecuada, Junts podría volar el texto pactado en el marco del diálogo social. Pero también asumen que, si se pasan de frenada, podrían lograr idéntico resultado.