El Congreso de los Diputados, en el cumpleaños de la Constitución, como lugar de encuentro de todos los españoles, incluso de los que están enfrentados y con causa pendiente en los tribunales. Álvaro García Ortiz a metros de Isabel Díaz Ayuso. Esto es, el primer fiscal general imputado de la historia compartiendo acto con la presidenta de la Comunidad de Madrid, pareja de quien le ha denunciado por, presuntamente, revelar sus datos fiscales. Tal carambola nos dejó el tradicional acto institucional de este viernes en la Cámara Baja.
Estuvieron cerca, pero no se saludaron. Preguntado por periodistas en los tradicionales corrillos, García Ortiz solo dejó caer una sonrisa. Pero trasmitió a la prensa su “absoluta tranquilidad” ante la evolución de caso y aseguró “encararlo con honestidad”. Admitió, eso sí, que se trata de “una situación compleja, no banal”.
Sobre la próxima testifical de Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Ayuso, el máximo responsable del ministerio fiscal no quiso comentar nada, pese a que fue su defensa quien la solicitó. Mientras, desde el Gobierno, el propio Pedro Sánchez volvió a respaldarle en otro corrillo con los periodistas. “No” se contempla su dimisión, subrayaron las fuentes consultadas.
El acto dejó otro momento relevante más con García Ortiz como protagonista. Aunque el PP ha pedido formalmente que se marche, Alberto Núñez Feijóo no dudó en saludarle. “Normalidad institucional”, sugirieron las fuentes consultadas.
El caso del fiscal general
García Ortiz hasta la fecha ha defendido que emitió una nota de prensa para desmentir un bulo al que contribuyó Rodríguez con la publicación de este tuit del 13 de marzo cuando saltan a la prensa los problemas fiscales de la pareja de Ayuso.
Resumen de la locura de hoy: la fiscalía ofrece por email un acuerdo al sr. González; antes de que pueda responder, las misma Fiscalía dice que ha recibido órdenes “de arriba” para que no haya acuerdo y, entonces, vayan a juicio.
— MÁR (@marodriguezb) March 13, 2024
Pero lo cierto es que el orden de los factores fue a la inversa. Desde la fiscalía emitieron una nota de prensa diciendo que fue el abogado de la pareja de Ayuso, Alberto González Amador quien ofreció un pacto fiscal al ministerio Público reconociendo los delitos con Hacienda cometidos. Eso motivó a González Amador a denunciar a la fiscalía por un delito de revelación de secretos y terminó por imputar a la cúspide de la institución, al fiscal general del Estado.
Sin embargo, el juez del Tribunal Supremo tiene una tarea ardua para determinar si fue el fiscal general el filtrador de esa información porque ni si quiera la fiscalía sabe cuánta gente tenía acceso a los datos íntimos de la pareja de Ayuso.
En un escrito remitido por el teniente fiscal al Alto Tribunal, se asegura que la información “fue cargada a una carpeta compartida a la que tenían acceso los 12 fiscales y 4 funcionarios de su sección”. Y no solo esas 16 personas tuvieron acceso a los datos fiscales de la pareja de Ayuso sino que “dado que tenían un excesivo volumen para su remisión por email fueron cargadas en una carpeta compartida de la web de la fiscalía provincial de Madrid a la que tenían acceso 499 personas (entre fiscales y funcionarios)”, asegura el escrito.
La filtración del caso de la filtración
Es habitual que en estos casos mediáticos se filtren los informes periciales de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil a la prensa. Si bien es ilegal y más aún cuando la causa se mantiene bajo secreto sumarial, como es el caso. Hace unos días la “participación preeminente” del fiscal general en la filtración de datos copó titulares en la prensa española. La filtración del informe motivó la queja de la Abogacía del Estado que ejerce la defensa de García Ortiz y el juez del Supremo aceptó que se investigara en los juzgados de Plaza Castilla la filtración del caso de la filtración de datos fiscales de la pareja de Ayuso.
La defensa de García Ortiz también acusó a la UCO de “irregularidades” y de vulnerar el derecho a defenderse porque aseguró el informe contiene “hasta 37 importantes irregularidades y omisiones”. Pero estas quejas el magistrado no las admitió: “No cabe formular reproche alguno al trabajo realizado por una unidad tan especializada y reconocida como es la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, sin perjuicio del derecho de la parte a su cuestionamiento”, concluyó en un auto Hurtado.